La aseveración apareció casi de soslayo, perdido en un océano de palabras, en un artículo del matutino “La Capital”, el cual se cita textual:
“Muy pocos médicos cargan los datos en el SISA. Si tenés en cuenta que ante un caso detectado en una unidad familiar se considera que también pueden haberse contagiado los contactos estrechos, que tampoco se cargan en el SISA, al igual, claro está, que los asintomáticos, muchos coinciden en señalar que hay que multiplicar por diez los números oficiales para acercarse a la realidad”.
En dicha línea, también se afirmaba que “especialistas de la salud de este distrito, reconocen que la cifra diaria oficial de contagios lejos está de reflejar la situación que se está viviendo en General Pueyrredón. “En Mar del Plata debemos estar en los 2.000 contagios por día”.
En otras palabras, y a pesar de haber pasado casi desapercibido, de este modo se estaría responsabilizando nada menos que a los médicos del subregistro de casos de coronavirus, que mdphoy viene remarcando hace meses, lo que implicaría un grave delito en perjuicio de la sociedad. Además, la pregunta surge de inmediato: ¿Realmente hay 2.000 casos por día en Mar del Plata?
“Esto es una gran mentira. Echarle la culpa a los médicos es indignante”, señala un reconocido galeno de la ciudad quien pidió preservar su identidad. “El problema es que no se testea, la Municipalidad de General Pueyrredón decidió no registrar casos. De 11 Centros de Hisopados que prometió el Intendente, sólo hay 2. Eso lo sabemos todos”, asegura con enojo.
Los datos le dan la razón. Al 3 de febrero, se llevan realizados en el distrito desde el comienzo de la pandemia 75.954 hisopados, lo que arroja un promedio diario de aproximadamente 245 testeos. Sobre un total de 700.000 habitantes, representa una cifra casi irrisoria, apenas casi el 11% de su población. Los números son peores si se los compara con la ciudad de Buenos Aires: desde marzo pasado, fueron realizados en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta más de 1.250.000 hisopados, lo que representa más de un 40% de sus habitantes, con un índice de positividad acumulado del 28,5%. Mar del Plata, por su parte, posee un 55% de positividad: 39.774 casos, según la Sala de Situación del Ministerio de Salud. A menor cantidad de testeo, mayor positividad.
Tal vez sea momento de asumir la verdad de una vez por todas. Atravesando la peor temporada de la historia, y con índices económicos alarmantes, la solución menos adecuada ante tal panorama sería esconder la realidad. Y no sólo este concepto aplica al gobierno de Guillermo Montenegro, sino también a los medios que por diferentes circunstancias no ejercen como debieran el verdadero y único rol del periodismo: ser fiscales del poder, incomodarlo con sus artículos e investigaciones, decir aquello que se quiere ocultar. En vez de ello, por momentos parecen hacer lo contrario.
“Es evidente que se decidió no hablar. Somos todos cómplices, ni siquiera el Colegio de Médicos ha sentado una posición respecto a los hisopados, a la pandemia, a las políticas sanitarias. Y acá están los resultados, estamos ciegos y llegando al otoño con un piso demasiado alto de contagios”, grafica el médico consultado. Tampoco se salva la administración de Axel Kicillof: la Unidad Sanitaria prometida para la temporada, aún no se inauguró. O para la vacunación: se habla de su instrumentación, apuntando a una épica poco creíble, cuando ni siquiera hay vacunas.
La información clara y precisa desde un primer momento brilló por su ausencia en General Pueyrredón. El acceso a la información pública es un derecho que tiene la persona a solicitar, acceder y recibir información por parte de los tres poderes del Estado y distintos organismos. Es una herramienta de rendición de cuentas que fomenta la participación ciudadana y permite conocer las decisiones gubernamentales en asuntos fundamentales como la educación, la seguridad, la salud o la vivienda.
Como sociedad, no ejercemos ese derecho. Se prefiere, muchas veces, y ante la necesidad del bolsillo, no mirar, no hablar, no escuchar. Y optar por creer datos falsos, o peor aún, incompletos. No se sabe, por ejemplo, cuál es el porcentaje de ocupación de camas en Mar del Plata. Los partes nocturnos sólo informan números absolutos de camas de terapia intensiva, tanto de covid como de otras patologías. Pero nada dice sobre porcentaje ocupado y mucho menos sobre la ocupación de otras camas. Y a lo único que lleva esta imprecisión es a la confusión. En las últimas horas, por ejemplo, una de las más importantes clínicas de la ciudad colgó un cartel en su ingreso que decía: “Sin disponibilidad de camas de internación”. ¿Cuál es la realidad sanitaria del distrito?
El asunto se torna aún más espinoso cuando se recuerda que la Administración del ex candidato a Intendente de San Isidro decidió recortar un 17% el presupuesto de la Secretaría de Salud, o cuando los 32 Centros de Atención Primaria, especialmente los de la periferia, apenas funcionan. “La pandemia se combate desde el primer nivel de atención, no desde los hospitales”, remata el médico.
Un abogado especializado en Salud Pública, consultado al respecto de lo publicado por La Capital, señaló que para que haya delito, él mismo debe estar tipificado. “Lo primero que hay que hacer es buscar el daño, que en este caso sería el de no cargar los datos al SISA por parte de los médicos, que implicaría que el Estado no puede implementar las políticas adecuadas”, explica el letrado. Y continúa: “No es sencillo encararlo como un delito. Se parece más a un intento por parte del mismo Estado por expiar culpas”.
El artículo 202 del Código Penal señala que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Y el 203 afirma: “Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años”.
“Para la existencia de un delito contra la salud pública es indispensable la existencia de un peligro común para las personas”, indica la jurisprudencia. Quizá la falta de información lo sea.
Pablo Portaluppi
