Diversos debates y desafíos se intensificaron en la agenda pública a días del inicio del ciclo lectivo con eje en la desvinculación de la escuela que la pandemia ahondó en miles de alumnos, el acceso a dispositivos y la conectividad, los cuidados que exigirá la presencialidad plena para evitar contagios, la inversión en educación, y el alcance y efectividad de las políticas de inclusión socioeducativa.
El año comenzó con la decisión del Gobierno nacional de jerarquizar la recuperación de saberes -además de la adquisición de nuevos- en las prioridades que se fijó para el actual ciclo lectivo, además de delinear, en consenso con las provincias, un protocolo sociosanitario que facilite y promueva la educación “uno a uno” y la vinculación entre los alumnos.
“Necesitamos que nuestros chicos reciban el mejor aprendizaje y lo hagan en la escuela pública. Este tiene que ser el año de la educación”, definió el presidente Alberto Fernández a fines de enero durante su visita a la Planta Gráfica Argentina, encargada de imprimir los más de 7 millones de ejemplares del programa nacional Libros para Aprender, cuyo propósito es apuntalar los conocimientos en lengua y matemática.
El cronograma de vuelta a clases comenzó el 21 de febrero en las escuelas de Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, y continuará el próximo miércoles en el resto del país. Se trata de un calendario que convocará a 12.840.952 de alumnos y 953.275 docentes, quienes se reencontrarán en las 75.439 escuelas de todo el país.
El ciclo 2022, señaló el jefe de Estado, estará destinado a “recuperar” todo lo que postergó la pandemia. En esta línea, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció días pasados que “del millón de chicos que dejaron la escuela o tuvieron una vinculación intermitente ya pudimos recuperar casi a la mitad con la estrategia de ir a buscarlos casa por casa”.
La posición del gobierno nacional -expresada por Perczyk- de que “nunca es tarde para que todos los chicos de la Argentina estén en la escuela”, contrastó con fuerza con una de las principales voces de Juntos por el Cambio en la materia: Soledad Acuña.
La ministra de Educación porteña fue repudiada por la comunidad educativa a mediados de enero tras sostener que “es muy tarde para salir a buscar a los chicos” después de casi dos años de pandemia, porque “esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico”.
Consultada por Télam, la pedagoga y exviceministra de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, dijo que “el principal desafío de este ciclo es la reincorporación de los 500.000 chicos que están desconectados, ahí hay que poner el conjunto del esfuerzo”.
Desde el Estado nacional se pusieron en marcha y/o profundizaron distintos programas: Vuelta a la Escuela, Conectar Igualdad, Plan Fines, Becas Progresar y Libros para Aprender.
El Ministerio de Educación consignó que a comienzos de este mes más 500.000 adolescentes de entre 16 y 17 años se inscribieron a la primera convocatoria de la beca Progresar, destinada a que “los estudiantes finalicen sus estudios secundarios y a recuperar a aquellos que abandonaron las aulas”. La inversión anual alcanzará los $70.000 millones.
Esa primera convocatoria había sido anunciada el 13 de diciembre pasado y culminó con 537.333 inscriptos, de los cuales 509.463 ya concurren a establecimientos educativos de todo el país y 27.870 manifestaron su compromiso de retomar sus estudios en el presente ciclo lectivo.
En la previa al inicio de clases resurgieron debates sobre cuáles son los criterios para evaluar a los alumnos y aprobar las cursadas, cómo será la implementación de la educación financiera y ambiental anunciada, cuáles son las vinculaciones de la escuela con el mundo laboral, así como continúa vigente la pregunta sobre cuál es el grado de implementación real de la Educación Sexual Integral (ESI).
Con respecto a la evaluación educativa a alumnos en el contexto de la pandemia, la pedagoga Adriana Puiggrós explicó a Télam que no hay una flexibilización de criterios para pasar de grado -tal como cuestionó un grupo de académicos en una carta conjunta- y que “no se trata de que pasen de año de cualquier manera, sino de evaluar los conocimientos que son fundamentales”.
En ese sentido, recordó que los programas de estudio “todavía están hechos por acumulación de información a través del tiempo” y que “en la época de (Daniel) Filmus (al frente del Ministerio de Educación) hubo un trabajo sobre los contenidos básicos comunes, que son un acuerdo nacional y después hubo varios acuerdos del Consejo Federal. Es necesario ponerse de acuerdo sobre cuáles son los contenidos indispensables y hacer la evaluación de ellos”, apuntó.
