El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Mar del Plata realizó este martes por la tarde el acto central en conmemoración por el Día del Abogado, a cumplirse cada 29 de agosto. Organizado conjuntamente con la Facultad de Derecho de la UNMDP, tuvo lugar en el Auditorio del Museo Mar, Av. Félix U. Camet y López de Gomara donde se entregaron medallas a quienes cumplieron 50 y 30 años de egresados.
Fue presidido por el titular de la institución Dr. Fabián Gerardo Portillo, quien estuvo en el estrado acompañado por los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo: la vicepresidente Dra. Marina Sánchez Herrero quien además es secretaria de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNMDP, el secretario Dr. Guillermo Golmar; el tesorero Dr. Luis Serna y los consejeros Dra. Paula Bracciale, Dr. Martín Castañeda y Dr. Pablo Villegas. Asimismo, al ser un acto en conjunto con la Facultad de Derecho de la UNMDP, estuvieron presentes la decana de la Facultad Dra. María del Carmen Ortega; la vice decana Dra. Silvia Berardo y el secretario Académico de la Facultad de Derecho de la UNMDP Dr. Guillermo Lorenzo.
Los discursos estuvieron a cargo de los doctores Portillo, Sánchez Herrero y Ortega y de representantes de los profesionales homenajeados: el Dr. Julio Héctor Almada lo hizo de parte de quienes cumplieron 50 años de graduados y el Dr. Eduardo Gambini de parte de quienes cumplieron 30 en ejercicio.
Como broche de oro final actuó el Coro del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que dirige el maestro Marcelo Sanjurjo.
Las actividades continuarán el miércoles a las 12.30 con la matriculación de nuevos colegiados y la entrega de diplomas a consultores del Consultorio Jurídico Gratuito en el salón de actos del Colegio, Alte. Brown 1958.
El jueves a las 18 en el mismo lugar tendrá lugar la charla sobre “El proyecto de Reformas de la Ley 8904 y las incumbencias profesionales”, a cargo del Dr. José Botteri y a las 19 el Dr. Marcelo Gaspani se referirá a “Reciprocidad jubilatoria ¿Es incompatible el doble beneficio para los abogados en contraposición con el principio de beneficio único?”.
Para el viernes a las 21 está prevista la Fiesta Día del Abogado en el salón ubicado en Quintana 3471.
Por último, el domingo a las 10 en la Parroquia San Carlos Av. Juan B. Justo 2098 con la misa en homenaje a los abogados fallecidos.
Discurso del presidente del Colegio de Abogados Fabián Portillo
“Estamos reunidos para celebrar nuestro día, aprovecho la ocasión para hacerles llegar estas palabras, palabras que saben a logros por las metas alcanzadas, y también, porque no reconocer, cierto dolor por los problemas padecidos en este último año y que son de público conocimiento.
Por otra parte, anunció que “la labor colegial no es sencilla, pero desde mi primer día como Presidente del Colegio, he tenido la firme convicción que lo fundamental es estar al lado del colega, escuchar sus problemas e intentar brindar soluciones.
Esas inquietudes e inconvenientes, en estos tiempos cada vez son mayores, los abogados estamos en una etapa en la que el ejercicio de nuestra profesión demanda una constante capacitación y para ello, resulta vital la acción coordinada de todos los órganos representativos de la colegiación legal, para encontrar los caminos y herramientas más adecuadas para superar esos escollos y llegar a los colegas con respuestas y en tiempo oportuno.
Es en ese plan de acción que ha trazado nuestro Colegio, entiendo ha resultado positivo el balance de las gestiones efectuadas, las cuales siempre han tenido en miras la defensa del ejercicio profesional e intentar mejorar la calidad del servicio de justicia, como así también que los colegiados puedan utilizar más y mejores servicios dentro y fuera de nuestra sede social.
En cuanto al ejercicio profesional y la necesidad de obtener asesoramiento y capacitación para el importante cambio que significó la puesta en marcha del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, considero que los colegas se han adaptado, en su gran mayoría, a esta nueva modalidad.
Ha resultado positiva su implementación y desde el Consejo Directivo continuaremos realizando charlas de capacitación y talleres prácticos para que los colegas puedan evacuar sus dudas.
En ese mismo sentido, hemos suscripto un Convenio de Colaboración con el Director Provincial del Registro de las Personas, para que los abogados puedan gestionar la expedición y entrega de certificados y partidas, en la sede de nuestro Colegio, servicio que esperamos esté en funcionamiento próximamente.
Con la finalidad de ampliar las fuentes de trabajo, en este último año, pusimos en funcionamiento el sistema de asistencia jurídica gratuita a trabajadores (sistema AJUTRA) lo que permite a los particulares poder solicitar asesoramiento en asuntos relativos al Derecho del Trabajo.
Asimismo, se abrió el listado de colegas especializados para actuar como Abogados del Niño, brindándose próximamente un nuevo curso de capacitación en el Colegio, el cual fue aprobado por el Ministerio de Justicia Provincial.
