Ya fueron dispuestas las primeras medidas judiciales, habiendo quedado a cargo de las mismas el fiscal general Federal, doctor Juan Manuel Petiggiani. La decisión parte de la vía de órdenes de la Procuración General de la Nación, al frente de la cual se encontraba el doctor Esteban Righi, quien presentó la renuncia luego de la intervención pública del vice – presidente Amado Boudou en el sonado caso Ciccone.
A partir de ese momento, y tras el fracaso de la designación de Daniel Reposo, la causa en la que se investiga el uso de fondos destinados a la seguridad en el marco del Plan de Protección Ciudadana, cobró un nuevo impulso, habiendo quedado desafectado de la investigación el fiscal Claudio KIshimoto, quien interviniera en el inicio de la causa, tras la denuncia que presentó el ex jefe Departamental Gustavo Salvá.
De acuerdo a la información recogida por mdphoy.com , el doctor Pettiggiani ya instruyó a sus colaboradores más cercanos, para avanzar sobre el abundante cúmulo de pruebas, que se han acumulado desde hace aproximadamente dos años, a pesar de lo cual la investigación quedó congelada, posiblemente a razón de alguna intervención política, inducida por el actual presidente del Concejo Deliberante doctor Ariel Ciano, quien llegó incluso a pedir el archivo de la causa al fiscal Kishimoto, designado ahora en el fuero federal de Rafaela en la Provincia de Santa Fe.
Ciano, aparece como excluyente responsable, de la autorización del uso del dinero público, destinado a equipamiento de seguridad para la policía bonaerense, mientras que el intendente Gustavo Pulti además también aparece comprometido, tras el envío a nuestra ciudad de la Prefectura Nacional decisión que emanó del ex ministro del Interior Aníbal Fernández. En ese marco el intendente debía ser quien coordinara a las distintas fuerzas de seguridad, pero en la práctica nunca se logró ese cometido, sufriéndolo de manera directa la población de Mar del Plata, ya que no se atenuaron los casos de inseguridad reinante, a pesar de los fondos que llegaron a la Municipalidad.
La participación de la empresa RESAKA (proveedora del Sistema Penitenciario Bonaerense) aparece como la punta del iceberg de la investigación, ya que a través de la misma se le dio salida a gran parte de los $ 13.800.00.- correspondientes al 50 % del los $ 27.600.000.- asignado a la municipalidad. Según las presentaciones efectuadas por la Dirección Legal de la Prefectura Nacional, los efectivos destinados al refuerzo en Mar del Plata, se constituyeron en nuestra ciudad, con fondos propios, que no es precisamente lo que surge a través del análisis de los gastos que se aprobaron desde la Secretaría de Gobierno.
Asimismo no se descarta que el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Carlos Stornelli y el ex jefe de Gabinete y actual intendente de Tigre, Sergio Massa, sean citados a declarar a los efectos de precisar con exactitud cuáles eran las responsabilidades que emergían de la firma del convenio que se firmó en la Municipalidad (Gustavo Pulti), la Provincia (Carlos Stornelli y José Scioli) y la Nación (Sergio Massa). A partir de esos valiosos y decisivos testimonios se podrá observar cuál es el rumbo que toman las investigaciones, aunque la carga de la prueba resulta abrumadora, como la figuras del delito que pueden llegar a configurarse.
Debe destacarse, que posiblemente no se excluya de la investigación el proceso de licitación, adjudicación y colocación de las cámaras de seguridad a la empresa Global View, en un expediente plagado de irregularidades, cuando el 100 % de la empresa estaba a nombre de Mario Montoto. Se supo también, que el único funcionario municipal que ha declarado en el expediente judicial, es el contador público municipal Roberto Arango, quien manifestó haber firmado la documentación a través del pedido de insistencia del intendente Pulti, lo cual lo exime de responsabilidad en caso de corresponder por su intervención pena judicial alguna.
Jorge Elías Gómez
El Diario La Capital y su multimedios no publicaron esta noticia.En la edición del 1/8/2012 se publica una encuesta de Fasta en la ciudad de Gral. Pueyrredon con datos contundentes sobre el tema inseguridad en la ciudad siendo esta la principal preocupación de los ciudadanos .Claramente hay responsabilidad politica de Pulti en este tema.Ahora tambien se vislumbra otro tipo de reesponsabilidades.Ojala el fiscal Pettigiani realice un trabajo serio sobre esta causa.La delincuencia en mar del Plata crecio y eso tiene responsables políticos.
no solo la inseguridad ha crecido en mar del plata,la corrupcion politica ha llegado a limites insostenibles.la empresa resaka es una beneficiaria de las licitaciones de provincia simplemente porque son testaferros de la misma ,la plata que reciben vuelve a la cupula politica,dejandonos sin seguridad, salud y educacion.DEJEN DE ROBAR!