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Por Andrés Lavaselli
La construcción de una planta de gas natural licuado para exportar el fluido que se extrae en Vaca Muerta se transformó en los últimos días en eje de la discusión política más importante de la Provincia: detrás de un proyecto de inversión de dimensiones inéditas asoma una dura puja entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei para definir si se instala en Bahía Blanca o en un puerto de Rio Negro, que ya involucra ya a todas las fuerzas políticas bonaerenses.
Un brevísimo repaso por los números del emprendimiento permiten calibrar la dimensión de lo que está en juego: el proyecto, que cerró YPF durante la presidencia de Alberto Fernández –el kirchnerista Pablo González estaba a cargo de la compañía- con la estatal malaya Petronas, supone una inversión directa final del orden de unos 50 mil millones de dólares y la creación de al menos 16 mil puestos de trabajo. Permitiría exportar cuando esté listo – en diez años- 25 millones de toneladas/ año de gas, y cambiaría la matriz energética del país, además de aportar dólar en un volumen tal que se podría superar la llamada restricción externa que estrangula periódicamente el crecimiento de la economía argentina.
Bahía Blanca aparecía hasta fines del año pasado como el destino definido para instalar la planta: en favor de ventajas logísticas de su puerto, que ya tiene infraestructura desarrollada, Petronas avanzó con estudios de prefactibilidad que dieron resultados positivos. Pero después de gobierno, comenzó a surgir la posibilidad de trasladar todo a Punta Colorada, en Rio Negro.
Fue una intervención pública del CEO actual de YPF, Horacio Marin, lo que hizo estallar el debate hace una semana. En público, explícitamente y sin que medie definición previa de Petronas, Marin dijo que es un requisito que la provincia que quiera quedarse con la radicación de la planta adhiera al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), que el jueves probablemente apruebe la cámara de Diputados como parte de la Ley Bases. Para que se entienda el trasfondo político: el RIGI fue respaldado por el gobernador rionegrino, Alberto Wereltinek, pero criticado por Kicillof.
Por eso en el gabinete bonaerense hablan de un “apriete” de Marin para justificar una decisión previa de quitarle a una provincia opositora el proyecto y, de paso, para colocar a Kicillof en la encerrona de tener que respaldar el RIGI a costa de, caso contrario, hacerlo responsable de la pérdida de la inversión más grande de la historia bonaerense. “El RIGI todavía no se votó, los malayos no dijeron nada, pero salió Marín a apretarnos en nombre de Weretilnek”, se quejan en La Plata. Y describen al CEO como un hombre más ligado al grupo Techint para el que trabajó que al funcionariado libertario.
Hay dos afirmaciones importantes que dejan trascender desde el entorno de Kicillof sobre esta controversia: 1) En sus diálogos con el ministro de la Producción, Augusto Costa, los representantes de Petronas siguen afirmando de que la planta se hará en Bahía Blanca, tal como se informó acá justo antes de que la polémica terminara de tomar estado público. 2) A diferencia de lo que dice el CEO en público, sostienen que la Provincia no estaría obligada a adherir al RIGI para que los beneficios impositivos y cambiaros de ese régimen, que son nacionales, pueda aplicarse al proyecto.
Dato central: el gobernador bonaerense no definió aún qué postura final tendrá respecto de ese régimen de inversiones, algo que recién dará a conocer cuando sea aprobado por el Congreso. Lo cual deja abierta la posibilidad de una adhesión con alguna variante crítica o un complemento montado sobre el régimen de promociones que tiene la provincia.
A la par, en la Legislatura provincial, que deberá eventualmente votar la adhesión al RIGI, también bullen las especulaciones. Allí ya se aprobó con amplio respaldo un proyecto declarativo que respalda a Bahía Blanca como sede de la iniciativa. Pero dar el OK al RIGI es otra cosa. Los libertarios “oficialistas” ya salieron a decir que sí a través de Agustín Romo, al igual que los disidentes presididos por Carlos Kikuchi, interesados vía el diputado Sergio Vargas, de Punta Alta. Para ellos es una manera de sumarse a una movida que incomoda a Kicillof, que se vería reforzada en las próximas horas con un proyecto para ampliar exenciones fiscales pero de la Provincia.
Pero para el resto la opción no es tan claro: el PRO, podría esperarse, se ubicará del lado de LLA, aunque hay allí legisladores que vienen de Bahía Blanca. En la UCR hay cautela en el sector que responde a Maximiliano Abad y malestar por la movida de Marin en el alineado con Facundo Manes. Su decisión final también estará en línea con cómo votan sus representantes en Nación. ¿Y los peronistas de la sexta sección, camporistas, insaurraldistas, massistas, qué harán si la presión para adherir se transforma en la única manera de asegurar un proyecto clave para su pago chico?
La interna interminable
Mientras esa discusión de fondo tiene lugar, la interna en el peronismo provincial suma capítulos. Esta vez, fue el cruce de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien calificó de “cagón” a su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, por hacer un acto en su distrito sin avisarle, lo que reactivó la tensión. Como se sabe, Mendoza responde a Máximo Kirchner, que la impulsa como posible candidata a gobernadora, mientras que Ferraresi empuja a Kicillof como nuevo líder del peronismo y quiere eliminar la influencia La Cámpora en el armado de las listas.
El nuevo eje de las disputas – o el renovado pretexto para una pelea que adquiere metices pero no cesa- es la estrategia de jefe comunal de Avellaneda de hacer actos en distritos “ajenos”. Dicen cerca de Máximo: “esa metodología es inédita y rompe las reglas implícitas de la convivencia territorial”. Responden desde el entorno de Ferraresi, que en las últimas horas sumó un encuentro en Lanús, tierra del camporista Julián Álvarez: “antes de las elecciones ellos se cansaron de caminarnos el distritos con el diputado Emanuel González Santalla a la cabeza, para hacernos perder. Y ahí nunca se quejaron”.
Kicillof se quiere desmarcar: “el problema, la pelea, es de Máximo con los intendentes, viene desde el cierre de listas y tiene que resolverla entre ellos”, dicen en su entorno cercano. En esa mirada, que no excluye la sospecha de que hay en marcha una presión para romper el vínculo entre el Gobernador y Ferraresi, Kicillof es víctima de un tironeo que le exige un posicionamiento que a él no le conviene definir ahora: “retrasa la construcción de un espacio de oposición más amplio a Milei y distrae de peleas importantes, como las de RIGI”, dicen.
Menos cruenta, la interna radical también está activa: el sábado próximo, en Santa Fe, compartirán micrófono Gastón Manes, Maximiliano Pullaro y Martín Lousteau. ¿Esa foto será un preámbulo de un acercamiento del “facundismo” a Evolución en la Provincia? La afinidad entre ellos podría convertirlos en aliado contra el oficialismo de Maximiliano Abad. (DIB) AL