Conforme la manda impuesta por la Ley 5177, resulta vital, que como Colegio, defendamos la retribución por nuestra tarea profesional, y es por ello, que respecto del cobro de honorarios por la actuación de colegas en el sistema de Reparación Histórica de ANSES, hemos fijado posición de que los letrados que intervienen en dichas actuaciones, tienen derecho a percibir honorarios de los beneficiarios previsionales. A su vez hemos accionado contra la normativa de los honorarios fijados por la ANSES, ya que resultan inconstitucionales, indignos e irrisorios, razón por la cual se han promovido las acciones legales pertinentes a través del Colegio de Abogados Provincial.
Con activa participación de nuestros representantes en la Comisión de Honorarios, luego de una ardua tarea, se obtuvo la media sanción a la reforma a la ley de honorarios en el Senado, resultando vital y necesaria la aprobación de la citada reforma, ya que la normativa aún vigente, ha quedado absolutamente desactualizada.
Estimados colegas, lamentablemente hay inconvenientes que se encuentran fuera del alcance de acción de los Colegios de Abogados, y específicamente me refiero a que éste 2017, ha sido muy difícil, lo sabemos. Hemos sido golpeados, una vez más, por la lucha salarial de los empleados judiciales, lo cual ha determinado gran cantidad de jornadas con un servicio de justicia acotado, que no ha respondido en lo más mínimo la demanda que la sociedad tiene, y que ha repercutido negativamente en la realidad económica de los abogados.
Lejos estoy de efectuar reproche alguno a los trabajadores y su legítimo derecho de reclamar, pero resulta vital poner un coto a estos conflictos que se suceden año tras año, que afectan principalmente a los ciudadanos y a los auxiliares de justicia. Es hora de que una vez por todas, las autoridades políticas correspondientes se anticipen al problema, comiencen a negociar con la debida anticipación y evitar así toda afectación al servicio de justicia.
Esa mora judicial, hace que abogados y ciudadanos, sufran en carne propia la lentitud en la tramitación de los juicios, considero que una justicia lenta no es justicia, algo que llega tardíamente difícilmente pueda reparar en forma adecuada el daño causado o satisfacer las pretensiones de quien acude a la justicia en busca de respuestas.
Este déficit afecta directamente el derecho de los clientes y frustran las legítimas expectativas de los abogados, lesionando la dignidad y el decoro del ejercicio de la abogacía, lo que repercute en el justiciable, en la medida en que se retarda la respuesta a sus reclamos, en muchos casos con negativas consecuencias patrimoniales, con créditos que se actualizan con tasas de interés pasivas, que la inflación termina por consumir.
La gran mayoría de los magistrados de nuestro Departamento Judicial es renuente a aplicar la tasa contemplada en el art. 54 de la Ley 8904, amparándose en el fallo “Isla” del Alto Tribunal Provincial.
Esa tasa pasiva que aplican casi sistemáticamente, resulta violatoria de la Constitución Nacional, en tanto no sólo no alcanza a reparar el daño moratorio, sino que ni siquiera mantiene el valor del crédito alimentario que los honorarios representan. Dicho fallo resulta agraviante a las garantías asignadas por la Constitución Nacional, al trabajo personal, a la igualdad y a la propiedad.
Cabe destacar que no sólo se afecta de manera directa y flagrante la retribución profesional, sino también, el patrimonio de la Caja de Previsión Social para Abogados y, consecuentemente, se verá perjudicada nuestra jubilación futura y los haberes y beneficios que hoy perciben los abogados en pasividad y prestaciones de los que estamos en actividad.
El daño es actual y futuro…
La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso y el crédito por honorarios profesionales comporta una prestación de tipo alimentaria y, en este sentido, no difieren, en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia.
Lamentablemente, lo que sí difiere, es que mientras los asalariados poseen paritarias anuales que determinan la actualización de sus haberes, los abogados debemos, en primer término, obtener el cliente, luchar contra la morosidad crónica del Poder Judicial y luego, cuando no nos pagan, soportar que se actualice nuestro crédito a tasas pasivas, lo cual entiendo resulta totalmente injusto.
Quienes integran el Poder Judicial, en caso de haber ejercido un tiempo la profesión liberal o simplemente con tener amigos o familiares que sean abogados de la matrícula, seguramente conocen las circunstancias por las que atraviesan los abogados día tras día, por lo que entiendo, que el hecho de formar parte del sistema judicial -quizá privilegiado en el aspecto económico -, por una cuestión de solidaridad, no deberían abstraerse de la realidad que hoy atraviesan quienes somos sus colegas.
Es por ello que los magistrados, encargados de valorar pecuniariamente nuestro trabajo en base a la normativa vigente, al momento de analizar cuestiones de trascendencia -como la tasa aplicable-, deben tener presente y no olvidar los conceptos vertidos por el Dr. Carlos Fayt en su publicación de LA LEY ACTUALIDAD del año 1990, donde dijo:
La profesión legal tiene la jerarquía de un verdadero ministerio público, cuya independencia y libertad aseguran su fuerza y garantizan su virtud. Los abogados no pueden desinteresarse de la grandeza de la magistratura, como tampoco a ésta serle indiferente la suerte de la abogacía.
Por último, agradezco la colaboración de los colegas que se han acercado a participar activamente en las comisiones internas de Consejo Directivo tales como son la Comisión de Incumbencias Profesionales y de Administración de Justicia, y asimismo, aprovecho la oportunidad para expresar mi beneplácito de realizar este acto conjuntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional a cuyas autoridades y a todos los aquí presentes les deseo un muy feliz día del abogado”.
