“El Fondo Anticíclico Fiscal se nutrirá de los excedentes de la recaudación fiscal”, anunciaba el ex ministro de Economía Roberto Lavagna a fines de octubre de 2005, pocos días antes de ser despedido por el entonces Presidente Néstor Kirchner. La sucesora de Lavagna, Felisa Miceli, aseguraba, apenas asumía el cargo, que el objetivo del mismo era atesorar en tiempos de bonanza para gastar en períodos recesivos.
En los primeros meses de 2006, la entonces Ministra señaló que para 2008, ese Fondo iba a tener $6.000 millones. Según los balances del Banco Central, al 31 de diciembre de 2015, último año de mandato de la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner, apenas tenía $244 millones. Y en 2018, contaba con $709 millones. Teniendo en cuenta la fuerte suba del tipo de cambio durante ese período y la inflación acumulada, en los hechos el ahorro es prácticamente “virtual”. El monto prometido por Miceli representaba, medido en dólares al cambio del momento, un 0,5% del PBI de 2008.
La cuarentena dispuesta por el Gobierno de Alberto Fernández a raíz de la pandemia de coronavirus, cuyos efectos económicos serán devastadores, no hace más que poner en evidencia los errores y las promesas incumplidas del pasado por parte de todas las administraciones, pero en especial del kirchnerismo, que gobernó el país durante 12 años, algunos de los cuales coincidieron con una inédita bonanza económica mundial. De haberse cumplido con aquel ahorro, y de no haber, además, destinado millonarias partidas para subsidiar a quienes no lo necesitaban, se habría morigerado el actual impacto económico del “Aislamiento” que ya lleva más de 50 días, y minimizar los efectos inflacionarios al tener que emitir mucho menos dinero sin respaldo. Las pandemias no ocurren en forma frecuente, pero los imprevistos sí lo hacen.
La instrumentación del Fondo Anticíclico nunca fue demasiado transparente. De hecho, se decía desde el oficialismo que la idea era manejar la información de ese ahorro con el mayor sigilo posible, para no fomentar los juicios de los bonistas que habían quedado afuera del canje de deuda de 2005. Sin embargo, trascendía que en 2006 que el Fondo se gestionaba a través de una cuenta indisponible en el Banco Nación y que contaba con aprox. $1.000 millones. Para octubre de ese año, se aseguraba que ya tenía $3.000 millones. Pero al 31 de diciembre de aquel año, el Banco Central consignaba que el Fondo poseía $2 millones. Si bien en 2008, el Balance de la entidad monetaria arrojaba casi $65 millones, se estaba muy lejos de los $6.000 millones prometidos por Miceli, quien debió renunciar a su cargo en julio de 2007 debido al escándalo que generó el hallazgo de una bolsa en un placard de su baño privado en el Ministerio con $100.000 y U$S31.000.
En rigor, el Fondo había sido creado durante el último año del siglo pasado. A través de la Ley 25.152, publicada en el Boletín Oficial el 21 de septiembre de 1999, su artículo 9 establecía que “será utilizado cuando se verifique una reversión del ciclo económico”, cuyos recursos “se incluirán como aplicación financiera en los respectivos presupuestos anuales”, algo que nunca ocurrió. Así mismo, prohibía que dichos recursos puedan ser destinados a financiar aumentos permanentes del nivel de gastos primarios en ningún área de la Administración”.
Según la revisión que hizo el INDEC en 2016 bajo el mando del fallecido Jorge Todesca, el PBI entre 2004 y 2015 creció un 48,6 %, y no los más de 65 puntos que aseguraba el kirchnerismo. Sea como fuere, el país había crecido fuerte impulsado principalmente por los altos precios de los commodities. La recaudación en aquellos años llegó a duplicar las propias estimaciones del Gobierno, que era acusado en aquel entonces de subestimar el presupuesto. Por lo que, a diferencia de lo que venía ocurriendo desde la creación del Fondo, con una economía en un pozo recesivo, se podría haber ahorrado mucho dinero, tal como se había prometido.
