La polémica desatada por las salidas de Eduardo Vázquez para tareas de “reinserción” en la sociedad impactó de lleno en el ámbito político. La propia presidenta Cristina Fernández se refirió al tema y defendió el sistema carcelario nacional, al tiempo que cruzó al diario Clarín por alentar versiones de una supuesta utilización de los reclusos para hacerlos participar de actos kirchneristas, en un escándalo de proporciones que NOVA había adelantado en exclusiva.
Claro que las esquirlas alcanzaron la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, al que la mandataria hizo referencia cuando mencionó que “ningún dirigente tuvo que dar explicaciones” por la fuga de un preso de alta peligrosidad de una cárcel de Florencio Varela.
Más allá de la defensa presidencial, el sistema carcelario está en crisis. Al menos ese es el mapa de situación en las provincias: En este sentido, la salida transitoria de los presidiarios federales obró tan sólo como botón de muestra de la realidad en las distintas unidades penales del país.
Al comienzo de la gestión del ministro Ricardo Casal en la Provincia, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aplicó la política de resocialización del recluso que hoy está en el centro de los cuestionamientos. Fue durante la dirección de Fernando Díaz, que abandonó su cargo por “diferencias” con Casal, según le dijo a este medio en una entrevista reciente.
Hoy, el SPB no permite la salida de los detenidos para participar de actos, sean políticos o calificados eufemísticamente como “culturales”. Aunque desde el organismo denuncian que “sí lo permiten para salir a robar autos y desmantelarlos, como ocurre en la Unidad 48 de San Martín”.
También apuntan al desvío de los productos elaborados por los reclusos en las unidades productoras. Consignan, por ejemplo, que la Unidad 11 de Baradero produce miel, cítricos, corderos y lechones “que nadie sabe dónde van a parar”. La Unidad 12 de Gorina, en tanto, elabora lechones y cajones de aproximadamente 100 kilogramos cada uno, “pero nunca llegan los dividendos a jefatura”.
En ese sentido, registran que el jefe de la unidad, Martín Bazán, reportaría directamente a la actual directora del SPB, Florencia Piermarini, sin pasar por los controles administrativos. También sostienen que en la Unidad 19, de Saavedra, se producen chanchos, corderos, conejos, miel y plantines cuyos ingresos “tampoco nadie sabe dónde van”. La 14, a su vez, elabora terneros, leche, miel, siembra de época y quesos producto del tambo existente, mientras que la Unidad 20 hace lo propio con miel, lechones y siembra. Pero el misterio subyace.
Los últimos cambios
Tras la salida de Fernando Díaz vino la gestión de Javier Mendoza, un hombre del riñón de la Justicia de Quilmes y amigo personal de Casal. En un principio, el funcionario se hizo cargo de ocupar ese sillón caliente por la promesa de Casal de otorgarle, en recompensa, un juzgado en Mar del Plata, única razón para convencerlo.
Según recordaron ante NOVA fuentes del organismo, en principio Mendoza fue un hombre con “total desprecio” hacia la institución, “a tal punto que fue el primer jefe del SPB que no ingresó ni conoció ningún penal del sistema”. Según sus propios dichos, no era de su “interés”: para eso estaba el personal de carrera.
Sin embargo, el mandamás sí habría puesto todo su énfasis en recaudar como lo hizo a través de los proveedores, la Dirección de Seguridad a cargo del director general Mario Mazzeo –a través del presunto cambio de tarjetas de combustibles Bapro Copres en distintas estaciones de servicio, y la compra y venta de armamento y municiones que nunca se usaban- y la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, conducida por Jorge D’Amico, hoy también jubilado.
Esas mismas fuentes apuntan a la supuesta “venta” de los destinos de los presos que podían pagarla, como algunos detenidos relacionados con el tráfico de estupefacientes, la venta de autos dobles o la estafa, incluso los detenidos por el caso del asesinato de María Marta García Belsunce.
Según revelaron a este medio en estricto off the record, el viudo Carlos Carrascosa seguiría “pagando la prote”: de otro modo no se explicaría por qué vive en la Unidad 21 de Campana con todos los privilegios.
En esa línea, apuntan a “otro recaudador nato”: Rubén Borzani, ex director general de Coordinación. En el organismo lo relacionan con los emprendimientos en la Unidad 15 de Batán, hasta que lo echaron abruptamente con la llegada Florencia Piermarini.
“Trasladaron a todos sus secuaces del complejo Mar del Plata –dicen las fuentes-. Todos los jefes debían reportar algunos dineros frescos, de los cambios de pabellón, visitas intimas, visitas familiares, porque todo se vende”.
