Una seria y grave preocupación emitida a través de la Declaración de Formosa, advierte con singulares precisiones, cuáles son las condiciones en las que se desenvuelven las fuerzas de seguridad en nuestro país, ante el desaliento que produce la desatención de la problemática, por parte del gobierno nacional y provinciales. Sostienen que en la actualidad, se mantiene el Terrorismo de Estado, que se aplica a este sector, del cual la población espera respuestas que no llegarán nunca con las políticas en vigencia, que provocan sabotajes y espionaje sobre sus organizaciones, además de la discriminación que sufren sus miembros en diversos aspectos, dice entre sus conclusiones el VII Congreso Nacional FASIPP (Sindicato Nacionales Policiales y Penitenciarios de la Argentina)
“Declaración de Formosa” Los integrantes de la FASIPP reunidos en el marco del VII Congreso Nacional sesionando en el Complejo Juan Pablo II de esta ciudad y bajo el lema: “Juntos podemos, juntos somos más”.
A los 6 días del mes de setiembre de 2012 DECIMOS: La FASIPP reafirma su voluntad de aportar en la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria e inclusiva, donde nuestros derechos y el de todos los demás sean moneda corriente. Es por ello que somos y seremos siempre respetuosos de la ley y las autoridades instituidas. Esto que se debe construir dentro del actual marco institucional, legal y político hoy nos tiene a los trabajadores policiales y penitenciarios argentinos privados de ello con mayor o menor intensidad según los escenarios, pero que como regla general es aplicable a todos. En este sentido seguimos observando la indiferencia del gobierno federal ante los reiterados pedidos de audiencias a las máximas autoridades a los fines de plantearle la grave situación que se vive y las posibilidades que los trabajadores tenemos de aportar soluciones al grave problema de la inseguridad.
También es un deber alertar sobre el avance en la aplicación de leyes, decretos, decretos leyes, reglamentos de carácter nacional y/o provincial con criterios cercenan de nuestras garantías más elementales como el derecho a la libertad, a la expresión, peticionar a las autoridades, reunirnos con fines lícitos, de ejercer la libertad sindical y otros que parecieran intocables a esta altura de la historia de la humanidad.
El derecho al voto, universal, secreto y obligatorio no le alcanza en plenitud al trabajador policial, el Código Electoral Nacional PROHIBE el voto a los policías de la jerarquía agente, por lo cual se le retiene su documento durante el acto eleccionario.- Asimismo por la misma norma se establece la obligatoriedad de ejercer el voto en la mesa donde cada ciudadano se encuentra inscripto, lo que resulta en la práctica en la imposibilidad del ejercicio de este derecho de los policías afectados al servicio electoral, por cuanto seria una casualidad que le tocara cumplir el servicio en la misma mesa donde se encuentra inscripto, y aunque en oportunidades se le permite votar lo es solamente como “favor” de las autoridades de mesa y no como el ejercicio pleno de un derecho constitucional.
Las recientes muestras de actitudes antidemocráticas y en ocasiones hasta ilegales de algunas altas autoridades incluso primeros mandatarios provinciales en este sentido nos lleva a poner énfasis en el reclamo dado la clara campaña de “Terrorismo de Estado” que aggiornada a esta altura de la vida democrática, se corporiza en la aplicación del residual marco legal de épocas dictatoriales reñido definitivamente con esta etapa donde se declama y avanza en algo en materia de respeto y defensa de derechos humanos, tareas de espionaje y sabotaje contra organizaciones como la nuestra, persecución y acoso administrativo, judicial, político y mediático de dirigentes que no es exclusivo a policías y penitenciarios ya que nos incluimos en los más de cinco mil dirigentes en esta situación. No podemos obviar en este contexto la suerte corrida por dirigentes de nuestras organizaciones afiliadas que también han sido puestos en situaciones similares de manera y en circunstancias donde claramente ejercían un derecho de los mencionados.
Las condiciones de trabajo y de vida de los cientos de miles de trabajadores del sector y sus familias son materia de preocupación creciente ya que la media nacional no llega a cubrir la mitad de la “Canasta Familiar Real” de cada región, el acceso a la vivienda está limitado en posibilidades y condiciones, la aplicación de políticas sociales regresivas como el “Impuesto al Trabajo o Ganancias” y la discriminación en “Asignaciones Familiares” son instrumentos perversos, los proyectos de precarización laboral y extensión de servicios hacen cada vez más incierto el proyecto profesional y laboral entre otros. En este contexto creemos propicio alertar a la comunidad toda sobre los perjuicios que esta situación trae no sólo a este sector de trabajadores que representamos y que consideramos como uno de los más vulnerables que paradójicamente se pretende brindemos seguridad, sino al resto de los conciudadanos de la Nación.
Reclamamos el respeto a la ley que nos pide que cumplamos y hagamos cumplir. Es por ello que creemos hoy más que nunca que la plena vigencia del estado de derecho, el respeto de los derechos humanos para todos y el funcionamiento institucional correcto del país son la vía para desterrar de una vez para todas estas prácticas que creíamos en el pasado pero que se mantienen hoy a mas de tres décadas de democracia. La FASIPP una vez más expresa como lo ha hecho en cada rincón de nuestra Patria el compromiso claro e ineludible en defensa de los intereses sectoriales pero con responsabilidad social y subordinando el interés propio al bien común y en esto volvemos a reafirmar también la idea de instituciones policiales y penitenciarias argentinas “Democratizadas”, “Desmilitarizadas”, “Humanizadas” y “Profesionalizadas”. ALBERTO MARTINEZ, secretario General y MIGUEL ANGEL REYNOSO Secretario Adjunto
