La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de promoción de empleo para personas travestis, transexuales y transgénero, que garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% del total del personal en organismos del Estado de los tres poderes, ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.
El proyecto, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos reconocidas activistas del colectivo trans víctimas de travesticidios, cosechó 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.
La presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, defendió la iniciativa y sostuvo que “viene a reconocer a una población negada, que tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado”.
“No hay otros motivos del desempleo estructural de la población travesti y trans más que su identidad de género”, afirmó la legisladora del Frente de Todos.
Precisó que dentro de esta comunidad travesti y trans, el 80% se dedica a la prostitución, el 95% no tiene trabajo formal, el 90% sufre violencia por motivos de género y la expectativa promedio es de 40 años.
“Todos estos datos demuestran la enrome cantidad de violencias que se inscriben en sus cuerpos. La sociedad patriarcal las ha vuelto invisibles para la vida laboral, las ha perseguido con las fuerzas de seguridad y las ha empujado al anonimato social”, concluyó Macha.
Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.
A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo.
La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio.
Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
Este último punto es el que despertó alguna controversia en un puñado de diputados opositores, como el legislador del PRO Alejandro García, quien consideró que “es un pésimo antecedente que este cuerpo se atribuya per se cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no lo son”, cuando eso está regulado por el Código Penal.
Al hacer uso de la palabra en el debate, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que esta ley supone apenas una parte de la respuesta que el Estado “le debe reconocer al colectivo travesti, transexual y transgénero”.
“Debe reconocer reparando el pasado de ausencia de ese Estado, los distintos tipos de violencia emanadas desde ese Estado, la encarnizada discriminación y estigmatización a las que miles de personas de este colectivo fueron expuestas con exclusión, cárcel y muerte”, consideró el opositor.
Ferraro señaló que esta ley “es un acto de reparación y reconocimiento de derechos porque El amor que les/nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo, en definitiva, nuestra sociedad”, agregó.
El referente del partido de Elisa Carrió lamentó que en el país y “por muchísimos años, las personas travestis, transexuales y transgénero fueron tratadas como ciudadanas y ciudadanos de tercera”.
Emocionada, la diputada del Frente de Todos por Córdoba Gabriela Estévez celebró el tratamiento del proyecto y sostuvo que “cuando el Senado la apruebe será una Ley con legitimidad de origen que brindará respuestas concretas a un colectivo que históricamente fue violentado, excluido y vulnerado en sus derechos fundamentales”.
“El propósito de esta Ley es que las travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados, y, especialmente, que las infancias trans de todo el país, y sobre todo del interior profundo, puedan tener un presente y un futuro rodeadas de mucho amor y con pleno goce de su ciudadanía”, concluyó.
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