Presunto espionaje ilegal: El juez Martín Bava fue denunciado por falsedad ideológica

El Juez Martín Bava, subrogante en el Juzgado Federal de Dolores donde tramita la causa por presunto espionaje ilegal y de quien este medio se ocupó en diversos artículos, vuelve a ser eje de una fuerte controversia.

 

 

 

Un grupo de abogados defensores particulares presentó una denuncia penal en su contra por el delito de “falsedad ideológica”, previsto en el art. 293 del Código Penal. Junto al magistrado, también fueron denunciados sus colegas Roberto Falcone y Mario Portela, este último ya jubilado.

En concreto, los acusan de “falsificación de actas” y por el dictado de la sentencia por parte “de un Juez que no estuvo en el debate”, en referencia al Dr. Bava.

La presentación se llevó a cabo por sus desempeños como miembros del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad conocida como “Subzona 15”, donde fueron condenados 35 imputados, entre ex militares y médicos, por sus actuaciones durante la última dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983.

El proceso duró exactamente dos años, entre abril de 2018 y el mismo mes de 2020. Los abogados son Gerardo Ibáñez, Sebastián Olmedo Barrios, Pedro Pablo Pusineri, Nicolás A. Corleto, Carlos Horacio Meira, Carmen M. Ibáñez, Luis Cevasco, y María Laura Olea.

En paralelo, el mencionado grupo de letrados presentó un oficio ante el Consejo de la Magistratura el 15 de marzo de 2021, en el cual se incluyó también al Juez Federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, en quien recayó la presentación original, por “mal desempeño funcional ante la extrema morosidad en tramitar la denuncia consecuente”.

Vale consignar que los abogados solicitaron ser tenidos en cuenta como querellantes el 26 de noviembre de 2020, pero aún el Dr. Inchausti no impulsó ni siquiera la acción, por lo que exigen una investigación a la Comisión de Disciplina del organismo.

“Las falsificaciones en cuestión tuvieron por finalidad legitimar la intervención del Juez Dr. Martín Bava en el dictado de la sentencia, pues nunca participó en modo alguno del debate y se insertaron presuntas conformidades de las partes para que se le remitieran video grabaciones del juicio”, afirman los denunciantes. Y agregan que “la querella involucra al nombrado junto con los jueces Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela pues necesariamente participaron de los hechos”.

Al inicio del juicio, el tribunal se encontraba integrado por los mencionados Falcone, Portela y Alfredo Ruiz Paz, habiéndose designado como cuarto juez al Dr. Martín Bava  -titular del Juzgado Federal de Azul. Señala la denuncia penal que “durante todo ese largo debate, a excepción de la audiencia de palabras finales y lectura del veredicto ocurrida el 27 de abril de 2020, nunca estuvo presente, ni de manera presencial ni telemática, el cuarto Juez, Dr. Martín Bava quien no obstante firmó la sentencia”.

Concluidos los alegatos y previo a la audiencia de lectura del veredicto, las partes fueron notificadas de la renuncia del Dr. Ruiz Paz, para de esa manera “poder acogerse a un régimen jubilatorio más beneficioso que el que le hubiera deparado el que en esos días tenía tratamiento parlamentario”.

El proyecto al que hacen referencia fue convertido en Ley por aquellos días, y regula el régimen previsional de los funcionarios judiciales, elevando del 11 al 18 por ciento el aporte de jueces y fiscales al sistema previsional general, y si bien mantiene como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, el haber inicial de la jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo, como era antes.

“No se trató de una renuncia motivada en razones de fuerza mayor, ni por problemas de salud, ni mucho menos como consecuencia de planteos de las partes, sino exclusivamente en una decisión meramente especulativa del magistrado, en procura de poder jubilarse con mejores condiciones económicas a las que le habría de propiciar el nuevo régimen jubilatorio que se avecinaba”, denuncian los abogados.

Ello provocó que “de un día para el otro, el magistrado que sí había presenciado todas y cada una de las audiencias, ejerciendo la presidencia en muchas de ellas, formulando preguntas a los testigos, y que fundamentalmente presenció las alegaciones de esta defensa, literalmente desapareció del juicio, nada más ni nada menos cuando lo único que restaba realizar era la deliberación y dictado de sentencia”.

