El 12 de julio del 2022 entró en vigencia la Ordenanza Municipal n°25.590, más conocida como aquella que regula la “Zona Roja” y establece los lugares y condiciones para el ejercicio del trabajo sexual en Mar del Plata.
Esta circunscribió aquella zona en la avenida 10 de Febrero desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay, en la zona sur de la ciudad y en una franja horaria que va desde las 22 hasta las 6 horas. A su vez fijó las penas con multas, con valores que van desde los $170 mil, y arrestos, de 5 a 30 días, para aquellos que incumplan la normativa.
Los primeros cinco artículos contemplan medidas de seguridad, aunque el sexto incorporó una serie de pautas a tener en cuenta en la implementación y ejecución del Programa, como el uso de lenguaje no sexista e inclusivo que respete la identidad de género y el nombre de pila declarado a la sola manifestación expresa por la persona. Además, la ordenanza declara la necesidad de capacitaciones en géneros y diversidad a quienes sean parte del desarrollo del programa y la intervención de distintas áreas del estado para incluir en programas de asistencia a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad.
En suma, la ordenanza contempla tanto medidas seguridad para los vecinos, como el respeto de la integridad de las trabajadoras sexuales y los derechos de las personas trans y travestis. Sin embargo, esto no sucede. “Es una ordenanza que se promulga con la intención de ordenar el espacio público, de controlar a la población trans y al mismo tiempo en su letra dice contemplar los derechos de este colectivo y de intentar garantizar mejores condiciones laborales, de vida. Eso es lo que no sucede, más bien es una ordenanza de seguridad para atender el reclamo de un sector que puede ser válido pero que no son los únicos ciudadanos que habitan esa zona”, declaró a PORTAL UNIVERSIDAD Estefanía Martynowskyi, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, becaria posdoctoral del CONICET y una de las impulsoras del trabajo “Informe sobre los efectos de la creación de una Zona Roja en Mar del Plata”.
Junto a Cristian Darouiche e Inés Pérez, integrantes del Grupo de Investigación sobre Cuestiones de Género, Sexualidades y Familia, trabajaron de manera colaborativa con mujeres trans-travestis integrantes de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y de MujeresTransmigrantes para relevar el impacto de esta ordenanza.
En ese relevamiento de las condiciones es que encontraron que la zona que fijó la ordenanza no se utiliza. “La zona que se designa, que se estableció a partir de la sanción de la ordenanza se hizo de manera arbitraria. El colectivo de mujeres trans pedía o solicitaba otra zona más cerca de donde ellas fueron expulsadas, donde no había frentistas, para evitar conflictos pero que era más cerca de donde ellas habitan”, explicó Martynowskyi. Las zonas que habían propuesto en el momento de discusión de la ordenanza fue el sector sin frentistas de la avenida Luro desde Chile hasta Tierra del Fuego.
Sin embargo, la zona terminó siendo por la avenida 10 de febrero, “las mandaron al lado del cementerio, que simbólicamente también es muy fuerte. Un lugar muy alejado del tejido urbano, con poco transporte, sin iluminación, sin pavimentación, donde no anda nadie”, dijo la investigadora, quién a su vez manifestó que esto generó dos consecuencias geográficas importantes: “La transformación de la geografía del comercio sexual en la ciudad generó que las mujeres trans que estaban en la zona de Luro entre Champagnat y Jara o migraran a la Ciudad de Buenos Aires, al barrio Constitución y que otras se fueron trasladando a distintas zonas más alejadas por la ruta, aún por la avenida Champagnat”.
“Las mandaron al lado del cementerio, que simbólicamente también es muy fuerte. Un lugar muy alejado del tejido urbano, con poco transporte, sin iluminación, sin pavimentación, donde no anda nadie.”
LAS CONSECUENCIAS.
Las consecuencias directas de la ordenanza se vieron en un mayor poder de discrecionalidad por parte de la policía y la patrulla municipal para intervenir sobre esa población.
Se realizaron encuestas a las referentas de los espacios que participaron en la confección del estudio, además de a 25 trabajadoras sexuales. “Lo que narran ellas en la encuesta es que vieron que se incrementó el control y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que no es algo nuevo. Hay una continuidad entre la violencia que ya ejercía la policía antes y la que se ejerce ahora. Lo que pasa que esto genera más discrecionalidad y las condiciones para que se genere más violencia”, explicó Martynowskyi.
“Lo que narran ellas en la encuesta es que vieron que se incrementó el control y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, que no es algo nuevo.”
La mayor cantidad de controles se puede observar numéricamente en distintos informes que produce la Secretaría de Seguridad Municipal, donde dan cuenta de las medidas que llevan a cabo a partir de distintas ordenanzas. “En esos informes lo que ellos registran es entre los meses de octubre del año pasado y abril de este año, es que se labraron 707 actas. En 6 meses es un número enorme. Eso da cuenta de que hubo un despliegue muy importante de control. Esto se marca como operativos estáticos y dinámicos en la zona. Además se detalla que hubo 34 detenciones y 177 denuncias en los primeros 3 meses por WhatsApp, lo que da cuenta de que hubo un incremento del control vecinal, no solamente el policial”, comentó la Doctora en Ciencias Sociales.
