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Uber y Cabify, entre la competencia desleal y la inacción del Estado.

El taxi es  considerado un medio de transporte público y como tal, su actividad se encuentra regulada por el  Estado para la protección de los usuarios.

Desde el punto de vista económico, protege al usuario al fijar las tarifas.

La regulación también abarca otras medidas  que, tienen que ver con la seguridad de las personas que utilizan el servicio .  Entre ellas, la exigencia de carnet profesional al chofer del vehiculo. que incluye la solicitud de un certificado de antecedentes penales para verificar que el mismo no  haya cometidos delitos culposos o dolosos por el uso de un vehículo automotor y el cumplimiento de una serie de medidas de seguridad e  higiene que implican un alto costo.

Además,  cada vehículo  debe contratar   un seguro de  responsibilidad civil que incluya el  transporte de pasajeros para  indemnizar los daños  en caso de un accidente de tránsito.  Desde el punto de vista legal,  el transporte de personas a cambio de un precio debe declararse a la compañía de seguros para que  la misma pueda evaluar el riego y fijar la prima (precio) del seguro , de lo contrario podría alegar la exclusión de cobertura.

De acuerdo al PRINCIPIO DE REALIDAD, Uber y Cabify  prestan el mismo servicio que un taxi, transportan pasajeros a cambio de un precio, Este servicio se ofrece  al público a través de una aplicación móvil, pero a diferencia de los taxis , e incluimos a los remises , no se encuentran sometidos a una cantidad de regulaciones  impuestas por el  Estado que generan un costo que desencadena en  una situación de competencia desleal  en desmedro de la seguridad de los pasajeros.

En CABA, estas empresas penetraron en el mercado ganando el mismo a través de tarifas iniciales bajas, provocando que la flota de taxis existentes se redujera de 40.000 a 10.000  vehículos, y una vez alcanzado el monopolio del servicio imponer tarifas  que en horario pico superan a las  fijadas por los taxis.

Es la inacción del Estado , la que permite el funcionamiento de este servicio ofrecido a través de aplicaciones móviles, el mismo  Estado que exige el cumplimiento de un sinnúmero de regulaciones a aquellos  que se manejan dentro de la legalidad.

 

 

 

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