Y allí hace su aparición Martín Bava: “Fue así que intempestivamente, un magistrado que nunca asistió a las audiencias, que jamás conoció siquiera a los imputados, que no estuvo presente durante los alegatos, que nunca participó de los reconocimientos efectuados, ni durante las declaraciones testimoniales y que por tanto, no tuvo inmediatez con todo lo acontecido en el debate, pasó sin más a ser parte de la deliberación”.

En otros términos, un Juez que jamás asistió (ni de forma presencial ni telemática) a un debate de 2 años de duración, deliberó en unos pocos días y dictó sentencia, debiendo haber ver y oir las grabaciones acumuladas en ese tiempo.

No sin ironía, los denunciantes sostienen que nadie puede lograr semejante epopeya salvo que gozara de “capacidades sobrenaturales”. Vale agregar en este aspecto que no sería la primera vez que el Dr. Bava cumple diversas funciones: en 2012, mientras era titular del Juzgado Federal 2 de Azul, subrogaba el 1, instruía en Mar del Plata el caso del Juez Pedro Hooft, y también revestía como subrogante del TOF de Bahía Blanca.

Así mismo, los letrados aducen que en el Sistema Lex 100 de la Justicia donde se encuentran digitalizadas las causas, “no obra el más mínimo registro ni mucho menos una constancia  actuarial, que dé cuenta que al Dr. Bava se le hayan entregado en tiempo y forma los registros fílmicos de las audiencias celebradas, como tampoco constancia fedataria de un Secretario o Secretaria que refrende la efectiva compulsa de esos videos”.

Por lo que no dudan en afirmar que se estaría en presencia de “la comisión de graves delitos” por parte de los miembros del TOF Roberto Falcone, Mario Portela y el mencionado Bava.

En las 401 páginas que tiene el acta de debate, el nombre del juez aparece mencionados solo en dos oportunidades: una fechada el 27 de abril de 2018, y la otra el 8 de noviembre de 2019. En la primera, se afirma que “el Sen?or Presidente ordena que se de? lectura por Secretari?a de la Res. 225/18 de la CFCP (N. de la R.: Casación) por cuanto se designa como juez sustituto al Dr. Marti?n Bava, a quien se le remiten copias digitalizadas de las audiencias que se celebrara?n en el presente debate oral.”.

Pero aquí se presenta un problema. Además que los denunciantes aseguran no recordar que ello ocurriera de la manera descripta, la Resolución de la Cámara de Casación establece solamente dos maneras para que un magistrado designado en un juicio, como lo fue el Dr. Bava, intervenga en él: de modo presencial o “mediante el sistema de videoconferencia”.

“Jamás se mencionó en la audiencia que estos únicos modos de intervenir válidamente en un debate oral iban a ser reemplazado por el envío al cuarto juez de las filmaciones de las audiencias”, señalan los defensores, por lo que aseveran que “la falsedad ideológica es de fácil comprobación”.

Respecto al acta de 2019, la misma consigna que “tal como fuera dispuesto en su oportunidad, el Sr. juez sustituto Dr. Martin Bava, con la anuencia de las partes, no participa de modo presencial de la audiencia, remitie?ndose copias digitalizadas de las audiencias a tales fines”. Curiosamente, dicha acta no lleva las firmas de los Secretarios o Actuarios, “Jamás podríamos haber prestado conformidad a semejante irregularidad”, sostienen los denunciantes.

El delito de falsedad ideológica de un instrumento público se configura cuando se insertan en él declaraciones falsas sobre hechos a los que está destinado a probar, haciendo aparecer como verdaderos hechos no ocurridos, aprovechando la autenticidad del documento para mentir sobre circunstancia que debía acredita. Tal sería el caso que se denuncia.

“En definitiva, los hechos relatados ponen en evidencia la decisión de los magistrados de hacer uso abusivo de la función jurisdiccional que les fuera confiada”, concluye el grupo de letrados.

Cabe recordar que el Juez Martín Bava se había visto involucrado en hecho similar a fines de los 90, cuando oficiaba como secretario del Juzgado Federal de San Martín, donde falsificó la firma de un juez, según determinó el propio Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema, lo que generó que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación declarara la nulidad de lo actuado en la causa que se instruía, señalando “graves irregularidades” y vicios en el procedimiento.

Pablo Portaluppi

pabloportaluppi01@gmail.com