El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, avanzó en la contratación de un préstamo de mil millones de pesos con el Banco Provincia. Este préstamo, promovido bajo la justificación de obras de infraestructura y adquisición de equipamiento hospitalario, compromete los fondos municipales a través de una garantía que incluye la coparticipación impositiva.
La solicitud oficial, presentada el 21 de agosto de 2024 por el Secretario de Hacienda, Juan Luis Sanguinetti, establece un período de gracia de un año y una tasa fija de 43% anual, condiciones que, aunque se promocionan como “ventajosas”, resultan alarmantes en un escenario donde el país enfrenta tasas de interés elevadísimas y una economía al borde del colapso. El préstamo, con un esquema de amortización alemán de pagos mensuales, dejará atado a San Isidro a una deuda que se extenderá por 48 meses, obligando al municipio a destinar una parte significativa de sus ingresos para cubrir intereses y amortizaciones.
Funcionarios
Este proyecto de financiamiento fue avalado y gestionado por funcionarios como Jonathan Rajchel, tesorero de San Isidro, quienes, junto con el propio Sanguinetti, firmaron los documentos y expusieron los términos del préstamo en las misivas dirigidas al intendente Lanús.
Además, el Subsecretario de Legal y Técnica, Matías Pérez Alati Brea, remitió el proyecto a la Dirección de Despacho y Legislación, dando continuidad a un expediente que no solo implica comprometer al municipio, sino también sujetarlo a la aprobación final del Ministerio de Economía provincial y del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes deben evaluar la viabilidad financiera del acuerdo.
La naturaleza de esta deuda plantea serios cuestionamientos. En primer lugar, el compromiso de fondos provenientes de la coparticipación municipal —garantía primaria del préstamo— significa que, ante cualquier dificultad financiera, los ingresos que sostienen servicios básicos de la comunidad estarían en juego. Peor aún, en caso de insuficiencia de esos recursos, el municipio cedería derechos sobre su recaudación de tasas, una medida que reduce la capacidad de acción en áreas esenciales.
El expediente también revela un proceso burocrático largo y cuestionable, que incluye desde la autorización preliminar del Concejo Deliberante hasta la intervención del Banco Central y el Ministerio de Economía. Sin embargo, los fundamentos de la ordenanza preparatoria, aprobada por el propio Lanús y sus colaboradores, no explican con claridad cómo se financiarán las futuras cuotas del préstamo en un municipio que, como muchos otros en Argentina, enfrenta ya un déficit operativo.
El proyecto de ordenanza, firmado por Sanguinetti y Pérez Alati Brea, plantea un compromiso que excede la capacidad de repago municipal sin ofrecer soluciones efectivas de largo plazo.