La presencialidad de la mayoría de los diputados en las sesiones jugó este miércoles una mala pasada: pasadas las 4 de la madrugada, los jefes de bloque tuvieron que suspender la sesión porque sus dirigidos tenían vuelos previstos para la mañana y temían quedarse varados en Buenos Aires en la previa de nuevas restricciones por los contagios de coronavirus.
Desde noviembre, a diferencia del Senado, en la Cámara baja las sesiones son presenciales y quienes se ausenten deben justificarlo con certificado médico, ya sea porque hayan contraído Covid 19 o estén en edad o condición de riesgo.
Los que acudan al recinto sólo deben someterse a un hisopado dos días antes y si resulta negativo, tienen vía libre para desplazarse por el palacio. Este miércoles, aproximadamente 170 diputados deambularon por sus bancas y la mayoría quería volver a sus provincias antes del amanecer, pero no fue posible suspender la sesión y aplazar la aprobación del consenso fiscal firmado en diciembre entre la Nación y las provincias.
El encargado de solicitarlo fue el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, y fue aceptado por Silvia Lospennato (PRO) y Cecilia Moreau (Frente de Todos), cuyas fuerzas ya habían dado el visto bueno para postergar el temario al menos una semana más.
El debate no podía resolverse rápido, porque el consenso fiscal no tiene acuerdo de la mayoría del bloque Cambiemos, pese a que lo firmaron sus gobernadores Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), quien instruyó a sus diputados a firmar el dictamen cuando se trató en comisión.
El acuerdo fue aprobado en el Senado en febrero con la grieta de Cambiemos expuesta, este jueves iba a ser ley, pero deberá esperar. Habilita a los gobernadores a subir los impuestos locales, facultad que habían cedido en el pacto fiscal firmado con Macri en 2017.
“Es lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, dos tributos más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino”. protestó el radical misionero Luis Pastori.
Sólo no adhirieron al pacto San Luis, La Pampa y la Ciudad, por razones varias: las dos primeras nunca firmaron el de 2017 para continuar con los juicios que tienen contra el Estado nacional, y como esperan sentencias favorables tampoco se sumaron esta vez.
La Ciudad quedó envuelta en el conflicto por los fondos transferidos en 2016 por el traspaso de la policía, que Mauricio Macri fijó como parte de un aumento de la coparticipación y en septiembre Alberto los pasó al rubro de transferencias directas y revisables. El nuevo pacto fiscal aclara que siempre hay que hacerlo así.
Diputados quedó así con sea ley pendiente para una sesión que no tiene fecha y podría incluir el nuevo marco regulatorio a los biocombustibles, dictaminado este martes con respaldo del oficialismo y de una parte de Cambiemos.
