Tras la feria judicial, el abogado Marcelo Peña realizará una ampliación de un recurso para que se profundice la investigación contra Scioli por enriquecimiento ilícito. En paralelo, el fiscal Álvaro Garganta da pasos firmes ante las denuncias de corrupción presentadas por Elisa Carrió
El exgobernador Daniel Scioli podría seguir los mismos pasos que Cristina Kirchner y terminar procesado por diversos escándalos de corrupción que se registraron durante su gestión en la Provincia. Eso no es todo: también está avanzando la causa por enriquecimiento ilícito que fue reabierta luego de un sobreseimiento exprés que fue dictado durante la campaña electoral del año pasado.
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En las próximas semanas, el abogado Marcelo Peña ampliará un recurso ante el Tribunal de Casación para que se profundice y se mantenga abierta la causa contra Scioli por supuesto enriquecimiento ilícito. En el planteo, el apoderado del partido Es Posible en la Provincia de Buenos Aires intentará demostrar por qué el juez Pablo Raele no debió sobreseer al exmandatario bonaerense. Se espera que, cuando finalice la feria judicial, la sala I del Tribunal de Casación provincial, integrado por los magistrados Daniel Alfredo Carral y Ricardo Maidana, termine de notificar a las partes el planteo realizado por el letrado. Luego, Peña podrá extender los argumentos en la causa.
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Además, el abogado ya pidió los oficios de solicitud para aportar nombres de empresarios vinculados en la maniobra de supuesto enriquecimiento ilícito. “Lo solicité como medida preliminar y, en el momento en que me den la fecha de ampliación del memorial, ahí presentaré (los nombres) como una prueba suplementaria más de elementos que nunca fueron agregados para concluir el sobreseimiento”, explicó Peña en diálogo con Hoy.
Cierre y apertura
Sorpresivamente, en octubre de 2015, días antes de las elecciones presidenciales, el juez de Garantías Pablo Raele sobreseyó a Scioli, al parecer, sin haber ordenado previamente un peritaje contable que determinara su evolución patrimonial. Como si esto fuera poco, el fiscal Jorge Paolini no apeló la resolución de magistrado.
“El fallo es una burrada. De su misma declaración jurada surge que (Scioli) no puede justificar lo que declaró de patrimonio actual”, advirtió Jorge Vitale, otro abogado que había presentado una denuncia similar contra el exmandatario provincial. Agregó: “El fallo carece de fundamento jurídico. El juez no puede dejar sin efecto la denuncia sin haber tenido en cuenta todos los elementos de investigación que se habían solicitado. Por lo menos, debió haber analizado los oficios de los registros de la propiedad inmueble y de la Inspección General de Justicia”.
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En rigor, las sospechas sobre el patrimonio del exmotonauta se fundamentan en que pasó de declarar un patrimonio negativo de $45.273 en 2005, a informar $13,6 millones en 2014, en la primera declaración jurada que difundió en ocho años, el 21 de agosto de 2015. A ello se le suma que muchos de sus bienes aparecen con valores irrisorios y hay sospechas de que existiría una red de testaferros.
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Las críticas también fueron para el fiscal, que no apeló la resolución del magistrado. Quien presentó el recurso fue Marcelo Peña, pero la sala IV, integrada por los jueces Carlos Argüero, Carlos Silva Acevedo y María Riusech, lo rechazaron. Ante esa negativa, el letrado interpuso un recurso de casación en abril último, el cual fue aceptado.
“Buscaron que la sociedad pague los costos de un manejo fraudulento como si nada hubiera pasado, cuando la sociedad no debe permitir que en un debido proceso legal se obtenga provecho de un fraude o ilícito”, sostuvo Peña en su escrito.
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A principios de junio pasado, la diputada Elisa Carrió hizo lo propio y presentó dos denuncias contra el exgobernador: una por enriquecimiento ilícito y otra por lavado de dinero y fraude a la administración pública. “Denuncié a Scioli y a sus testaferros en una fiscalía en la ciudad de La Plata, calladamente. Detectamos campos, bienes. Estamos muy cerca de todo”, se despachó la líder de la CC-ARI.
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La investigación, que se encuentra en manos del fiscal Álvaro Garganta, también alcanza al fiscal Paolini y a dos integrantes del Gabinete del exmandatario provincial: Alberto Pérez y Guillermo Scarella. Para evitar que la causa quede en la nada, la legisladora le habría sugerido a Garganta que el caso no sea girado a Delitos Complejos, ya que “estas fiscalías manejan con total discrecionalidad la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos, siendo la actual procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, la máxima responsable estos procederes”.
Los escándalos que complican al ex gobernador
-Un abogado denunció que en la declaración jurada se evidencia que Scioli no puede justificar su patrimonio, que aumentó un 1.000% en siete años. A su vez, la propiedad donde vive Scioli, Villa La Ñata, fue cotizada en poco más de $2 millones. Este valor está muy por debajo de la cotización de mercado para una propiedad de 13.050 metros cuadrados en la orilla del Río Luján. También declaró una lancha por el insólito valor de $1.279,28
Las megadenuncias de Carrió
-Contratación fraudulenta de personal en la construcción del Puerto La Plata
-Estafas y sobreprecios en el IOMA
-Irregularidades en la expropiación de la cooperativa Wasserman, por la que se pagaron más de $100 millones cuando había sido tasada en menos de $20 millones
-Lilita denunció que el expresidente de ABSA, Guillermo Scarcella, habría sido uno de sus recaudadores de la campaña electoral y podría ser un prestanombres del exgobernador
-Acusó al jefe de Gabinete, Alberto Pérez, por irregularidades de las partidas presupuestarias. Habría funcionado como caja la Dirección Provincial de Subsidios, donde podría haberse desviado plata a través de cooperativas truchas.
– A través de la Tesorería de Jefatura de Gabinete se habría sacado el dinero en efectivo, a los fines de hacer falsos eventos donde facturaban proveedores que no habían realizado prestaciones o sobrefacturaban.