Sobre Piermarini, dicen que “no tiene idea de lo que pasa”, pero “es amiga personal” del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, César Albarracín, quien la “banca”. De todos modos, aseguran que la mujer ya habría presentado su renuncia tres veces, sin conseguir que se la aceptaran.
Historial
La primera vez habría sido por la fuga de Gustavo Villaverde, alias “Poxi” y “El Simulador”, un peligroso delincuente que escapó de un penal bonaerense hace más de tres semanas, ante las propias narices de las autoridades.
El relato periodístico calificó el hecho como “cinematográfico”. Villaverde saltó a la escena nacional en varias ocasiones: formó parte de la banda del peligroso delincuente Néstor “Sopapita” Merlo, ya asesinado, y baleó al fallecido periodista Enrique Sdrech. Su voluminoso prontuario incluye un antecedente de fuga en la Unidad 9 de La Plata.
Ahora se confirmó que “El Simulador” se escapó de la Unidad Penal 41 de Campana. El hecho ocurrió hace más de 15 días, pero fue descubierto la semana pasada cuando el interno debía ser trasladado a las sedes judiciales de Morón y San Martín.
Fuentes del organismo apuntan en reserva que el caso fue llevado a cabo por personal de la Dirección de Operaciones, a cargo de Fabio Sanguinetti, también conocido como “Pink Floid”, quienes habrían cobrado una parte de los 100 mil pesos en total que reportaron los dividendos. La renuncia de Piermarini no le habría sido aceptada.
De acuerdo a esas denuncias veladas, “Pink Floid” reportaría a Piermarini y Borzani el dinero que debía ser utilizado para combustible y mantenimiento de vehículos.
Por otro lado, la ambición desmedida de la conducción permitió la fuga de Marcelo Segovia, que tenía una condena de 29 años. Segovia se fugó a los siete días de condenado de unas de las cárceles más seguras con que cuenta el SPB. El organismo es acusado de haber recibido más de 100 mil pesos. “Los controles antes de la salida son seis -explicaron desde adentro-. No se pueden equivocar todos. El dinero pagado hace que pasen estas cosas”.
Según Albarracín, Segovia continúa prófugo. Es el séptimo preso que escapó de un penal bonaerense este año.
En otro hecho, ocurrido en la Unidad 9 de La Plata, un agente penitenciario reconoció haber facilitado la fuga de un detenido que le había prometido “pagarle” por el favor. Aquí habría tenido lugar otro intento frustrado de renuncia de Piermarini.
Por otro lado, por el asesinato de un detenido de la Unidad 46 de San Martín fueron detenidos tres guardiacárceles del SPB. La víctima, Patricio Barros Cisneros, habría sido asesinada a golpes de puños y patadas por una decena de funcionarios. Las detenciones llegaron después de una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió protección para los detenidos de las unidades 46, 47 y 48 de San Martín.
Pese a que el homicidio fue en enero, el escándalo alcanzó a Piermarini, que asumió un mes después. En ese momento se habló en los pasillos de otro intento de renuncia, que tampoco encontró recepción en Casal y Albarracín.
El mayor
A todo esto debería sumarse el pasado de Ricardo Casal en el SPB durante los años de la dictadura. El alcaide mayor prestó servicios en la Dirección de Seguridad e Inteligencia de la Unidad 9. Fuentes entendidas confiaron ante NOVA que alguien que conoce el tema y se llamó a silencio es Juan Scatolini, quien habría negociado con Casal la Escribanía General de Gobierno a cambio de “silencio”.
En ese tren, apuntan a otra “recaudadora”: Valeria Sampayo, directora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del SPB, quien incluso “no disimularía”. En ese sentido, le enrostran que, en lo que va del año, viajó a Egipto con su grupo familiar por más de 20 días, durante el mes de febrero. Hoy se encuentra en Japón por otros 20 días, dicen. Y se preguntan: “¿Se puede llevar esa vida ganando 10 mil pesos por mes?
De acuerdo a esos trascendidos, Sampayo cobraría como asesora en la Junta de Calificaciones desde 10 mil a 50 mil pesos, según la jerarquía. En la Escuela de Cadetes, en tanto, percibiría remuneraciones por los exámenes, especialmente los que permiten el ascenso a subprefecto.
La funcionaria tampoco dejaría pasar los sumarios administrativos en los que se instruya una causa judicial. Por eso algunos directores del Ministerio de Seguridad verían con agrado su alejamiento del área, aunque quienes la “bancan” serían nada más ni nada menos que Piermarini y su secuaz, una asesora. A ambas le reportaría buenos dividendos.
Agencia NOVA