En tanto, sobre el debate de la tan anunciada “educación financiera” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la pedagoga señaló que si bien la vinculación entre educación y trabajo en la Argentina, y en general en América Latina, siempre fue “deficitaria”, hoy considera que “hay que vincular fuertemente la educación con el trabajo”, pero “no con el trabajo entendido como la práctica gratuita de los chicos en las empresas, sino el concepto de trabajo, los procesos de trabajo, el trabajo entendido en el marco de una visión económico social en donde se entienda cómo es el proceso del capitalismo en el cual vivimos y en el marco de economía política”.
A su vez, ponderó que “es bueno que los chicos tengan los instrumentos, pero que no sean solo los instrumentos, no es que les enseñen a usar los bitcoins o las criptomonedas y que les transmitan la idea de que pueden enriquecerse como si fuera jugar a la lotería, jugar en la bolsa, o como si fuera un juego, sino que realmente se pueda insertar esa enseñanza en el marco de la economía política y de los procesos sociales que transcurren en el capitalismo”, remarcó.
Por otra parte, sobre la implementación de la ESI, Puiggrós subrayó que hay investigaciones que demuestran que cuando el proceso de enseñanza transcurre como está previsto por la ley “produce cambios muy importantes en el orden de los vínculos y los afectos”, pero -advirtió- la aplicación de la ESI en el conjunto del país “es completamente desigual”, porque hay provincias que simplemente no la aplican y también hay escuelas que dicen aplicarla y no la aplican, y hay cada vez menos resistencia por parte de la población, explicó. Pero, en general, “la gran mayoría de los chicos y adolescentes aceptan y piden la ESI, lo ven como una información fundamental, que de otra manera la tendrían de manera ilegal y tergiversada”, agregó.
Preocupación por el nivel en la primaria
También se conoció a fines del año pasado el “preocupante” resultado -así lo caracterizó Perczyk- de las pruebas ERCE 2019, las cuales evaluaron el desempeño en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales de chicas y chicos de tercer y sexto grado de primaria de 16 países de América Latina y el Caribe.
Fueron realizadas por la Unesco cuando todavía no había irrumpido la pandemia, y en ellas, la Argentina obtuvo puntajes por “debajo del promedio regional” en casi todas las áreas, y fue uno de los vectores que llevaron a la administración nacional a profundizar una serie de políticas orientadas a esos y otros contenidos pedagógicos.
Esos resultados contrastaron con las pruebas de Unesco en 2006 y 2013, cuando “los puntajes de nuestro país se ubicaban al mismo nivel o por encima de dicho promedio”. El ministro de Educación concluyó que el menor puntaje fue una consecuencia de la “desinversión” en educación durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Desde ese momento, Perczyk llamó a construir un consenso entre todos los sectores políticos, empresarios, gremiales y sociales para garantizar un piso de financiamiento del sistema educativo y mejorar los niveles de desempeño, y ese es también uno de los desafíos de este año.
La situación se complejiza al considerar los últimos indicadores de pobreza publicados por el Indec en septiembre pasado, los cuales dieron cuenta que al cabo del primer semestre del 2021 el 54,3% de las personas de hasta 14 años eran pobres. En tanto, en el grupo etario de entre 15 y 29 años, el 48,5% también se encuentra en situación de pobreza; mientras que entre quienes tienen entre 30 a 64 lo está el 36,3%.
La inversión en educación
El Poder Ejecutivo también delineó otros temas prioritarios vinculados a la adenda educativa. Entre ellos: lograr un presupuesto “sin ajuste” para el salario docente y la infraestructura escolar; garantizar vacantes -un reclamo constante en la Ciudad de Buenos Aires-, y promover la capacitación entre maestros y profesores.
La cartera de Educación aseguró que en el inicio del ciclo lectivo los alumnos del nivel secundario tendrán computadoras de Conectar Igualdad, los del primario tendrán libros de Lengua y Matemática, y en el nivel inicial, también serán entregados libros de literatura para “fortalecer la alfabetización inicial”.
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), durante la pandemia se evidenció la desigualdad entre los niñas y adolescentes que acceden a dispositivos electrónicos y conexión a internet y quienes no cuentan con estos recursos.
