El gobierno municipal es el signatario del acta, por la cual es el responsable del convenio, que el intendente Gustavo Pulti, firmara en anuncio electoral hace 15 meses. Las rendiciones no son la mera entrega de comprobantes de gastos, sino además y fundamentalmente, analizar la prioridad en la asignación de los recursos, destinados a combatir la inseguridad pública.
La evolución de las actuaciones judiciales y el origen de las mismas, nos remontan a dos hechos acaecidos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Aníbal Ibarra no fue visto con un bidón de nafta y un fósforo cuando se desató la tragedia de Cromagnón, tampoco se observó a Mauricio Macri con un “zapatófono” como el Agente 86, pero la causa por las escuchas ilegales avanza. La política puso en marcha comisiones investigadoras.
En el caso marplatense, el descontrol de las erogaciones por una parte, y el control laxo de los gastos también infunden la responsabilidad de la competencia sobre los mismos. Es documentación precisamente lo que abundará en el expediente. Por estas horas, hay un desfile en el juzgado, de quienes están dispuestos a formular aportes decisivos, para la suerte de la investigación.
La sensibilidad ciudadana ha sido sacudida por la muerte de Isidro, el niño que nació prematuramente debido a que su madre Carolina, fue mal herida en una salidera bancaria ocurrida en La Plata. Allí en el corazón de la gobernación de Daniel Scioli, es incómoda la posición de dar respuestas efectivas y no mediáticas. El mandatario bonaerense impactado por la situación, se revuelve en explicaciones que revelan una llamativa impotencia.
En este contexto políticamente desfavorable, se confirmó el adelanto de mdphoy.com por el cual se conoció que el juez federal Alejandro Castellanos, rechazó el papel de querellante del municipio, el paraguas que abrió la secretaría de Gobierno, para intentar quedar al margen de la investigación, y colocarse a la defensiva.
Fundamenta el juez Castellanos:
… “Que a la luz de lo recientemente expuesto, cabe traer a colación que la previsión procesal dirigida a habilitar la intervención en la instrucción de un particular damnificado con asunción del rol de querellante tiene por objeto permitir que quien resultó ofendido u ostenta el rol de víctima de un delito pueda concurrir al proceso para impulsarlo, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y deducir recursos contra las decisiones que en el trámite se adopten (art.82 CPPN) ejerciendo de ese modo una función adhesiva a la facultad requirente del Fiscal y actuando como contraparte de los responsables de los hechos que motivan el trámite penal”
“De ello se sigue, como lógica y necesaria consecuencia, que querellante e imputado, no puedan superponerse en una misma persona”
“En consecuencia, si se tiene presente que la cuestión de fondo en autos consiste en la investigación del presunto desvío de fondos remitidos por Estado Nacional al Municipio de General Pueyrredón y la falta de rendición de cuentas debida por las autoridades de este último, forzoso es concluir que hasta tanto no se cuente con un cuadro más acabado sobre la entidad y gravedad de la maniobra ardidosa, como así también, la identificación de los eventuales partícipes en la misma, no es posible despejar las sospechas de responsabilidad que el agente fiscal ha deslizado respecto de los funcionarios y agentes del gobierno municipal en su requerimiento instructorio”.
“Por consiguiente, sin perjuicio del derecho que le asiste al Estado de dirigirse en parte en causas penales las que se ventilan hechos criminales en detrimento de la hacienda pública, en la especie no es dable reconocer tal carácter a quienes resultan fiscalmente sindicados en tal proceder”.
Por ello es que: Resuelvo
1) No hacer lugar al pedido formulado por Dr. Ciano en su carácter de Secretario de Gobierno del Municipio de General Pueyrredón para ser tenido como parte querellante en la presente causa.
Alejandro A. Castellanos
– Juez Federal –
Una fuente vinculada al diligenciamiento de la denuncia no descartó que “el propio secretario de gobierno doctor Ariel Ciano, deba explicar contundentemente, cuánto, cuándo y cómo gastó, para salir indemne del proceso”. Habrá que dejar de balconear y meterle manos a la obra, ya en el papel de defensa, para evitar mayores complicaciones.
En la removida arena política, no dudan que los arbolitos del ingeniero Marcelo López, en el caso OSSE durante el gobierno de Blas Aurelio Aprile fueron una nimiedad en relación a esta nueva incidencia judicial que involucrará, más tarde o más temprano, al responsable del manejo de esos fondos federales. El salvavidas que tiró el ministro Casal, fue sólo una declaración política que no se condice con la gravedad del caso.
La inseguridad está planteada en la mesa de familiares, de amigos, de padres de compañeros de colegio, de comerciantes y de familiares y amigos de víctimas del delito. Actas firmadas de reuniones, que datan la morosidad de los funcionarios, una canilla abierta para millones y millones de pesos, que se han relajado en su utilización, y cuya magnitud puede sintetizarse en el siguiente dato: los 20 móviles que se presentaron con la asistencia del ministro de Justicia y seguridad, sólo cubren el 10 % de los primeros $ 13.800.000, destinados a Mar del Plata en el marco del Convenio de Cooperación para la Implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana.
La superposición del gasto en muchos casos (como el combustible de los móviles, alojamiento y pago de viáticos), que han ido a parar a la Prefectura Nacional, suponen una aplicación indebida del recurso, justo en un momento en el cual debe optimizarse el fondo afectado. Al cambio que se produjo en la estructura de Seguridad, con la partida de Carlos Stornelli y la llegada del doctor Ricardo Casal, se le aduce el bloqueo de la rendición que demoró el segundo desembolso de otros casi $ 14.000.000, una lectura indirecta arroja como interpretación, es que esa suma inmovilizada, resta celeridad al equipamiento para el combate del problema que preocupa al 80 % de los marplatenses.
Improvisación, amateurismo, oportunismo político etc. son los componentes de un coctel que adquiere efervescencia ni bien se agitan los componentes de esta fórmula. Nadie puede asegurar que la implosión sea controlada, la reparación habita un contexto que lejos de amainar, no encuentra una vía de escape que achique la magnitud de los daños.
Jorge Elías Gómez
jgomez@mdphoy.com
