En nombre de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Mar del Plata y en representación de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires que desempeñan sus tareas en los Centros Cerrados y de Recepción de jóvenes en conflicto con la ley penal; informamos a la opinión publica en general que nuevamente nos encontramos enmarcados en estado de alerta y movilización ya que ha trascendido que de acuerdo a lo resuelto por el Poder Judicial del Departamento Mar del Plata sería inminente la obligación de las autoridades de las instituciones locales a recibir a un joven que ya ha cumplido ampliamente su mayoría de edad.
Las instituciones locales para el alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley se encuentran preparadas para un segmento etario de 16 a 18 años según lo que estipula claramente la nueva ley del Niño y conforme a la adhesión a los distintos convenios internacionales que regulan este tema.
No solo esta situación vulnera claramente la normativa vigente sino que además impide el normal desarrollo de los programas de convivencia que posee la institución, entorpeciendo el correcto abordaje del resto de los jóvenes y dejando expuestos a los trabajadores a un trabajo para el cual no estamos en condiciones de desarrollar.
Asimismo creemos que sería una decisión arbitraria por parte del Poder Judicial en tanto se ha creado en el último tiempo el sector destinado a “jóvenes adultos” dentro de la Unidad Penal XV o la institución que posee el mismo perfil de abordaje y que depende la Secretaría de Niñez que se encuentra en la localidad de Virrey del Pino, dispositivos creados para este tipo de casos y que permiten continuar con los programas correctos de intervención.
Este tipo de situaciones irregulares son el claro ejemplo de la falta de políticas en esta materia por parte del gobierno provincial, donde terminamos siendo los trabajadores la doble variable de ajuste ya que por un lado debemos llevar adelante el trabajo con la sabida falta de recursos al tiempo que también terminamos siendo la cara visible de la falla del sistema.
Por lo expuesto, renovamos nuestra exigencia al gobierno provincial para que cumpla con lo normado por ley y exhortamos al Poder Judicial a ser parte de la solución proponiendo alternativas que se ajusten con las necesidades reales de los jóvenes en conflicto con la ley, brindando a los trabajadores la tranquilidad de poder desarrollarnos en un marco laboral según la normativa vigente.
