En este tren de conductas las pérdidas directas e indirectas resultan descomunales, pero no es la peor noticia. Se pierden plazas y se camina hacia la extinción de Mar del Plata como destino balneario predilecto, mientras que por otro lado se pregona la Mar del Plata de los 12 meses.
El daño que han producido en algunos casos es irreparable, como irrecuperable es una tradición que durante décadas ha construido Mar del Plata en su conjunto. Actúa como un faro, como un polo de atracción que genera mano de obra, pero hay resultados inversos, que hay que lamentar.
Habría que preguntarse por qué los efectos multiplicadores de industrias como la construcción, la pesca, el turismo, textil, frutihortícola, el puerto, etc., tienen a Mar del Plata postrada, a merced de salteadores de turno que actúan con el ejercicio de la violencia y cuentan con evidente protección política y judicial.
Es gigantesco y sepulcral el silencio de los sectores sociales, empresarios, judiciales, gremiales y políticos, comprometidos con esta actualidad. Lo ocurrido en Perla Norte, y otros similares, no fueron un hecho más ni anecdóticos, sino lo peor que le ha ocurrido a la sociedad marplatense.
En las últimas horas, un informe producido por el periodista Carlos Walker, consigna que durante los hechos vandálicos sucedidos en el Balneario Perla Norte, se pudieron identificar a empleados que revistan dentro del plantel de personal, como asesores de concejales del Frente de Todos.
Si bien hubo una cuestión de forma, repudiando lo acontecido por el HCD, no obsta que exista honda preocupación por la seguridad jurídica de las concesiones y del futuro de las inversiones en el sector, que constituye la mayor atracción de la ciudad: su costa y sus playas.
La pandemia se arregla con un barbijo, aislamiento, distanciamiento, protocolos, mientras se espera la vacuna. La destrucción de los balnearios no tiene cura, forma parte de una cultura terminal.
Hay quienes han desertado de su descanso en Mar del Plata, nadie llega a una ciudad con problemas en épocas de vacaciones.
Ya los concesionarios de balnearios terminaron mal la temporada 2019/20, los fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa, quedaron dentro de la cuarentena, cuando esperaban otro cierre con plena actividad.
El Estado, representado por la Nación, la Provincia y la MGP, siguieron cobrando tributos, impuestos, cánones, los concesionarios no tuvieron forma de compensar esos desembolsos a pesar del inédito fenómeno del COVID 19. El Estado fue implacable para recaudar.
Nos consta ahora, que se peleó para recuperar la actividad, con la activación de protocolos, diligencias administrativas, trámites burocráticos que demandan inversiones, recursos y fondos extraordinarios, que multiplican costos que encima no estaban previstos.
Castigada por la desocupación y la pobreza, Mar del Plata sufre la caída de actividades producto de la pandemia y una cuarentena considerada como la más larga del mundo. El turismo en la ciudad genera decenas de miles de puestos de trabajo.
La Capital Turística de la Argentina, exhibe consecuencias que contribuyen a la desaparición de miles de puestos de trabajo, en gastronomía, hotelería y servicios turísticos anexos, incluyéndose teatros, artistas callejeros y espectáculos a la gorra.
No sólo debería preocupar al sector turístico la violencia de los distintos grupos, todos minoritarios pero ruidosos por la violencia en su discurso y en los hechos, que están destruyendo la industria del turismo.
Lo hacen en defensa de una supuesta violación al espacio de playa frente a los balnearios, que brindan distintos servicios que compiten en calidad y que captan a quienes a vacacionan en nuestra ciudad (sin ir al exterior) en búsqueda de tranquilidad y disfrute.
Desde el punto de vista legal, consultados distintos operadores turísticos, todos exhibieron contratos de concesión pública o privados, de acuerdo a que el propietario de la tierra, o bien sea el Estado o algún particular, como ocurre en algunos casos.
Por cuanto desde ese punto de vista, los activistas violentos no tendrían derecho alguno a reclamar más que el frente de cada balneario.
¿Qué sucede con ese frente? Sabido es que el Estado hace más de 30 años, no realiza obras de defensa costera de importancia, a los fines de no perder superficie de sus playas.
Es una tarea de costos elevados y que está a cargo únicamente el Estado, que figura en sus presupuestos anuales de obras públicas. No lo hace, como tantas otras obligaciones a su cargo que no ejecuta, en Salud, Educación, Seguridad, etc.
