La Fundación Vida Silvestre Argentina expuso la necesidad de promover la conservación en tierras privadas en la Provincia de Buenos Aires. Si tenemos en cuenta que más del 80% del territorio de la provincia se encuentra en manos privadas, las Áreas Protegidas Privadas son una de las formas más importantes de aspirar a una superficie territorial que contemple muestras representativas de sus ecorregiones.
Si bien, la provincia de Buenos Aires cuenta con una norma específica de áreas protegidas (Ley Nº 10.907, modificatoria Ley Nº 12.459, y Decreto reglamentario Nº 218/94), que incluye en el sistema de protección a las reservas naturales cuyo patrimonio pueda pertenecer a una o más personas de derecho privado, o a un titular privado y al Estado (provincial o municipal), ésta no se encuentra eficientemente implementada.
“Es imperioso que el Estado provincial implemente la normativa vigente respecto a reservas privadas. El Estado es garante del bien común y su rol es ineludible en la conservación de nuestros recursos naturales. Las Áreas Protegidas (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Natural Estricta, Reserva Educativa, Reservas Privadas, entre otros) cumplen un rol fundamental pues conservan la diversidad biológica y proveen servicios ambientales esenciales para el bienestar humano, como proveer alimentos, regular el clima, proveer fuentes de agua dulce y proteger los suelos, entre muchas otras. Son soluciones naturales para adaptarnos al cambio climático y así poder responder mejor a sus impactos”.sostuvo Flavia Broffoni, Coordinadora de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina
Además, en las áreas protegidas se pueden realizar emprendimientos productivos sustentables como, la ganadería sobre pastizales naturales y el turismo, dos de las actividades económicas más usuales. En estos casos, la actividad se sustenta en el buen estado del ambiente y el propietario se interesa por la conservación y el uso adecuado de este “capital natural”.
Desde 2008 y con el apoyo de la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia de Buenos Aires está trabajando fuertemente para cambiar esta situación. Así, está impulsando la reglamentación del artículo 8° de la Ley N° 10.097 para incorporar nuevos incentivos no económicos, reglamentar el procedimiento de creación y aprobar las reglamentaciones por decreto, a fin de subsanar significativamente el vacío existente en cuanto a la gestión efectiva de la conservación en tierras privadas en Buenos Aires.
La ley reconoce beneficios de carácter económico a favor de los titulares de la propiedad afectada como reserva (exención del pago del impuesto inmobiliario, y ayuda económica por parte del gobierno provincial). Al mismo tiempo, la norma invita a los municipios a ofrecer, en forma complementaria, una reducción en las tasas municipales.
En la práctica actual, los incentivos económicos establecidos por ley no se encuentran implementados, y esta situación constituye una demanda fundamentada por parte de los propietarios hacia la provincia. Asimismo, el texto de la norma no contempla incentivos no económicos que serían muy valorados por los propietarios y que no implicarían grandes erogaciones para el Estado provincial, como asistencia técnica y apoyo en infraestructura, entre otros.
Vida Silvestre, desde hace más de 20 años, coordina la Red de Refugios de Vida Silvestre, una red de reservas privadas que trabaja para asesorar a los propietarios de campos sobre cómo manejar los recursos naturales en forma sustentable. Actualmente existen 13 Refugios de Vida Silvestre que suman en su conjunto casi 170.000 hectáreas de alto valor biológico protegidas en ocho provincias del país.