Martynowskyi comentó que si bien en los informes se da cuenta de esas actas que se labran, no se declara lo que sucede en los momentos donde eso sucede: “El hostigamiento en el momento donde son detenidas y requisadas no se tiene en cuenta. Muchas veces son maltratadas, llamadas no por su nombre auto percibido sino por los nombres asignados, o en masculino. Bueno habilitan a un montón de violencias que más que nada tienen que ver con ese hostigamiento policial en la calle”. Cabe destacar que en la ordenanza se contemplan medidas, anteriormente mencionadas, para que estas situaciones de violencia por género no sucedan, como la implementación de capacitaciones, que como manifiestan los investigadores a cabo del proyecto, “o no se hacen o no funcionan”.
“El hostigamiento en el momento donde son detenidas y requisadas no se tiene en cuenta. Muchas veces son maltratadas, llamadas no por su nombre auto percibido sino por los nombres asignados, o en masculino. Bueno habilitan a un montón de violencias que más que nada tienen que ver con ese hostigamiento policial en la calle.”
En ese sentido, el informe, mediante la recopilación de las respuestas de estos relevamientos busca exponer la violencia policial, la vulneración de derechos y el deterioro de las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales trans y travestis. Allí expone: “Se destacan las requisas humillantes en la vía pública, la extorsión, el pedido de coimas, el hostigamiento, la discriminación y los malos tratos, el acoso y el abuso sexual, el robo de pertenencias y la falsa imputación de delitos”.
El informe completo.
Aquellas personas que estuvieron detenidas sostuvieron “que el maltrato, la violencia y la discriminación son constantes y que se manifiestan en prácticas como las requisas corporales vejatorias, el aislamiento excesivo, la interrupción de los tratamientos hormonales, los obstáculos para el ingreso de ropas femeninas y maquillajes, las dificultades para acceder a una asistencia sanitaria adecuada y su consecuencia más perniciosa, la muerte evitable de reclusas con VIH-SIDA y/o tuberculosis”.
“El maltrato, la violencia y la discriminación son constantes y que se manifiestan en prácticas como las requisas corporales vejatorias, el aislamiento excesivo, la interrupción de los tratamientos hormonales, los obstáculos para el ingreso de ropas femeninas y maquillajes, las dificultades para acceder a una asistencia sanitaria adecuada y su consecuencia más perniciosa, la muerte evitable de reclusas con VIH-SIDA y/o tuberculosis.”
Pero los efectos se extienden en términos económicos, “transforman e impactan negativamente en la producción de su vida en término materiales”, comentó Martynowskyi y agregó: “Su economía no es solamente suya. La mitad de esas personas tiene otras personas a cargo. Un tercio conviven con niños o adultos mayores que dependen de sus ingresos. El trabajo sexual es el ingreso principal de la mayoría de estas personas. Por eso digo que cuando hablamos de los efectos materiales sobre sus vidas son sobre sus vidas y las personas que dependen de ellas”.
El informe lo refleja.
“Ganar menos y el tener menos clientes son las principales problemáticas referidas por las personas encuestadas como efecto de la implementación de la ordenanza Nº 25.590. En este sentido, 8 de cada 10 personas encuestadas indica que tiene dificultades para pagar el alquiler y para comprar alimentos. 7 de cada 10 indica que sus condiciones de trabajo empeoraron, que tienen que aceptar clientes o prácticas que consideran más riesgosas, y que tienen miedo de salir a trabajar. Los ingresos de prácticamente la totalidad de las personas encuestadas no alcanzan el monto del salario mínimo”.
Este grupo de población se encuentra en situaciones de alta vulnerabilidad. “No tienen acceso a programas sociales, en muchos casos no tienen sus DNI con su identidad de género auto percibida, lo cual habilita también a un montón de otras discriminaciones, o muchas veces no tienen los papeles migratorios en regla producto de esta persecución que sufren o la criminalización que sufren cuando están en la vía pública”, agregó.
“Entonces una ordenanza que debería servir para resolver un problema de convivencia termina profundizando los problemas de una parte de esa población. En síntesis, la entrada en vigencia de la ordenanza Nº 25.590 ha deteriorado las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales trans y travestis, sobre todo de las migrantes”.
El informe concluye.
“La sanción de la ordenanza Nº 25.590 y la creación de una Zona Roja en Mar del Plata ha tenido un impacto negativo sobre las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, especialmente de las mujeres trans y travestis, y de manera más aguda sobre las migrantes. No solo se ha incrementado la violencia que reciben de las fuerzas de seguridad, sino que han empeorado sustantivamente sus condiciones de vida puesto que el trabajo sexual es su principal fuente de ingresos. Esto impacta, a su vez, en las personas que dependen económicamente de ellas y que tienen a su cuidado. La ordenanza Nº 25.590 también restringe su derecho a circular por el espacio público, ya que, en el caso de las mujeres trans y travestis, su sola presencia en la calle es motivo para que la policía las detenga, por la presunción de que estarían ofreciendo servicios sexuales. La revisión de la ordenanza resulta urgente. Consideramos que es indispensable abrir el diálogo democrático sobre el comercio sexual callejero incluyendo a las trabajadoras sexuales para la elaboración de políticas públicas para el sector”.
Martynowskyi explicó que, si bien este fue un informe realizado de manera colaborativa y para las organizaciones, “nosotras se lo cedemos, queda en sus manos poder también demandar y tocar puertas y nosotras vamos a estar acompañando. Pero me parece que el lugar protagónico en esta demanda es de las organizaciones, con el apoyo obviamente de todas las que estamos viendo el problema que genera esta política pública. Esperamos que les abran puertas”.
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