Luego de casi nueve meses sin turismo por las medidas aplicadas para combatir la pandemia de coronavirus, Mar del Plata ingresó a comienzos de diciembre en temporada y comenzó a recibir visitantes. Una situación que fue recibida por los comerciantes como una bendición, pero también como una responsabilidad ya que los ojos del país estarán posados sobre la ciudad: ¿Cómo reaccionarán los turistas a los protocolos? ¿Se cumplirá con los cuidados sanitarios? ¿Se dará un rebrote en medio del verano y habrá que tirar todo para atrás?
Lo cierto es que esta centralidad que obtuvo la ciudad, por ser el mayor centro turístico veraniego del país, genera una necesaria tensión puesto que el mínimo episodio que ocurra será amplificado de una manera inusitada. De hecho, la ciudad ya atravesó en pocas semanas una serie de episodios entre curiosos y sospechosos, que muestran además las diversas internas que se dan al aprovechar el centro de la escena y buscar connotar algo con dudosa intención.
Ya en noviembre tuvimos el primer incidente. El domingo 16 un grupo de militantes en favor de la playa pública se dirigió hasta el balneario “Perla Norte” para denunciar los escasos metros de playa que quedan para la gente que no alquila sombra. Sin embargo, lo que era una movilización pacífica se convirtió en un episodio violentísimo, con la llegada de agrupaciones que responden a algunos partidos de izquierda.
Caras arrancadas, incontables daños en la infraestructura fue el saldo de daños que quedó en el lugar, antes que llegara la Policía y se desbaratara la situación. Rápidamente los funcionarios de la Municipalidad y el propio intendente, Guillermo Montenegro, salió en defensa del empresario, dueño del balneario. Así, un reclamo justo y necesario, se manchó con las peores armas de la política.
Ya en plena temporada, durante el fin de semana largo del 8 de diciembre, se dio el incidente que todos esperaban: una fiesta excedida en cantidad de personas. Fueron varios meses sin actividad en boliches y bares, por lo que evidentemente muchos estaban con ganas de bailar y bailar. Ocurrió en el Balneario 12 de Punta Mogotes. Claro, no tomaron en cuenta los protocolos sanitarios, y la falta de barbijos y distanciamiento era moneda corriente.
La “fiesta” podría haber pasado desapercibida de no ser por los habituales narcisistas que gozan de filmarse constantemente. Y los videos con la muchedumbre danzando al borde de la pileta no tardaron en inundar las redes. Otra vez la Municipalidad atajando problemas: se le exigió al consorcio que controla Mogotes que aplique las sanciones que correspondan. De todos modos, queda en evidencia que no se puede apelar a la conciencia ciudadana y hay que reforzar los controles, si no se quiere dar una imagen de ciudad descontrolada ante los medios nacionales.
Pero el fin de semana largo guardaría otro escándalo. Un equipo del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) clausuró un bar por vender pintas de cerveza que excedían las medidas permitidas por ese organizamos: 350 ml contra los 500 ml que tenían los vasos allanados. Luego de un año de escasa actividad comercial, con empresarios gastronómicos que tuvieron que hacerse cargo de múltiples gastos, entre ellos impuestos con los que los gobiernos no tuvieron contemplaciones, clausurar un bar por una diferencia de 150 ml parece un chiste, y encima malo.
La sobreactuación del REBA, a lo que hay que sumarle la presencia de varios patrulleros que actuaron en el lugar, también deja ver cierto tironeo entre la Provincia y la Municipalidad. Si desde el gobierno de Kicillof buscan incomodar a la gestión Montenegro, las autoridades locales hicieron notar su decisión de defender al empresario y exigir algo de laxitud en el marco de un año muy difícil para lo comercial.
Y si la polémica es por el control en el consumo de alcohol y los cuidados que se deben tener para evitar accidentes de tránsito, lo cierto es que los controles de alcoholemia brillan por su ausencia en la ciudad. Días atrás se anunció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial pondría en marcha un plan simultáneo en todo el país, considerado como el primero de esa magnitud a nivel nacional.
Sin embargo Verónica Borelli, madre de Lucía Bernaola, aseguró en declaraciones a los medios que en la ciudad no hay controles de alcoholemia. Y la denuncia la hizo mientras participaba de una manifestación por la muerte de Emiliano Vidal, quien casualmente fue atropellado días atrás por un conductor alcoholizado.
Y mientras todo esto sucede, algunos comerciantes gastronómicos de la ciudad quieren recuperar en algunas semanas lo perdido en todos estos meses. Y por ejemplo una parrilla de la zona de Güemes que el 5 de noviembre pasado cobraba el cubierto de un mayor a 820 pesos, el 6 de diciembre brindaba el mismo servicio por 1.250 pesos. Un aumento del 50% en un mes. ¿A eso se le llama cuidar al cliente?
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