Un pedido de destitución realizado por una ONG contra el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense es analizado en el Senado provincial. En el escrito, e denuncian presuntos “negociados” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y alquiler de “pabellones de privilegio”.
En la presentación realizada por la entidad Familiares de Víctimas del Sistema de Crueldad (Favisic) se da cuenta de “torturas”, “vejámenes”, “hacinamiento” y “muertes” como “práctica sistemáticas en todas las unidades penitenciarias” de la provincia.
También se denuncian “asociaciones ilícitas” en relación a “las contrataciones” y “negociados con los alimentos, con los sobreprecios que se pagan”. Para los denunciantes “es infantil pensar que el señor ministro (Casal) está ajeno a estas situaciones” y sostienen que el titular de la cartera de Seguridad “conoce a la perfección lo que sucede ya que hay infinidad de organismos que denuncian lo que sucede”.
“Es muy fácil organizar un torneo de fútbol entre internos o recitales de bandas de rock para los grupos de detenidos que trabajan para el Servicio Penitenciario Bonaerense lastimando a otros internos, vendiendo drogas, saliendo a robar para ellos con armas que les proporcionan, y luego decir que la situación en las cárceles mejora”, dice la extensa denuncia legislativa fechada en julio de 2012.
Los denunciantes hablan de “situación compleja” y reclaman “compromiso concreto”. “Por eso solicitamos la destitución del ministro y que su cargo lo ocupe una persona que tenga verdaderos valores en materia de Derechos Humanos y profundas ganas de instalar un cambio favorable, dejando de lado los turbios negociados que les llenan los bolsillos a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario”.
En la denuncia, firmada por Natalia Sarrautte y Gustavo Jaramillo, se da cuenta de constantes traslados compulsivos como método de castigo a los internos y la existencia de “pabellones de privilegio” al que los detenidos acceden mediante el “pago de una suma de dinero que debe afrontar la familia” y resaltan que a esos sectores VIP no se accede como premio por buena “conducta”.
En esos sectores exclusivos “lo que se garantiza es que no roben, no se realizan requisas y el detenido se encuentra con un grado de tranquilidad” al tiempo que las visitas “se hace dentro del mismo pabellón, que en general son más confortables” que los salones de usos múltiples de los penales. Estos SUM “no” tienen “infraestructura adecuada” y “las mesas no son suficientes para todos los familiares”.
Desde la entidad concluyeron que el ministro Casal incurrió en los delitos de “mal desempeño en sus deberes de funcionario público” y presunto facilitamiento de “comisión de delitos” por parte del SPB “ya que es responsable directo, la máxima autoridad quien debe garantizar los derechos fundamentales de los detenidos en el ámbito de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires”.
Agencia NOVA
