La justicia, de la mano de la Procuradora General Gils Carbó, está llevando una trama de corrupción por las distintas salas en la que intervienen de manera directa sus secuaces, los que trazando un paralelismo literario, son como las gárgolas en la capilla de Notre Dame, moviéndose entre las sombras con fines espurios.
Hecha esta oscura introducción, la que podrán confirmar con el correr de esta nota, podemos analizar las causas y las personas o los personajes que integran el tribunal que juzgará el desempeño del Fiscal José María Campagnoli.
El juicio contra Campagnoli es por investigar al empresario Lázaro Báez por supuesta extorsión al quedarse con la financiera SGI, de Federico Elaskar. Al suspendido fiscal se lo acusa de haber avanzado en la investigación, cuando no era competente para hacerlo en función a la naturaleza del delito. Debemos tener presente que esa causa fue cerrada contra Báez en la Justicia Federal.
¿Quiénes son los 7 integrantes del jurado?
El primero de los integrantes del Jury de Enjuiciamiento es Ernesto Kreplak, representante del Poder Ejecutivo, el mismo ocupa el cargo de subsecretario de Coordinación y Control Registral y se lo vincula a la agrupación oficialista “La Cámpora”. Kreplak en la actualidad está inscripto en un concurso para ocupar un cargo de fiscal federal, luego que se produjeran vacantes en Comodoro Py (esto condicionaría su accionar, ya que habría un conflicto de intereses de la mano de la procuradora Gils carbó).
Otro de los integrantes es el fiscal de Mar del Plata Daniel Adler quien responde directamente a la procuradora Alejandra Gils Carbó e integra la agrupación oficialista “Justicia Legítima”, alineada con el Ejecutivo, Adler ya tiene experiencia en este tipo de causas, ya que en el pasado se vio involucrado, junto a otro grupo de fiscales que responden también a Gils Carbó en el supuesto armado de la causa contra el juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, quien fuera absuelto el pasado 28 de abril por el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados bonanerense.
La terna oficialista se completa con otro integrante ligado al gobierno, Rodolfo María Ojea Quintana, designado por el Senado de la Nación. Ojea Quintana es un reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros y está vinculado a algunas acciones armadas que llevó a cabo la agrupación durante los 70.
Con un perfil de incertidumbre está María Cristina Córdoba, defensora pública de menores, es otra de las integrantes y es quien según mi criterio tendría la carta para definir el futuro de Campagnoli. Si bien la funcionaria votó recientemente por la suspensión de Campagnoli para enviarlo a juicio político, no estaba del todo convencida de que su accionar no fuera el correcto, pero se cree que recibió algunas presiones para cambiar de opinión, por lo que esperamos que con el desarrollo de este juicio puede terminar de formarse una posición contraria a la expresada recientemente y torcer la balanza para el lado de la justicia.
El resto de los integrantes fueron los que votaron a favor del Fiscal, uno es el representante de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Juan Octavio Gauna, quien durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue Procurador General de la Nación y los otros dos son los abogados Rodrigo Sebastián Bacigalupi y Adriana Donato, de la Federación Argentina de Colegio de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, respectivamente.
Por otra parte fueron designados por sorteo, los fiscales acusadores y quienes resultaron favorecidos fueron Marcelo García Berro y Adolfo Raúl Villate (dos fiscales con temitas pendientes en la mismísima justicia)
Respecto a García Berro coincidentemente en forma indirecta podríamos decir (aunque en la justicia todo tiene que ver con todo) estaba vinculado al Dr. Hooft y por eso la introducción a la nota, ya que el fiscal García Berro fue acusado por el Dr. Hooft de mal desempeño como fiscal en Mar del Plata, cargo que dejó tras ser acusado de encubrir a una banda de policías vinculados a negocios de narcotráfico y la prostitución, hechos que coincidentemente se dieron con las desapariciones de prostitutas de manos del “loco de la ruta”.(esta nota ya fue tratada anteriormente durante el proceso al Dr. Hooft), la coincidencia es que el abogado querellante en la causa del Juez Hooft no era otro que César Sivo, el abogado defensor de García Berro separado por el juez Hooft. (Armando así el tríptico y no es el de Puccini precisamente, entre García Berro, César Sivo y Daniel Adler) ¡¡¡Que justicia!!!
El otro fiscal acusador, Villate, no menos cuestionado, quien es integrante de la agrupación Kichnerista “Movimiento Evita”, el que actualmente está a cargo de una fiscalía en Rosario. Villate es otro hombre de confianza de la Procuradora Gils Carbó y como no puede ser de otra manera (por eso son leales hasta lo grotesco), ha tenido varios traspiés en distintos concursos para la cobertura de ternas, como fue el caso de Tucumán, Entre Ríos y Mar del Plata. No obstante ello Gils Carbó lo designó en la comisión que tiene a cargo la investigación de los paros policiales que tuvieron lugar el año pasado y su vinculación con los saqueos que ocurrieron en distintos puntos del país.
No tengo ninguna duda que en el Poder Judicial y en la procuración hay personajes cuasi mafiosos que en nombre de “La Justicia” no hacen otra cosa que proteger delincuentes y perseguir a quienes molestan en el camino de llegar a la verdad: En una sociedad que reclama a gritos hace más de 30 años verdad y justicia.
No en vano Montesquieu acuñó esta frase que he tomado como propia, en distintas notas, porque considero que es el principio de un todo: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”
Sergio Romanelli
