Su salida no fue la más elegante ya que resultó ser por demás controvertida. El ex secretario de Seguridad del municipio Julio Razona, a través de una nota enviada a la prensa, aseguró entre otros puntos que “más allá de no habérsenos permitido continuar con nuestra labore estamos convencidos que como ciudadanos podemos colaborar con el Estado Municipal, ya que nuestro compromiso y convicciones por la seguridad ciudadana van más allá de unas designaciones o sostenimiento de las mismas”.
Asimismo, el letrado que estuvo al frente de la Seguridad local junto a un grupo de colaboradores solamente una semana, describió que “al tomar posesión de nuestros cargos, advertimos una mega estructura burocrática, con más de 130 empleados, sumados a un número indeterminado de contratados, con 13 Direcciones, que bien podían ser reducidas a 3 porque poseían funciones duplicadas o triplicadas con otras dependencias más específicas (como Desarrollo Social o el EMDER ), 5 edificios alquilados, un Juzgado de Faltas ubicado en un inmueble distante del resto (doble costo operativo), cámaras de video vigilancia alquiladas por tres años a un precio exorbitante, colocadas en sitios no pre establecidos por idóneos, equipos de comunicaciones también arrendados, alquiler de un predio por diez años a quien no es titular de dominio del mismo con facultad de compensar créditos con otros terceros, tercerización de observación de las pantallas de monitoreo a una empresa privada por 8 meses por $ 54.000.000, entrega de la seguridad, potestad indelegable del Estado, a una empresa privada, flota de patrulleros en estado calamitoso e insuficientes, transportes, baños químicos, oficinas móviles, todos alquilados sin motivo o justificación alguna, personal civil contratado, pago de adicionales a policías sin causa, desmedida e injustificada cantidad de horas extras abonadas”.
Acto seguido, Razona aclaró que “para soportar este festival de contratos sospechados y nombramientos llevados por la gestión municipal saliente, cumplir con las ordenanzas y convenios vigentes, nos obligaba a requerir que la administración central adjudicara a la Secretaría de Seguridad más de $ 350.000.000, de continuarse con esos contratos, que favorecen descomunalmente a empresas y no a la gente”.
En tal sentido agregó que “estas irregularidades y otras, detectadas por este equipo de trabajo, fueron el fundamento del pedido de auditoría a la Secretaría de Seguridad, ordenada por el intendente, el día 17 de diciembre pasado, no permitiendo a su vez que continúe este equipo de investigadores por motivos no aclarados aún”.
No obstante, señaló que “hemos declarado en la investigación penal que se tramita ante la UFI 10 Departamental, caratulada “Pettigiani, Juan Manuel s/Denuncia” iniciada el 21/12/15, por las irregularidades detectadas”.
Por su parte, sentenció que “en Seguridad Humana debemos por imperativo moral y legal, obtener resultados que nos conduzcan a mejorarla. Analizamos puntualmente los resultados obtenidos por la gestión saliente desde el 2013, cuando se creó la Secretaría de Seguridad. La contundente realidad es que el delito, conforme las estadísticas oficiales (https://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php) de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, aumentó en nuestra ciudad en forma alarmante, pese a que el Estado Municipal tiene injerencia en el control de la función policial”.
Y continuó que “deberá hacerse un replanteo de la posición asumida por el Municipio en Seguridad. No podíamos consentir en exigirle que abonen los contribuyentes $ 350.000.000 en impuestos, para mantener esa estructura burocrática, plagada de contratos sospechados, que ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra el delito”.
Finalmente, destacó que “seguiremos luchando contra la inseguridad, tanto en lo personal como a través de la Fundación Investigación Ciudadana, prestando nuestra colaboración y conocimientos en procura de una sustancial mejora en la situación que padecemos. A tal fin nos ponemos a total disposición tanto de los auditores, como del Gobierno Municipal, a fin de colaborar en la misma y para analizar los motivos de la escasa eficiencia del sistema de prevención delictual vigente”.
Foto: Diario Registrado
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