Después del revuelo que produjo la revelación de la “vacunación vip”, y que previamente se hicieran públicas serias irregularidades en la aplicación de la vacuna en Comodoro Rivadavia, Comandante Luis Piedrabuena, San Nicolás y Chivilcoy, donde no sólo desaparecieron dosis sino que se inocularon jóvenes de entre 18 y 30 años, los ojos se posaron sobre la provincia de Buenos Aires. Y la mirada se desvió a Mar del Plata, tercer distrito electoral bonaerense, y donde un ayudante Fiscal solicitó recientemente que se investigue la posible inclusión indebida de personas en la vacunación contra el covid.
De acuerdo a tres fuentes distintas, se pudo constatar la existencia de dos listados con más de 5000 nombres que fueron inmunizados con la Sputnik V en el distrito, algunos de los cuales quizá no deberían haber sido incluidos. En el fondo, subyace la discusión sobre el término utilizado por el Gobierno de “personal estratégico”.
En el “Plan Estratégico contra la COVID-19 en la República Argentina”, diseñado por el Ministerio de Salud por entonces a cargo de Ginés González García a través de la Resolución 2883, se determina que “la población priorizada” será “adultos mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo”. Justamente, la inclusión de personal estratégico es la que genera mayores discusiones. Tras la salida de Ginés, la nueva Ministro de Salud, Carla Vizzoti, redefinió el concepto, afirmando que ingresan dentro de esa categoría aquellos “funcionarios que desarrollen gestiones necesarias y relevantes para el adecuado funcionamiento del Estado”. Demasiado ambiguo.
En función de ello, algunos nombres controvertidos en Mar del Plata son:
Fernando Mogni, Director del PAMI local, 39 años, emparentado familiarmente con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, inoculado con la primera dosis en la sede de la institución el 2 de febrero como Personal de Salud.
Santiago González, Licenciado en Psicología y Director Regional de IOMA, hombre del riñón de Raverta, vacunado en el Hospital Interzonal (HIGA) con ambas dosis, el 18 de enero y el 13 de febrero, también como Personal de Salud. 53 años.
Guillermo Nicora, Fiscal de la Justicia Ordinaria, integrante de Justicia Legítima, inoculado con las dos dosis en el Interzonal el 26 de enero y el 20 de febrero. Aunque es Fiscal, fue anotado como Personal de Salud.
Facundo “Apache” Villalba, Secretario Gremial CTA Mar del Plata, incripto como Personal de Salud, 32 años, recibió las dosis en el HIGA el 14 de enero y el 5 de febrero. Ferviente defensor del Presidente Alberto Fernández
Diego Lencinas, también de la CTA, 44 años, anotado como Personal de Salud, vacunado en el Interzonal el 18 de enero y el 12 de febrero
Carmen Segarra, hermana de la ex diputada K Adela Segarra, inscripta como Personas de 60 o más años (tiene 64), inoculada con la primera dosis el 8 de febrero en el HIGA.
También aparece el caso de Tobías Balcedo, de apenas 19 años, vacunado en el Hospital Houssay el 19 de enero y el 11 de febrero como Personal de Salud. Y el de Milagros Bensa, de 18 años, inoculada el 8 de febrero en el Interzonal como Personal de Salud, militante de Fernanda Raverta. En su cuenta de Twitter, le dio rt a un llamativo tweet del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán: “Inmunizar a quienes trabajan en los Centros de Telemedicina sirve para que no se caiga la estratégica atención a distancia”.
Así mismo, en el listado figura la Secretaria de Salud del Gobierno local de Guillermo Montenegro, Viviana Bernabei, que fue vacunada en el HIGA el 27 de enero y el 19 de febrero. Aunque este caso bien podría tratarse de personal estratégico por el cargo que ocupa, no deja de ser curioso que su vacunación no haya tomado estado público.
Como se señaló anteriormente, el pasado 22 de febrero, el Ayudante Fiscal Javier Pettigiani, representante del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata una denuncia penal solicitando que se informe adecuadamente y en detalle la cantidad y la identidad de las personas vacunadas contra el coronavirus en el Distrito. Los destinatarios del petitorio son la Región Sanitaria VIII y el PAMI local. Según pudo saber este medio, el Fiscal General del Distrito, Fabián Farnández Garello, se pondrá al frente del reclamo.
En la ciudad balnearia no se cuenta con información pública sobre la cantidad exacta de dosis arribadas. De acuerdo a una reconstrucción hecha en base a recortes periodísticos, llegaron 4 tandas: el 29 de diciembre, fueron 900; el 11 de enero, 1350; el 18 de febrero, 3000, y el 23 del mismo mes, otras 3000 de la Covishield. En total serían 8250 vacunas.
Tanto el IOMA como el PAMI, que son manejados a nivel nacional por Homero Giles y Luana Volnovich, respectivamente, ambos pertenecientes a “La Cámpora”, controlan la campaña de vacunación en Mar del Plata.
La primera tiene a su cargo la organización de la inoculación para docentes y policías, para lo cual está prevista la apertura de tres sedes: el centro de salud del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba); la seccional local de Suteba, y la sede del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
En su momento, el Ministerio de Salud había definido un orden de prioridad para inocular a la población: personal de salud (763.000 personas); adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos y luego adultos mayores de 60 años (estos grupos suman unas 7.375.000 personas); personal de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad (unos 500.000) y de servicios penitenciarios; adultos de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabéticos, con obesidad grado 2 y 3 (IMC mayor a 40), enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias crónicas, que son unas 5.653.000 personas; personal de los niveles educativos inicial, primario y secundario (1.300.000 trabajadores); y finalmente otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, que pertenezcan a pueblos originarios, presas y migrantes.
La denuncia del Dr. Pettigiani afirma que, de comprobarse la inclusión indebida de personas en la vacunación, “se estaría malversando un recurso público y escaso, impidiendo que las personas consideradas de mayor riesgo puedan vacunarse”, lo que entraría en abierta violación con los artículos 248, 260 y 261 del Código Penal Argentino.
El art. 160 señala que “será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”. Por su parte, el 161 afirma que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
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@portaluppipablo
Con este hecho que fue común en todo el país para mi queda demostrado, que todos son iguales tanto de un lado como del otro y que no pidan pruebas. Y siempre el pueblo es el perjudicado,a pocos minutos de la capital del país sin agua, ni cloacas, ni viviendas y últimamente hasta sin seguridad y el mayor foco infeccioso urbano, el Riachuelo bien gracias.
Prefiero morir de Covid antes que darme la vacuna por izquierda. Dignidad se llama y es una virtud escasa.
Para nada me sorprende, más si en los listados estén los KK, rellenado con peronistas No Republicanos, que son casi KK. Pobre Patria mía con los KK.