Ciudad

Un freno que no permite el desarrollo de 500 unidades de vivienda

 

Un problema que excede a Mar del Plata y sufren varias ciudades de la Provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el contrasentido de frenar por razones administrativas y burocráticas, emprendimientos de mediana envergadura pero que sin embargo solucionan varios de los delicados problemas que azotan la ciudad, como la desocupación, la vivienda, la actividad económica y la creación de miles de horas hombre de trabajo en la industria de la construcción. La falta de autonomía municipal atada a decisiones de otros ámbitos políticos.

Al respecto Gustavo A. Crego sostiene: Cómo entender despolíticas del estado, que retardan y disminuyen inversiones, construcciones, mano de obra y reactivación de la economía.

Y considera:

Ya lo leímos en algún medio local y llama poderosamente la atención que la provincia a través de su oficina de Dirección de Tierras, demore innecesariamente el otorgamiento de los certificados de pre factibilidad de por lo menos tres barrios privados, que ya cuentan con todos los requisitos exigidos, con tramitaciones iniciadas antes del 2019, con todos los recaudos cumplidos y que aún no tienen resolución. Estamos hablando de por lo menos 700 lotes en condiciones de edificar; si construyeran la mitad de esos lotes, es decir 350, y pensáramos en 200 metros cuadrados por lote, estamos hablando de una reactivación de la construcción de 70.000 metros cuadrados a construir; mano de obra, materiales, sabiendo que la construcción es una de los resortes de la economía que más gremios y actividades aglomera.

Pero el análisis no debe quedar en la reactivación económica; si al administrador del estado le interesara y fuera capaz de analizar estas coyunturas; debería pensar que cuanto antes habilite y flexibilice la inversión, antes tendrá 700 cuentas nuevas de impuestos inmobiliarios. Estamos hablando que el promedio de metros de construcción a realizar superaría un treinta por ciento aproximadamente de lo que ha sido este año. No creo que esta época nos podamos dar el lujo de desestimar este polo de trabajo e inversión. Es inentendible que la provincia no se de cuenta de esto, o bien dándose cuenta utiliza esta demora para que pague injustamente el costo la municipalidad, que a la postre es de otro color político. Esta debe ser la única explicación; nos consta el esfuerzo denodado de los responsables de la Municipalidad para destrabar este tema.

Si pensáramos como funcionarios divorciados de intencionalidades políticas o colores partidarios no dudaríamos en optimizar estas inversiones; mas contribuyentes pagando impuestos, tasas y contribuciones, y en este caso además cobrando una tasa, como por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza que no lo hará el estado, pues la hace el barrio y no tiene costo para la municipalidad; una seguridad que es privada, que le saca el peso a la municipalidad y a la provincia y en fin retazamos el crecimientos y privamos de fuentes de trabajo en momento cruciales para poner en marcha las diferentes manos de obras.

Siempre y rimbombantemente, aparece antes del verano Un mega operativo en algún barrio o country donde rentas de la Provincia de Buenos Aires, denuncia inmuebles sin declarar; absurdo, primero por qué en uno de estos emprendimientos no se puede construir si no es bajo la fiscalización primera de las autoridades del barrio; segundo, por qué las mismas autoridades no autorizan sin plano municipal aprobado y derechos pagos que se construya; así pues que la Provincia si quisiera tendría más de un camino para cumplir con su poder de policía y hacer incorporar cuanto antes la construcción a sus impuestos; podría pedir informes a las administraciones de los Barrios o bien a las Municipalidades.- Parece que la ineptitud de la Provincia o su criterio político, sólo le sirve para hacer estas denuncias y tratar de hacer ver que velan por el cumplimiento de las exigencias.- Saquemos nuestras conclusiones. Pregonar con el ejemplo, no con la palabra.

Lo que verdaderamente importa es que la autonomía municipal debería comprender la libre autorización de estos desarrollos, siempre obviamente con la acreditación de las reparticiones que deben entender, como vialidad, autoridad del agua, Impacto ambiental, etc.; pero de ninguna manera entrar en una puja política que premie o castigue según el color político.

Asumamos responsabilidades y no nos callemos

 

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