Fuentes parlamentarias, admitieron a CyC que “existen fuertes presiones a los citados para que no concurran a dar testimonio del estado de cosas en la construcción de viviendas” que financia el oficialismo.
Estas maniobras se inscriben en la estrategia kirchnerista de que “toda investigación quede en manos del juez Norberto Oyarbide”. Es decir, cortar el paso a la investigación que en forma paralela desarrolla el juez federal Martínez Di Giorgi. En esa causa, que inició el abogado Jorge Vitale, están denunciados por presunta defraudación al erario público Hebe de Bonafini, en su condición de titular de referida Fundación y los ministros Julio De Vido y Aníbal Fernández, a los que se atribuye además, incumplir con los deberes de funcionarios públicos.
El oficialismo, ha montado un escenario de espectacularidad para cada medida de Oyarbide a fin de salvar la responsabilidad de Bonafini, primero y que Schoklender, a lo sumo, quede al resguardo de una causa por “evasión impositiva”. Nada más. Por eso es que Bonafini reduce su presentación judicial a “pedir que se investigue”. En ningún momento acusa a su “hijo adoptivo” por falta de dinero. Así no habría defraudación, sino una simple causa por evadir el pago de impuestos por el patrimonio de los Schoklender.
En cambio, el juez Di Giorgi, ya tiene en su despacho los informes que solicitó referidos a los convenios de viviendas firmados con las Madres correspondientes al gobierno porteño, las intendencias de Almirante Brown y Tigre y de las provincias Santiago del Estero y Chaco. Se conoce también que el mismo magistrado recibió la información requerida al Banco Central y que allí, los depósitos registrados en las cuentas de la Fundación de Madres no coincidirían con los pagos efectuados por el Gobierno nacional. Es decir, comenzaría a constatarse un principio de defraudación.
También Di Giorgi pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ), para que constate quienes son los fundadores y el Consejo de Administración de la Fundación, toda vez son responsables solidarios por los fondos que falten, como así también por los presuntos sobreprecios en el costo de las viviendas y la mala administración de la entidad que el juez Oyarbide pretende atribuirle totalmente a Schoklender.
El enfoque judicial que lleva adelante el magistrado oficialista, busca únicamente “despegar” de las responsabilidades a Bonafini y reducir lo hecho por Scoklender a una simple evasión impositiva. Para eso en la presentación el abogado de Bonafini, Eduardo Barcesat, limitó su interés a “que se investigue” y no denunció que haya faltantes de los fondos enviados por el Estado. Una enorme farsa jurídica para “borrar” las implicancias políticas y financieras de esta enorme estafa con la que el gobierno de Cristina K pretender negar que es el principal responsable por la adjudicación, el pago y el contralor de los planes de viviendas y no los municipios a los cuales se “les impone todo cocinado”.
Roberto Muñoz
