El reloj marcaba las 8.09 del martes y mientras que el sol se asomaba el ex jefe comunal Gustavo Arnaldo Pulti, acompañado de su abogado Carlos Andreucci, se hizo presente en la Fiscalía 10 de Delitos Económicos donde deberá prestar declaración indagatoria acusado de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes del funcionario público.
Un madrugador Pulti se topó con la guardia periodística de mdphoy.com donde luego de saludar a los cronistas, y consultado sobre su presencia ante la Justicia aseguró que “Está todo bien”.
Acto seguido, ante el requerimiento de este medio agregó: “no podemos decir más nada, gracias”.
Cabe destacar que tres ex funcionarios del gobierno saliente: Mariano Pérez Rojas, Daniel Pérez y Santiago Fernández, deberán hacer lo propio en la misma Fiscalía este miércoles, el jueves 23 y el viernes 24 respectivamente.
Los tres hechos que más complican a Gustavo Pulti
Los mismos se vinculan a la organización conjunta entre el municipio y la Asociación Civil de Desarrollo Estratégico, presidida a la sazón el secretario de Desarrollo Productivo Mariano Pérez Rojas, de las tres ediciones de la Expoindustria 2012, 2013 y 2015. Pudiéndose establecer la coautoría del ex intendente con el ex responsable de las finanzas Santiago Fernández y con Pérez Rojas “de acuerdo a un plan previo y a los roles que cada uno de ellos ocupaba en la estructura jerárquica municipal, en una serie de actos en violación a los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones, con el objeto de organizar un evento multitudinario que originó ingresos y gastos sin cumplir con las normas que regulan la contratación directa, el concurso de precios y las licitaciones”.
Concluido el primer evento, “Gustavo Pulti y Santiago Fernández en el marco del expediente administrativo Nro. 112115 impulsado por la Secretaría de Economía y Hacienda, emitieron el decreto 2054 mediante el cual se le otorgó a la Asociación Civil que presidía Mariano Pérez Rojas, la suma de $800.000 en carácter de subsidio y posteriormente el día 29 de octubre de 2012, sin existir a esa fecha rendición de cuentas de los ingresos obtenidos, los mismos funcionarios justificándose en un error involuntario, dictaron un nuevo decreto, el Nro. 2351, y dispusieron discrecionalmente que el importe del subsidio ascendía a la suma de $2.000.000″.
Tras el segundo de los eventos, los mismos funcionarios en el marco del expediente administrativo Nro.117539 impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo, “emitieron el decreto 2063 mediante el cual se le otorgó a la Asociación Civil la suma de $2.500.00 en carácter de subsidio, y tres meses después de concluido el mismo, sin existir rendición de cuentas de los ingresos obtenidos ante una nueva nota presentada por la Asociación que presidía uno de ellos, emitieron el decreto 2790 mediante el cual se le otorgó a la Asociación Civil, la suma adicional de $ 800.000, también en carácter de subsidio”.
A posteriori, señalan los fiscales, Pérez Rojas “alegando desinterés de parte de la contaduría municipal en los ingresos y egresos generados por la Exposición, ordenó el archivo del expediente administrativo sin exigir como funcionario, ni cumplir como presidente de la Asociación con las correspondientes rendiciones de cuentas de ingresos y gastos”.
Según lo acreditado en la resolución de la Fiscalía, Pulti y Mariano Pérez Rojas “en el marco del expediente administrativo Nro. 21/7 impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo dictaron el decreto 369/15, mediante el cual se le otorgó a la Asociación Civil la suma de $ 5.500.000 en carácter de subsidio, el cual fue abonado en tres cuotas, pese a las observaciones formuladas por el contador General de la Municipalidad en cuanto a que las órdenes de pago vinculadas al subsidio se encontraban en contradicción con los arts. 151 de la LOM, 134 del RC, y 40/41 del Dec. 2980/00”.
Como corolario, los fiscales Berlingeri, Bruna y Pizzo resaltaron que “los fondos recaudados por la comercialización (en los tres eventos) no ingresaron en el patrimonio municipal sino que fueron percibidos directamente por la Asociación. Y las contrataciones necesarias para infraestructura y desarrollo de la Exposición fueron realizadas sin ningún tipo de control municipal, pese a que todos los funcionarios comunales mencionados sabían que el erario público financiaría finalmente los costos de manera directa mediante un subsidio destinado a instrumentar legalmente tal decisión, porque ello formaba parte del acuerdo primigenio con la Agencia”.
Cabe resaltar que de acuerdo a la consulta efectuada por mdphoy.com al Asesor legal del interbloque Cambiemos, Fernando Herrera, “en el caso que se llegue a comprobar que con el tema de la Expoindustria benefició a terceros, la condena puede llegar a 10 años de prisión. Porque una cosa es cambiar de destino una partida y otra es beneficiar a terceros”.
Finalmente, Herrera sentenció que a estos delictuales “probablemente se acumule uno más, que sería el de falsedad de instrumento público, ya que el ex intendente manipuló decretos y cuentas bancarias”.