La deserción del Estado, que lleva décadas, hizo crecer el número de educación privada, de clínicas privadas, de seguridad privada y de balnearios privados, es debido a la mala gestión del Estado, que provoca además una doble/triple imposición al contribuyente. El famosos costo argentino de sostener el déficit, la madre de todos los problemas de la economía argentina.
Por ello, las empresas que han invertido en sus balnearios realizando obras millonarias, teniendo en cuenta una ecuación económica equis, al no recibir las obras que debe efectuar el Estado, se quedan sin arena en los frentes, debiendo armar sus carpas cada vez más arriba, y allí se produce el conflicto con quienes pretenden asentarse en la arena.
Estos grupos no distinguen esta situación. Son violentos e ignoran la legitimidad de quienes han invertido y explotan lícitamente un balneario.
Nadie interpela si los clientes que disfrutan estos espacios y que no conciben la playa pública como la pretenden los violentos, estarían dispuestos a resignar los espacios privados que proporcionan servicios y seguridad.
Efectuada una encuesta por este tema, su resultado fue claro. Los clientes (turistas y vecinos) que acceden a esa prestación de servicios, no quieren disfrutar de la playa sin estas prestaciones. Menos aún, que sea el estado el que preste el servicio, porque cómo en tantos temas no es creíble.
Y así, cuando mundialmente se disfrutan de espacios con prestaciones de servicios privadas, con o sin carpas, como pueden ser cadenas internacionales de hoteles en Centroamérica, Italia, España, en nuestra costa 50 personas destrozan un balneario en la zona norte, incendian otro en la zona sur, rompen, molestan y destratan.
Es evidente que predominó claramente la oculta y mala intención hacia quienes desde hace más de 30 o 40 años prestan un servicio que permiten recaudar tanto a Nación, Provincia y Municipalidad, millones de pesos.
Es un fenómeno político, pretender utilizar este tema enfrentando a la sociedad, completamente ignorante de esta situación, para generar otro conflicto local y pagar costos políticos a la autoridad municipal de turno.
¿Quiénes destruyen? Por qué destruyen en vez de generar carriles de diálogo e informarse que ningún establecimiento de explotación de balnearios es ilegal o ilegítimo.
Quién está detrás de estos movimientos para generar destrozos, y quizás en 3 o 4 años, quitarle la concesión a quienes invirtieron para dársela a algún Cristóbal López o Lázaro Báez de Mar del Plata.
Por qué el municipio no muestra más firmeza, habla de su debilidad política, no hay un pronunciamiento y línea de acción clara, en cuanto a estos temas centrales que alejan al turismo de manera exponencial.
Quién apoya a grupos violentos que son quienes realmente ocupan lugares o espacios, los destrozan, los pintan, como plazas y paseos públicos etc. como un emprendimiento, anclado en el Sur sin permiso alguno.
Varios interrogantes se nos presentan en esta discusión. Y seguramente como en otras, perderán trabajadores, inversores y turistas que pretenden servicios de calidad y lo buscan en nuestra ciudad.
No es todo público ni todo privado. El Estado no actúa en forma clara, defendiendo a quienes generan puestos de empleo e invierten en nuestra ciudad.
Están logrando destruir las fuentes de empleo, que generan recursos e increíblemente sirven para bancar a grupos anti sistema, a través de un diversificado sistema de financiación de planes sociales, que muchas veces son la mano de obra de estos hechos vandálicos.
¿Serán la versión marplatense de los casos como Dolores Etchevehere/Grabois, Guernica y grupos autodenominados mapuches en el Sur?
Jorge Elías Gómez
Cuando los partido políticos, tengan que publicar quiénes acompañan sus campañas con inversión. Cuando los políticos manifiesten que utilizan comodidades veraniegas pagando las mismas de sus bolsillos, cuándo se realicen inspecciones acordé con la servidumbre de paso por marea, cuándo el concesionario de playa se deba a una o podría ser dos licitaciones ganadas y no a un pulpo abarcativo de varios sectores de playa, cuándo se piense no solo en un usuario placentero sino con posibilidades de mejorar su servicio de seguridad. Entonces comenzaré a creer, mientras tanto apoyo a la ONG Por más Playas Públicas, eso sí sin violencia.