El Ministerio de Educación nacional informó que cerca de un 60% de quienes asisten a escuelas de gestión estatal no poseen una computadora disponible en el hogar para uso educativo ni una conexión a Internet de buena calidad, que les permita cumplir con las tareas escolares de forma adecuada, y los datos mostraron que la situación empeora en barrios populares y áreas rurales.
En la encuesta realizada a los habitantes de los barrios reconocidos por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sólo el 13,9% respondió tener netbook o PC en el hogar y el 77% refirió utilizar celulares para las actividades escolares.
“Vamos a iniciar el ciclo en el mes de marzo con más de 500.000 computadoras distribuidas a los chicos de la escuela secundaria pública y estamos licitando un millón más de computadoras”, afirmó el ministro a mediados de enero Perczyk.
La meta que definió el Ministerio para fines de 2022 es llegar “al 90% de los pibes argentinos con Internet en la escuela y a un millón y medio de computadoras distribuidas a los pibes de la escuela secundaria pública”.
Puiggrós destacó como “muy importante” avanzar en “los fundamentos teóricos, políticos y económicos de la tecnología” porque “no se trata solo de que se maneje la computación, sino que haya un avance, en una profunda comprensión de este cambio, que es delorden cultural (y conlleva) enormes implicaciones políticas”.
Para la pedagoga, la comunidad educativa llega a este inicio del ciclo lectivo “con muchas expectativas” y con la experiencia de dos años en los cuales, además del aprendizaje curricular, “ha habido muchísimos aprendizajes como saberes de la vida, sanitarios, y que el virus ataca a todos los humanos de la misma manera, un gran aprendizaje de la concepción de los derechos humanos y de las ideas democráticas. Ahora esos saberes requieren una sistematización”, puntualizó.
A su vez recordó la importancia de “fortalecer la escuela pública” y consideró que “ha habido una revalorización”, pero la cuestión central para ella está en “qué es lo que hace el gobierno de cada provincia, porque lamentablemente el sistema educativo está tan balcanizado, tan disperso que casi queda a cargo de cada provincia fortalecer o no fortalecer el sistema de educación pública”.
“Son nuevas perspectivas que las escuelas tienen que incorporar”, puntualizó.
Puiggrós aconsejó tomar “con tranquilidad” el estudio y la recuperación de aquello que no se ha logrado estudiar o aprender en los años anteriores.
“La educación -dijo- es un proceso, no una suma de horas de clase, que les den tiempo alumnos y docentes, que tomen la escuela como un trayecto no como cada día, cada hora, cada año. Lo que no aprendieron en un año lo aprenderán en el otro si es necesario”.
En la misma línea los Consejos Federales de Educación y de Salud definieron recientemente y de forma conjunta los lineamientos del protocolo “Aula Segura” para garantizar la “presencialidad plena” continuando con medidas de cuidado.
La presencialidad educativa es promovida por las autoridades a partir de significativos avances en los esquemas de vacunación contra el coronavirus de la población mientras se continúa promoviendo la inoculación y la situación epidemiológica señala descenso de casos.
El acuerdo unánime de los Consejos, que incluyó a autoridades de gremios que nuclean a maestros y profesores, estableció seis pilares basados en recomendaciones de organismos internacionales: asistencia cuidada, vacunación, ventilación cruzada, uso de barbijo desde primer grado, higiene y limpieza y distancia social. Allí se definió también la eliminación de “burbujas”.
La utilización de barbijo a partir de primer grado generó controversias con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, antes de esta definición conjunta, se había adelantado al anunciar la vuelta a clases sería “sin protocolos”, con la premisa de que los alumnos de hasta tercer grado no usaran barbijo en las aulas. Esto alertó a sectores de la comunidad educativa que la caracterizaron como una medida “inconsulta”.
En cuanto al impacto de la pandemia en la educación, Puiggrós consideró que “fue muy duro” y que “a comienzos del año pasado lo que se encontraba en las aulas era silencio, porque a los chicos les costaba mucho revincularse”.
Sin embargo, la pedagoga señaló que “esto fue mejorando durante el año pasado y creo que este año el primer reto es lograr trabajar el colectivo, no solamente el individuo, para que cada uno de los chicos realmente pueda formar equipos y confiar en los demás, eso es muy importante”.
.ORNELLA RAPALLINI…
