Ayer en otro lugar emblemático de la ciudad, la loma de Colón y la última intersección semaforizada de la avenida con la calle Güemes, estuvimos nuevamente a un paso de otra tragedia vial.
Coincidió con el anuncio y la venta mediática de los operativos de un plan integral de seguridad vial, una promoción destinada a recuperar la iniciativa perdida en la materia, por el gobierno municipal de Guillermo Montenegro.
No es más que copiar y pegar la aplicación de un decreto (ver ilustración) de 2017, implementado por el gobierno del ex intendente Carlos Fernando Arroyo.
¡¡¡Dos años para copiar y pegar!!! En la previa de la decisión política errática y mal tomada por Montenegro, hubo advertencias, sugerencias, pedidos de informes y generalizadas quejas vecinales, dando cuenta que el problema se había ido de las manos. Un fiscal, la ONG de Víctimas del Delito y Accidentes de Tránsito y el Defensor del Pueblo, doctor Fernando Rizzi, también activaron el despertador.
El acceso a la responsabilidad del ordenamiento del tránsito, quedó en manos de Sofía Pomponio, quien no ha cumplido con el mínimo de edad para ser senadora provincial, era la cuarta en la lista. No llegó a los 30 años y es una barrera legal, quedó afuera y la ubicaron al toque.
Traduciéndolo tiene un exceso de banca política, si consideramos que su misión es harto compleja y plagada de todas las irregularidades que ostenta el área cuyo celo abriga el Sindicato de Trabajadores Municipales. Inspección de Tránsito es una importante caja de recaudación. No es un dato menor
Es que la MGP y el STM han cerrado un acuerdo salarial que consiste en un aumento real del 50 % sobre la inflación calculada para 2021: es decir el 25 % de recuperación de bolsillo, frente al 52 % que cerrará el último día del año. Esto significará un extraordinario ajuste estimado en alrededor de $ 3.000.000.000.- en un presupuesto exhausto al borde del agotamiento.
Hay una trastienda que ubicada en el contexto preciso y adecuado nos dice que: En las últimas semanas nuestra ciudad, ha sido tristemente noticia a nivel nacional por los sucesivos accidentes de tránsitos de gran espectacularidad, como por ejemplo: la reiterada caída de autos desde el Boulevard Marítimo hacia la zonas de rocas de Playa Chica.
No le fue en zaga la espectacular colisión del pasado jueves 18 de noviembre, en la curva de Cabo Corrientes, en la que un vehículo conducido por un joven alcoholizado oriundo de Berazategui y filmado por su acompañante, exponían imprudentemente su vida y la de los demás, exhibiendo el descontrol que existe en un sector tan transitado de la ciudad.
Aunque ello no sea lo único ha ocurrido, en estos dos años, en materia de siniestros viales que malogran la vida y la salud psicofísica de nuestros vecinos, y este medio ya se ha ocupado en gran medida de la temática, es habitual anoticiarse de la colisión de motos que circulan a grandes velocidades por distintas calles y avenidas con desenlaces fatales para sus conductores.
Desde la asunción del actual intendente Guillermo Tristán Montenegro, se viene advirtiendo un constante incremento de los accidentes de tránsito en la planta urbana del Partido de General Pueyrredon.
Al mismo tiempo es notorio la carencia de operatividad de la Dirección Municipal de Tránsito en la planificación de tareas de prevención y control. La mentada reestructuración es ganar tiempo para el “vamos viendo”.
El fiscal Rodolfo Moure, dijo sin rodeos es necesaria la intervención de efectivos del Operativo Sol, para atender una temporada que se presume exitosa y tendrá un parque de 1.000.000 de rodados durante enero.
En ese punto, se conoce en ámbitos municipales que pese a haber aumentado el gasto en horas extras al personal de tránsito, no hay ni por asomo gestión que demuestre que esa erogación tiene un destino provechoso para la comunidad.
La coyuntura ha sido propicia para la promoción de Pomponio, que deberá lidiar sólo para ganar injerencia, tras el lanzamiento de la nueva División Tránsito, ya que ni los funcionarios a cargo ni el propio intendente, quien se había mostrado relativamente interesado en la dependencia. La misma que debe ser la primera en prevenir accidentes, y tiene escasa o tirando a nula coordinación con la ANSV o su similar de la Provincia.
Para salir del brete y disimular la inacción en materia de tareas en Tránsito Municipal, donde ni siquiera se conoce el estado de los veinte alcoholímetros recibidos al asumir Montenegro el gobierno comunal, se está analizando por estas horas, como Plan B, llevar al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia en el tránsito.
Es ir por más, una declaración de emergencia daría como resultado controles más laxos a una formidable fuente de financiación municipal y de la política, otra especialidad del PRO. El colapso provoca las emergencias y las prórrogas donde siempre hay beneficiarios (ver Ciageser)
Como se hiciera con la Seguridad Ciudadana, que había sido mejorada en la gestión del ex intendente Arroyo, al bajarse drásticamente los índices delictivos en la ciudad habidos hasta fines del año 2015 y pese a que el actual intendente usó al supuesto conocimiento en esta materia como una bandera de su campaña electoral de 2019.
Lo mismo ocurrió con la operación del predio de Disposición Final de Residuos, que tenía un proyecto de complejo ambiental en el predio, derivado de la operatoria mediante convenio con la empresa estatal CEAMSE y que incluía a la Secretaría de Salud cumpliendo una campaña de vacunación inédita para ese sector de la sociedad marplatense.
En este contexto, se conoció también que la concejal Paula Mantero pidió la declaración de emergencia de los refugios peatonales del transporte público de pasajeros, cuya financiación indirecta es a través de las pantallas de publicidad sobre cuya explotación está interesado un influyente de la políticas, José “Pepe” Albistur.
No extrañaría que Montenegro en un futuro, pida declarar en emergencia toda su gestión de gobierno, a la que atiende de modo part-time, ya que a la sobreactuación permanente, agrega las relaciones con sectores de poder que ocupan más tiempo que las mínimas tareas comunales, dedicadas a las necesidades básicas de los vecinos.
Y ahora viene la temporada alta, con un exigente protocolo de invitaciones que en exceso se vuelven incompatibles, con la calidad e intensidad en la gestión pública que pagan los contribuyentes.
Jorge Elías Gómez
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