Entre 2004 y 2007, se creció a un promedio de 8% anual, para bajar en 2008 a la mitad, caer fuerte en 2009, y registrar otra pronunciada suba en 2010 y 2011. Entre 2012 y 2015, el crecimiento fue muy discreto. Lo que llevó a varios países de la región a crear los Fondos Anticiclicos fue, justamente, el fuerte incremento de la demanda de las materias primas que esta parte del planeta produce.
La cuestión se agrava aún más cuando se repasa el exhaustivo análisis económico publicado en octubre de 2015 que hiciera el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) junto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA sobre los años kirchneristas. Sin dudas, los datos más salientes fueron el fuerte aumento del gasto en relación al PBI, la creciente presión impositiva, y las desproporcionadas transferencias al sector privado, es decir, los subsidios.
“El peso relativo del gasto en el producto nacional pasó del 17,4% en 2004 al 32,7% en 2014”, asegura el informe. De ese fuerte incremento, “el 89% fue a financiar un mayor nivel de gasto corriente, mientras que sólo un 11% estuvo correlacionado con la infraestructura”, agrega. La falta de inversión en Salud explica tal aseveración. Para 2003, el gasto en Salud representaba un 6% del PBI; en 2013, había bajado al 4%.
Para confirmar esta conclusión, el análisis destaca que durante los 10 años en estudio “los principales cambios en la estructura del gasto estuvieron asociados al incremento del ítem Servicios Económicos, en detrimento de los Servicios Sociales”, para agregar que “esta última categoría-en la cual se incluye Salud, además de educación y agua potable-vio reducida su participación en 8 puntos porcentuales en 2014 respecto a 2004”. Por su parte, “Servicios Económicos más que triplicó su importancia dentro del gasto, pasando del 9% al 28%”, explica el informe.
Para los ejercicios 2004, 2005, 2006, y 2007, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, el Estado destinó $5.700 millones para la Salud, al pago de la Deuda giró $41.300, es decir, 7 veces más. El mismo esquema siguió rigiendo para los gobiernos de la actual Vicepresidenta, entre 2008 y 2015.
Por su parte, el análisis concluye que “el peso relativo de los impuestos pasó del 18,3% del PBI en 2004 al 26,7% en 2014”. Para el año en curso, se espera que la presión impositiva alcance el 30%. Para graficar aún mejor la distorsión de la distribución de los recursos públicos, un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) arrojó resultados impactantes: en 1988, el peso de los tributos era del 15% y la pobreza alcanzaba el 31%; mientras que para 2019, la presión impositiva se duplicó y la pobreza también aumentó, llegando a 35%. Es decir, que los mayores ingresos no repercutieron en promover la movilidad social. Más bien lo contrario, sólo produjo más pobres.
En paralelo, mientras aumentaba la carga tributaria y el gasto público, los subsidios a diferentes rubros, como energía y transporte, pasaron de $8 mil millones en 2006 a casi $225 mil millones en 2014, generando facturas artificialmente bajas para un sector de la población que bien podía afrontar importes más altos. Finalmente, para fortalecer aún más la promesa incumplida de engrosar el Fondo Anticíclico, el informe del IARAF afirma que “la importancia de la recaudación en el producto pasó del 18,3% en 2004 al 26,7%” diez años después. Si se suman los impuestos provinciales, los números suben notoriamente: 24,33% y 31,12% en 2014. Cabe recordar que el Fondo se iba a nutrir de los excedentes de la recaudación.
Siempre según los balances del Banco Central, el Fondo contaba sólo con $80 millones en 2011, $92 millones en 2012, $122 millones en 2013, $160 millones en 2014, y $244 millones en 2015. Montos que en verdad figuraban sólo en los asientos contables, ya que se debe considerar la evolución de la inflación y del aumento en el tipo de cambio. La realidad es que del Fondo nunca se supo nada, más allá de la escueta información del Central. En 2006, Felisa Miceli había dicho que el objetivo era tener $6 mil millones en 2008.
Por último, se afirma que “pese a la asistencia financiera recibida por el Tesoro de parte del BCRA y ANSES, los ingresos totales no lograron equiparar a los gastos, los cuales desde el año 2009 se ubican sistemáticamente en niveles superiores, advirtiendo un fuerte desequilibrio fiscal”. Y parece adivinar el futuro cuando asegura que dicho déficit implicará “una restricción de la política económica”, lo que se agravaría frente a “variaciones no previstas en los ingresos corrientes del Estado”.
