La calidad de Carlos Wagner, en su calidad de arrepentido en la causa de los cuadernos, tiene varios significados que impactan en Mar del Plata. Teniendo en cuenta la función que habría cumplido Wagner en el entramado de corrupción, la información que pueda aportar generaría un cimbronazo en este expediente y en otros donde se indagan hechos ilícitos vinculados al Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
En Mar del Plata y la zona, provoca singular expectativa que quien se acogió a los beneficios de la figura del arrepentido de Patricio Gerbi, quien ostentara en esta ciudad el mismo cargo que Carlos Wagner, y no en vano existen evidencias que así lo señalan.
La red de corrupción de la obra pública y su organización respondió a una misma matriz, por lo cual Gerbi podría haber cumplido el mismo eslabón ante organismos públicos, gobernación, municipalidad y sociedades de Estado, como en el caso de OSSE, la empresa abrumadoramente relacionada con contratos de Obras Sanitarias. Desde la Oficina de Anticorrupción, se sospecha que existen arrepentidos que han aportado datos de mínimos contenidos e insignificantes a la hora de la evaluación, lo cual puede hacer recaer en involucrados penas de mayor severidad, si han mentido u ocultado información.
“La Oficina Anticorrupción (OA), en su rol de querellante en la causa de los cuadernos de las coimas, presentó ante la Cámara Federal porteña un extenso escrito donde plantea la necesidad de confrontar las versiones de los imputados colaboradores, contrastarlas con las declaraciones que hicieron en otros expedientes y hasta solicitar que se los vuelva a indagar para profundizar sobre sus dichos. La OA quiere evitar contradicciones en lo que declararon que podrían servir como estrategia para trabar la causa cuando llegue a juicio oral y además sospecha que muchos de los procesados pueden haber mentido”, dice Lucía Salinas en Clarín.com
El juez Claudio Bonadio procesó a 41 personas como partícipes de una asociación ilícita, que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner y como organizadores a Julio De Vido y a Roberto Baratta. En el expediente, una veintena de acusados se acogieron al régimen previsto en la Ley 27.304, la que avala a los arrepentidos.
En función de esas confesiones, el juzgado determinó el funcionamiento de la estructura de corrupción que cobraba coimas a empresarios de la obra pública, del sector energético y del transporte, aplicando esos fondos -según el magistrado-, al enriquecimiento ilegal de algunos integrantes de la asociación ilícita, y otra parte de lo recaudado al financiamiento de la política.
La OA, que conduce Laura Alonso, apeló varias medidas de Bonadío ante la Sala I de la Cámara federal porteña, entre ellas una serie de faltas de mérito dictadas. Y también se quejó de la falta de acceso a todas las confesiones, por decisión del juez. En este punto, el organismo planteó que no sólo reclaman obtener copias de dichas indagatorias, sino que piden a los camaristas que avalen el planteo respecto a confrontar las declaraciones de los arrepentidos con las realizadas en otras causas. Consideran que puede haber “contradicciones o faltante de información en lo confesado”, expresó una fuente oficial.
Por otro lado, el organismo del Gobierno planteó que el Fiscal Carlos Stornelli, con quien los acusados firman el acuerdo de colaboración para convertirse en imputados colaboradores, debe “profundizar las declaraciones tomadas” en el marco de la Ley del Arrepentido. Justamente, la normativa prevé que se pueda volver a convocar a quien ya declaró para que “aclare aspectos sobre los que ya depuso o contraponerlo con las declaraciones de otros “arrepentidos o probanzas que se vayan incorporando”, señala el escrito de la OA.
De manera más soslayada, según pudo saber Clarín, el organismo considera que hay ciertas “contradicciones entre el sistema de recaudación planteado por algunos arrepentidos, diferentes mecanismos” y además, sostienen que “algunos empresarios como ex funcionarios no plantearon todo lo que podrían decir”.
Como eje del planteo, indicaron en el escrito que la colaboración del imputado no se debe considerar de “manera estática” y que los que ya declararon pueden volver a ser convocados.
¿Qué busca la OA? Que los “arrepentidos” vuelvan a ser indagados y que se “cotejen las declaraciones que se brindaron en los legajos” ya que “se ha podido apreciar que hay algunas versiones que aparecen como incompletas cuando se las compara con otras”, señalaron en el escrito.
Como ejemplo positivo, citan a la declaración de Juan Carlos De Goycochea (ex director de Isolux) que fue evaluada por el organismo anticorrupción como “completa”. “Fue el primero en decir que hablar de aportes de campaña era un eufemismo”. Respecto a los ex funcionarios, sostienen que deben dar más precisiones ya que “los sistemas de cobro de coimas varían según la confesión”, destacaron. Y citaron los casos de José López y Claudio Uberti. Ambos recolectaban, pero dieron datos diferentes de cómo era el sistema de cobros y pagos ilegales
En el caso de las declaraciones de los empresarios, en la OA sostienen que “se observan datos incompletos”. Y destacan que no dieron explicaciones precisas sobre “el origen de los fondos”. Ni el fiscal ni el juez indagaron sobre esos puntos, sostiene ¿Eran fondos en blanco o en negro? ¿Acaso figuran en los balances de las empresas? Sobre esos puntos creen que se debe seguir indagando.
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