“Pichichi” complicado: revelan más detalles de la estafa al IOMA

Mientras la Justicia platense investiga el monto que se habría desviado por las maniobras de las presuntas estafas que se le atribuyen a 18 funcionarios y ex funcionarios del IOMA, entre ellos su ex titular durante la gestión sciolista, Antonio La Scaleia, se conocieron nuevos detalles del posible modus operandi para perjudicar a la obra social bonaerense.

En el escrito judicial al que tuvo acceso el medio El Día se consigna que la maniobra consta en por lo menos 78 casos de afiliados a la obra social que figuraron como beneficiarios de servicios de internaciones domiciliarias que nunca recibieron.

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Según uno de los denunciantes, se crearon prestaciones truchas de médicos, se inflaron los servicios que se brindaban y lo inédito, tal como lo reflejó el programa Periodistas para Todos, algunos profesionales se “transportaban” decenas de veces a domicilios separados por cientos de kilómetros.

De acuerdo con lo que consta en el expediente judicial, había médicos que estaban el mismo día y, a veces, a la misma hora, en distintas ciudades del interior bonaerense. “Por ejemplo, una terapista ocupacional atendía 35 personas por día, lo que es prácticamente imposible. Pero es peor aún, porque estas 35 personas vivían en Luján y en Mar del Plata”, según el abogado denunciante Alfredo Dahhur.

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Otro caso que presentó el programa es el de una kinesióloga, que apareció durante un mes en 10 lugares distintos como Villa Luzuriaga, Coronel Vidal, Miramar, Vedia, Arenales, Colón, Rojas, Salto, Chacabuco y Ciudadela. El otro mes, otro médico figuró con pacientes en las ciudades de La Plata, General Pirán, Coronel Vidal, Mar del Plata, Lincoln, Alem, Junín, Viamonte, Chacabuco, Colón, Ramallo y Caseros.

Según confirmaron, la facturación total de cinco empresas que habrían participado del fraude fue de 656 millones de pesos. Así lo manifestó el diputado de Cambiemos Guillermo Castello, quien ofició como uno de los denunciantes de la presentación realizada por la diputada nacional Elisa Carrió.

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Castello presentó pruebas a la causa que investiga el fiscal platense Álvaro Garganta a través de la figura “amicus curiae” (amigo del tribunal) y señaló que sobre estos funcionarios pesa la presunción de que habrían actuado con un modus operandi por el que “la mayoría de las prestaciones domiciliarias eran derivadas indebidamente por diferentes vías a cinco empresas vinculadas a funcionarios del IOMA”.

Además, el legislador y denunciante, afirmó que a esas mismas empresas en cuestión “se les pagaron infinidad de prestaciones que nunca existieron y que se justificaban con firmas falsas de afiliados tomados al azar”.

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“IOMA pagó millones en prestaciones inexistentes”, aseveró Castello. Y contó que en total estas empresas facturaron a la obra social en el período que se investiga -entre 2013 y 2015- “656.600.000 millones de pesos”.

Hasta el momento 18 procesados

Con aclaró El Día18 funcionarios fueron procesados por esta causa, entre ellos representantes de los gremios UPCN y SUTEBA en el directorio del organismo, el actual director de finanzas de IOMA y dos empresarios, sospechados de formar parte del grupo involucrado en la estafa.

El procesamiento y la citación a prestar declaración indagatoria por parte de Garganta tiene como cara visible a Antonio La Scaleia, un médico cirujano que ocupó la presidencia de la obra social que presta servicio a más de dos millones de bonaerenses entre los años 2010 y 2015 y que cosechó decenas de denuncias por irregularidades y estafas en el organismo.

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También fueron procesados dos ex vocales integrantes del directorio por los gremios mayoritarios de la Provincia: Luis Ángel Pérez, representante de UPCN, y Patricia Viviana Nisembaum, quien ocupó ese cargo en representación de SUTEBA. Según las denuncias, ambos son cercanos a los conductores de los gremios, Carlos Quintana y Roberto Baradel, respectivamente. De acuerdo a la acusación de Seillant, tuvieron participación en las maniobras al prestar la firma para la autorización de módulos de internación domiciliaria a afiliados de sus sindicatos que nunca recibían el servicio.