Por Emiliano Galli | LA NACION
El necesario y urgente dragado del puerto de Mar del Plata no es el único problema que enfrenta el Consorcio Portuario Regional marplatense, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional.
Mientras el Consorcio -intervenido por la provincia desde hace más de 6 meses, y a cargo del empresario designado por el gobernador Daniel Scioli, Matías Machinandiarena- volvió a llamar a licitación para el dragado de su acceso (nuevamente por 90 millones de pesos) tras haber quedado desierta la última convocatoria, el puerto sufriría una serie de irregularidades con algunos de sus permisionarios.
Hace más de 10 años, el puerto le entregó un permiso de uso en el espigón 7 a la empresa Terrena SA, que se comprometió a realizar inversiones y ofreció remover dos buques a cambio de no pagar el canon.
El permiso de uso para la reparación de embarcaciones en dos diques amarrados para ese fin (Mossdok I y Mossdok 2000) se venció el 23 de diciembre último y los buques Latar II y Kronomether no fueron removidos por la empresa. Tampoco se habrían realizado las inversiones comprometidas en 2001 por 1.750.000 pesos (dólares).
Así se desprende de un informe de situación sobre Terrena elaborado por el Consorcio, remitido al subsecretario de Puertos bonaerense, Jorge Otharán, al que tuvo acceso LA NACION. La situación de Terrena fue, además, ampliamente abordada por la publicación especializada marplatense Revista Puerto.
Terrena pertenece al grupo SPI Astilleros. Su dueño es Horacio Tettamanti, actual subsecretario nacional de Puertos y Vías Navegables.
El problema surge al intentar verificar con los actores el contenido de tal informe de situación, que advertiría sobre la necesidad de regularizar el permiso de uso vencido y “la irresuelta cuestión atinente a las obras no realizadas contra las cuales se había compensado la carga de abonar el canon por ocupación”.
Fuentes del Consorcio primero negaron la existencia del informe. Luego convinieron en que el informe “no es oficial”. SPI desconoce a su vez la nota. Y la Subsecretaría de Actividades Portuarias (SAP) niega asimismo el carácter “oficial” del documento, aunque reconoce haber recibido notas atinentes al estado del puerto. Pero no por “mesa de entradas”, es decir, el canal que “oficializa” la documentación.
No desarrollado
El informe en cuestión constaría de 12 puntos. El cuarto punto trata la situación de Terrena. “El informe es oficial, y llegó a la Subsecretaría el 8 de abril, fue sellado en mesa de entradas y lleva la firma de Matías Machinandiarena”, sostiene una fuente que solicitó reserva. “Pero el cuarto punto no estaba desarrollado. Lo mandó después Machinandiarena por pedido de Otharán”, añadió.
Este punto, de tres carillas, es al que accedió LA NACION, y es el que advierte que “debe definirse la cuestión si se le reliquida el canon insoluto (a Terrena) frente a la no concreción de las prestaciones refaccionarias del sector”.
“Tenemos que dragar y dejar ordenado el puerto con un reglamento propio de concesiones y contrataciones para los que inviertan en el puerto. Llevamos un atraso muy importante”, reconoció Otharán en diálogo con LA NACION.
Ese atraso pudo haberse generado por inacción de las gestiones anteriores del Consorcio, que no lograron resolver la irregularidad que destaca la nota que llegó a la SAP.
“Nuestra empresa no tiene ni ha tomado conocimiento de informes internos de la autoridad portuaria de Mar del Plata en general ni en particular, incluyendo el informe que se menciona”, señaló, por escrito, Sandra Cipolla, actual presidenta de SPI, tras destacar que la empresa no tuvo “reclamos ni irregularidades” para con el Consorcio, y que las empresas del grupo “nunca han dejado de cumplir con ninguno de sus compromisos asumidos, pagando siempre los cánones correspondientes por los espacios que ocupamos”.
Sin embargo, Revista Puerto publicó el martes último una nota con Daniel Sosa, asesor del puerto, quien afirmó: “La deuda que la empresa tiene con el consorcio es un estimativo de 1.700.000 pesos”, calculada sobre la base de la no remoción de los buques. Sosa también afirmó que Terrena está al día con el canon mensual por el uso del espacio. Aunque su permiso de uso se haya vencido.
“El grupo SPI no tiene a la fecha deuda exigible. En mi carácter de interventor estamos regularizando todos los permisos de uso que se están venciendo”, dijo Machinandiarena a LA NACION. Consultado sobre el compromiso asumido por Terrena de remover los buques, respondió: “Hubo intención de hacerlo, pero tenían interdictos judiciales, por lo que las inversiones no pudieron llevarse a cabo”.
Pero fuentes marplatenses empresarias y sindicales, incluso ex directores del Consorcio, manifestaron que los buques “estaban interdictos en el momento en que Terrena pide el permiso de uso y se compromete a removerlos”. El Consorcio aceptó estos términos. Luego, Terrena se excusaría de removerlos justamente por razones legales.
El Consorcio intimó a la empresa en varias oportunidades, pero el tiempo pasó. Y fue el gobierno nacional quien se hizo cargo, a partir de 2011, de la remoción de los buques, obra que fue anunciada en una visita de la presidenta Cristina Fernández, tras una licitación de 26 millones ganada por la UTE Emepa SA-Raúl A. Nigro, Cía SA.
Sin comentarios
Machinandiarena declinó comentar sobre el informe de situación de Terrena -que habría sido elevado por el consorcio a la SAP y que llevaría su propia firma- e insistió en que “no se trata de un informe oficial”, mismo comentario realizado por la SAP. “No voy a opinar sobre eso”, subrayó el interventor.
No obstante, según pudo saber LA NACION, el informe integrado se trata de la nota 76 /13, firmada por el propio Machinandiarena, con fecha del 22 de marzo pasado, y dirigido a Jorge Otharán, titular de la SAP. La mesa de entradas del organismo selló su ingresó a despacho el 8 de abril último.
Machinandiarena desarrolla allí 12 puntos, desde la situación del dragado hasta la obra del Arroyo del Barco, así como también informes sobre los predios concesionados a Elevadores Mar del Plata, y la situación de dos ocupantes de espacios: Astillero Contessi y Terrena.
El silencio en Mar del Plata obedece a la tónica provincial: una dependencia asfixiante de los fondos nacionales (el dragado depende de un aporte de 45 millones de pesos de la Nación). La situación irregular de Terrena con el Consorcio toca al subsecretario de Puertos de lleno, en su carácter de dueño de la empresa y de autoridad competente en el dragado del puerto..