La importancia del Fondo es que de existir, estaría conformado por aportes de los contribuyentes, por lo cual sería una oportunidad inmejorable para que vuelva a las pymes y a los comercios en momentos en que la cuarentena está haciendo estragos en la economía, a fin de que tantos unas como otros pudieran afrontar el pago de sus obligaciones sin tener que cerrar sus puertas y sin siquiera tener que devolver ese dinero en un futuro, como ahora se está haciendo.
Los préstamos a tasa cero que presuntamente los bancos están otorgando, aunque sin intereses, deberán ser reintegrados en plazos muy cortos. La situación empeora mucho más si se recuerda un dato: en la Argentina, la presión impositiva a la producción representa el 106% de las ganancias netas de una empresa. Es decir, que si la misma afronta todas sus obligaciones tributarias, literalmente se funde. Las pymes representan casi el 50% del PBI argentino.
Desde que comenzó la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo, los principales gremios privados debieron aceptar una reducción de un 25% en los salarios de aquellos trabajadores suspendidos por la falta de actividad de las empresas. Así lo hicieron Comercio, Metalúrgicos, y Mecánicos. En tanto, la UOCRA (Construccion) aceptó un recorte superior: 30%. Si se suma la inflación acumulada en los primeros tres meses del año, del 7,8%, la pérdida es aún mayor. En verdad, dichas reducciones, amparadas en el artículo 225 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, se dieron en el marco de un acuerdo entre el Gobierno, la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT.
También la Corte Suprema decidió un rebaja del 25% de sus ingresos, pero dicha disposición del Máximo Tribunal de la Nación solo aplica a los empleados jerarquizados de la Justicia. Cabe recordar que en septiembre de 2019, el Poder Judicial logró un 69% de aumento salarial, muy por encima de lo pactado por los sindicatos de la actividad privada. Los ingresos judiciales, al menos de este sector, contrastan fuertemente con el sueldo básico de un médico: un Jefe de Residencia percibe $46.553, a noviembre de 2019. Si bien los médicos que se desempeñan en el ámbito privado ganan más que quienes lo hacen en el sector público, recientemente algunas clínicas anunciaron un recorte en los salarios del 50%. Es el caso de tres importantes centros privados de la ciudad de Mar del Plata.
En contraposición a las fuertes restricciones que se observan en las empresas y comercios, los principales sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales, UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) y ATE (Asociación Trabajadores del Estado), se negaron a negociar una rebaja en los ingresos de sus representados. Sus líderes son Andrés Rodríguez y Hugo Godoy respectivamente.
Por su parte, el propio Gobierno, el último 3 de mayo, negó efectuar reducciones salariales en la Administración Pública, alegando que sólo un 5% del plantel no está trabajando. Desde el sector privado, le habían pedido al Estado en su rol de empleador que tuviera un gesto “similar” al que ellos tuvieron. Previo a ello, el Presidente Alberto Fernández había mostrado su frontal oposición a una rebaja salarial de los funcionarios públicos. Se estima que se destinan cerca de 4 mil millones de dólares mensuales en los sueldos de empleados estatales entre Nación, Provincia y Municipios, representando un 15% de los gastos corrientes. En tanto, configuran alrededor del 50% de los ingresos provinciales, y en algunos municipios totalizan casi el 80% de lo que recaudan.
Por su parte, merece mencionarse que tanto Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados, como la Vicepresidenta Cristina Kirchner, titular del Senado, acordaron otorgar, a través de la Resolución 0006/20, un plus de aprox $2.270 por cada día trabajado a los empleados del Congreso en el marco de la “emergencia sanitaria” por la pandemia de coronavirus, a contar desde el 20 de marzo, primer día de la cuarentena, hasta que finalice la misma.
A pesar de que el Gobierno lanzó el 1 de abril el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que se fue ampliando a través de sucesivas resoluciones y decretos, una buena porción de la sociedad siente que la ayuda estatal no sólo no alcanza, sino que además en muchos casos no llega. En el actual contexto, el Fondo Anticíclico hubiera sido de mucha utilidad.
A veces, los errores y las promesas incumplidas del pasado sirven como explicación para entender el presente.
Por Pablo Portaluppi
