Convocada para las 11, la reunión de labor parlamentaria en la Legislatura comenzó pasadas las 13. En menos de 20 minutos los diputados se pusieron de acuerdo y acordaron sesionar a las 16, pero todo comenzó a las 16:39 con la presencia de 56 legisladores. Luego se completó la Cámara. No hubo cambios en la presidencia, cuestión que quedó para una hipotética sesión el 19 de diciembre.
Al comienzo de la reunión parlamentaria se aprobó la renuncia del diputado de la Izquierda, Guillermo Kane, y juró el nuevo legislador del sector, Guillermo Pacagnini, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y dirigente de la CICOP. Este movimiento está enmarcado en la rotación de bancas que el bloque realiza el bloque.
En la sesión estaba prevista tratar un proyecto enviado por el Ejecutivo en marzo de este año y descansaba de manera placentera en las comisiones. Se trata de la Creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, un viejo anhelo del gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
Finalmente se le dio media sanción, a pesar de que en la reunión de comisiones conjuntas (Salud Pública, Legislación General y Presupuesto e Impuestos) que se realizó el último día hábil del periodo de sesiones ordinarias la oposición no votó el dictamen, el oficialismo sacó el despacho favorable y no necesitó de los dos tercios para su aprobación. Unión por la Patria tuvo el acompañamiento de los bloques Unión, Renovación y Fe (en su totalidad) y parte del bloque Acuerdo Cívico-UCR-GEN (votaron a favor Natalia Dziakowski y Pablo Dominichini, los demás integrantes del bloque votaron de manera negativa), quienes en un principio habían sido críticos en la metodología con la cual se presentó el proyecto, pero terminaron votando favorablemente por la incorporación de modificaciones.
¿DE QUÉ SE TRATA EL CENTRO DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA?
El proyecto de Ley consiste, principalmente, en crear la SAPEM cuyos objetivos son, entre otros, investigar, desarrollar, producir y fasonear; importar y exportar; comprar, vender y distribuir; y comercializar los siguientes productos:
Vacunas, insumos, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos domisanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud.
Entre los medios para lograr ese objetivo se encuentra el de celebrar todo tipo de contratos con entidades públicas o privadas, incluidos contratos de fasoneo y contrataciones interadministrativas, sin la necesidad de autorización del Poder Ejecutivo.
ESTADO PARLAMENTARIO PARA LA LEY DE JUBILACIONES DEL BAPRO
En la sesión de este jueves se le dio estado parlamentario al proyecto para modificar la Ley Jubilatoria de los empelados del BAPRO que venía con media sanción desde Senadores. La Ley quedará modificada en la próxima sesión del 19 de diciembre y se va a retrotraer lo aprobado en 2017 que, entre otras cosas, aumentaba la edad jubilatoria de las empleadas del Banco Provincia a los 65 años de edad.
La iniciativa propone la modificación del artículo número 41 de la Ley 15.008, que establecía que los haberes de las prestaciones eran móviles. Las mismas se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la LN 26.417.
A su vez contempla la ampliación del aporte de las personas afiliadas activas (hasta el 16%) y pasivas (hasta el 12%) y de las contribuciones obligatorias del Banco de la Provincia de Buenos Aires (hasta el 21%), entre otras cuestiones que fueron establecidas por un proyecto María Eugenia Vidal cuando era gobernadora.
PROYECTO DE LA CÁMPORA CONTRA LOS CORTES DE SUMINISTROS A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO
El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, impulsó un proyecto para que instituciones no padezcan cortes de suministros por parte de las empresas prestatarias.
Según consta en el proyecto, quedaría prohibido el corte o interrupción del suministro a asociaciones civiles sin fines de lucro, los municipios y sus dependencias, los establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública provincial y municipal.
Por otro lado, las empresas prestadoras de servicios deberán otorgar a los sujetos comprendidos planes de pago en cuotas mensuales con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y saldar sus deudas.
CAMBIOS EN EL REGIMEN DE DEUDORES ALIMENTARIOS
El proyecto de ley de la senadora Sofía Vannelli , que tenía media sanción del Senado, modifica el Código Procesal Civil y Comercial otorgando herramientas para facilitar el cobro de la cuota alimentaria para quienes están a cargo de hogares monomarentales.
Establece alternativas para que los jueces y juezas puedan agilizar el proceso, reducir costos procesales y efectivizar el cobro de la cuota alimentaria. Se incorpora el índice de crianza para determinar los montos, se categoriza la deuda para reclamar el cobro urgente, se incluye la notificación por medios telemáticos, prevé plazos para la respuesta ante la prueba de informe, establece que los alimentos provisorios debe determinarse desde el principio, altas multas cuando no van a las audiencias, un límite de cinco días para las sentencias y la actualización de costos que estarán a cargo de los demandados.
Según se explicó “ordena algo que está sumamente desordenado” del Código Civil y Comercial para que el proceso sea “más dinámico y se eviten obstáculos para que el camino procesal sea más fácil de transitar”. Y especificaron que en la provincia de Buenos Aires el incumplimiento es del 66 por ciento y se trata de “una forma de violencia y coerción contra las mujeres”.
En los palcos se pudo ver una nutrida concurrencia de mujeres del Frente Renovador de Vicente López, a Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual y a Malena Galmarini celebrando esta aprobación impulsada por la senadora Vanelli, del Frente Renovador.
REFORMAS AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
El proyecto de Ley, elaborado por los tres poderes del Estado, busca regularizar la ejecución de aquellas condenas o medidas cautelares impuestas a jóvenes punibles por delitos cuya comisión o presunción de comisión haya ocurrido antes de alcanzar la mayoría de edad.
Junto a estas reformas se busca desarrollar medidas educativas y laborales que eviten la reincidencia y logren la reinserción de los jóvenes.