Ya el año pasado con motivo del patrocinio realizado a una mujer embarazada que le fuera diagnostico síndrome de prune belly que provoca la muerte del por nacer una vez fuera del seno materno, reclamamos la existencia de un Protocolo Médico para casos de abortos no punibles y expresamente excluidos de los supuestos previstos en el Código Penal Argentino, que omita la realización de largos y penosos derroteros judiciales cuando claramente estamos hablando de actos no prohibidos.
Hoy volviendo sobre la cuestión, nos encontramos que informes realizados por el Ministerio de Salud de la República Argentina dan cuenta de que se realizan de forma clandestina entre 400.000 y 500.000 abortos al año, muchos de ellos en condiciones de insalubridad y mediante métodos caseros, provocan la muerte de 400 mujeres al año. Así, a mayor agravamiento de las condiciones de desigualdad existentes, tenemos que decir que provoca la muerte no de cualquier mujer, sino de 400 mujeres en situación de pobreza, ya que la práctica realizada en condiciones de asepsia y salubridad adecuada, es una práctica médica de riesgos mínimos.
Por ello, tenemos que decir que la incongruencia de la penalización solo ha servido en la Argentina como método para ampliar las brechas de desigualdad, no evitando las prácticas del aborto, pero si provocando la muerte de mujeres que necesitan y requieren de la asistencia sanatorial del estado.
Si realmente nos planteamos evitar la traumática y angustiante practica de maniobras abortivas sobre el cuerpo de una mujer, debemos entonces profundizar no solo en la educación sobre salud sexual y reproductiva como pilar fundamental para evitar embarazos no deseados, sino también trabajar sobre las condiciones socioeconómicas que muchas veces empuja, en soledad, sin el acompañamiento del estado, a la toma de una decisión que siempre es difícil e indeseable.
Para ello requerimos de un estado presente y no de un estado gendarme.
La irrazonabilidad de pretender solucionar un problema social mediante la ley penal nos lleva cotidianamente a la existencia de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de mujeres de bajos recursos, situación que debe ser urgentemente modificada.
Los contenidos del derecho a decidir de las mujeres son múltiples y variados, y van desde la planificación familiar, la defensa del derecho a la salud física y psíquica hasta la disposición con autonomía sobre el propio cuerpo sin injerencias ni de terceros ni del estado. Hoy afirmamos sin cortapisas la penalización del aborto no los evita, y en cambio provoca la muerte de las mujeres en mayor situación de desprotección.
