Tras más de de 40 días de debate, no fue posible un acuerdo en la Comisión de Legislación General de Diputados para modificar la ley de alquileres: el Frente de Todos firmó un dictamen con el grueso de la norma vigente e incentivos fiscales para los propietarios que sumen oferta, mientras que en la oposición propusieron volver a contratos de 2 años y eliminar el método de actualización, que combina la variación de salarios y de inflación.
Pero tampoco entre los no oficialistas hubo consenso, porque el rionegrino Agustín Domingo, habitual aliado del Gobierno, firmó un dictamen con el interbloque federal, representado en Graciela Camaño, que habilita subas escalonadas en cualquier momento del contrato pero nunca mayores a la evolución de precios. En Juntos proponen que no haya límites a los incrementos, con los índices oficiales como una opción más entre las partes.
Así las cosas, nadie tiene mayoría para imponerse en el recinto y la negociación está trabada, después de cuatro plenarios y 143 expositores. Ni siquiera hay fecha para una sesión y será difícil que sea convocada sin certezas de una mayoría, por ser un tema sensible que se coló en la campaña electoral pero no parece de fácil resolución puertas adentro del Congreso.
