Luego de una serie de tanteos exploratorios –y ultra reservados- por parte de Ejecutivo, la segunda tanda de designaciones de jueces, fiscales y defensores de la era Kicillof parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención que no haya existido convocatoria para que sesione en la semana que comienza la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que es la que tiene que darle despacho a los pliegos para que después lleguen al recinto, donde serán aprobados.

Al parecer, ese freno intempestivo está relacionada con fuertes discrepancias surgidas en torno a algunos nombramientos en particular. Uno es el del postulante a fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Román Baccini. Ligado a Martín Insaurralde, Baccini tiene un pedido de jury presentado por los senadores libertarios Florencia Arietto, Joaquín De La Torre y Carlos Curestis, que le cuestionan su actuación en la investigación de la causa La Salada. Ponen además la lupa en la desestimación de una denuncia contra un funcionario de la Justicia nacional.

No es el único departamento judicial donde existe ruido: en Avellaneda-Lanús, donde se nombrarán tres jueces de cámara y una magistrada del fuero laboral, el problema es la interna en el oficialismo. Allí, La Cámpora gobierna en Lanús (Julián Álvarez) y Quilmes (Mayra Mendoza), mientras que en Avellaneda lo hace el neokicillofista Jorge Ferraresi. La justicia no es el único ring entre ellos: los mismos actores pelean por el manejo del puerto de Dock Sud. En las últimas horas, Kicillof recibió a Álvarez y Mendoza, con el objetivo de contener enojos.

Pese a esas fricciones, en el Ejecutivo confían que el expediente con los nombramientos pueda ser tratado en unos 15 días. Pero trabajan para que ocurra lo contrario con el proyecto para subir el costo de las indemnizaciones. Esta semana, su autora, la camporista Mayte Alvado dio entrevistas en radio y en medios gráficos en las que defendió la iniciativa. Hace unos días, le preguntaron a Kicillof si era una iniciativa del Ejecutivo y respondió con un seco “no”. Es una novedad, porque hasta ahora no se había pronunciado en público sobre el tema.

Senadores que podrían tratar el proyecto si falla el ejecutivo y obtiene dictamen, escucharon en las últimas horas la siguiente sugerencia: “el proyecto es inconstitucional, aprobarlo es exponerse a que se caiga en tribunales”. Lo notable es que el interlocutor no era un opositor. Mientras, en el primer círculo en torno a Kicillof circula la idea de que se trata de una trampa, que describen así: “saben que es inviable, pero mientras se discute, las PYMES y el campo protestan al gobernador; si se aprueba apuestan a la necesidad de un veto para correrlo por izquierda”. ¿Quiénes “saben” y quienes “apuestan” en esa versión? Legisladores camporistas cercanos a Máximo Kirchner, claro.

Reconfiguraciones

La legislatura también es caja de resonancia de otras querellas. La durísima recriminación que Patricia Bullrich le hizo a Mauricio Macri por su sinuoso juego en torno al trámite en el Senado de la ley previsional alentó la versión de una ruptura en los bloques de PRO en el Congreso. En la Legislatura, donde ya se quebraron, el efecto es inverso: se echó a correr la versión de una unificación. Sería entre las bancadas bullrichistas de PRO Libertad y las de La Libertad Avanza en ambas cámaras.

Pero lo más jugoso se da en Diputados. Allí, la oferta incluye sumar a liberal díscolo Guillermo Castello, que tiene un unibloque llamado Libre. Y a Jazmín Carrizo, ligada a la libertaria réproba Carolina Píparo, que tiene otro bloque unipersonal, en este caso llamado BA Libre. Lo llamativo es que también recibió una oferta el diputado Martiniano Molina, exintendente de Quilmes. ¿Dará el salto? Con malicia, hay quien sostiene que la presión para volverlo libertario tiene como contracara su renacimiento como cocinero mediático con un programa propio en la TV pública.

Hay un costado muchos menos anecdótico de ese eventual movimiento: si se concretase, el espacio resultante pasaría a ser la primera minoría, por encima del PRO original. En esa hipótesis, los bullrichistas podrían recuperar lugares institucionales que perdieron cuando rompieron la bancada. El sillón en el Consejo de la Magistratura que Fernando Compagnoni perdió a manos del olavarriense Martín Endere podría ser un caso. En el directorio del Banco Provincia, el bahiense Santiago Nardelli sigue la trama con interés.

En la UCR también hablan de una potencial fusión de bloques. Parece un rumor de concreción remotísima, pero forma parte de un contexto específico: los movimientos previos a la definición de la conducción del partido en la Provincia. En las últimas horas, el oficialismo que responde al senador Maxi Abad formalizó la candidatura del Exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández. La acompañó con una foto para exhibir fuerza: 20 intendentes respaldando, tres legisladores nacionales y 16 provinciales. Y con un llamado a la unidad.

Del otro lado, Facundo Manes y Martín Lousteau probablemente respondan con el lanzamiento de un candidato propio. El lugar se barajó para el de Tandil, Miguel Lunghi, que declinó por motivos de edad. Ahora se habla de un alcalde del noroeste de la provincia. Aquí también tienen respuesta a la exhibición de acompañamiento de Abad: “sin Lunghi, los intendentes representan el 3% de la población y son el 7% de la interna partidaria. Nosotros vamos a tener entre 5 y 10 alcaldes: esto se define en ciudades intermedias, donde somos competitivos”, desafían. (DIB) AL