La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa) subrayan la necesidad de no generar falsas expectativas sobre el resultado de la reunión mantenida este miércoles con funcionarios del gobierno nacional, durante la cual fue evaluada la posibilidad de poner en práctica un conjunto de medidas de orden económico y financiero tendientes reactivar al sector.
Las cámaras consideran que los anuncios realizados en ese marco deben ser evaluados con objetividad y prudencia, toda vez que en los hechos, no guardan relación con la necesidad del sector de resolver una problemática de fondo, consistente en la existencia de un serio desfasaje entre los recursos asignados a los costos de producción y los ingresos generados por la venta de productos pesqueros, lo cual, debe ser resuelto mediante la corrección de múltiples variables macroeconómicas.
En concreto, es oportuno señalar que en la reunión de este miércoles, fueron reconsideradas una serie de propuestas planteadas a lo largo de los últimos años por las cámaras, respecto de las cuales, los funcionarios manifestaron su negativa a implementarlas.
Claramente fue definido que:
-No se restituirán los valores preferenciales de los derechos de exportación para la merluza, el calamar y el langostino
-No se concederán rebajas en las retenciones de otras variedades de productos pesqueros con alto valor agregado.
-No se incentivarán las exportaciones de productos pesqueros mediante la aplicación de reintegros.
-No se implementará por parte del Estado, un ágil y eficaz régimen de devolución de reintegros adeudados.
-No se aplicará una devolución del 100% del IVA.
-No se diferirá el pago de las cargas sociales
-No se creará una cuenta corriente fiscal que les permita a las empresas utilizar los saldos a su favor existentes en el fisco para compensar el pago de deudas con el Estado.
De la totalidad de las propuestas planteadas, únicamente se logró obtener el compromiso de avanzar en la implementación de dos medidas consistentes en:
-Implementar líneas de créditos a través de los bancos Provincia y Nación para financiar capital de trabajo, sin que se sepa aún quiénes y en qué condiciones tendrán la posibilidad de acceder a este endeudamiento.
-Otorgarle a parte de la flota -considerada como pequeños consumidores- el precio diferencial para la compra de combustible que ya pagan los grandes consumidores.
Ambos beneficios, respecto de los cuales se aguarda una aplicación rápida, efectiva y real, serán objeto de análisis en una nueva reunión convocada por los funcionarios para el próximo 24 de abril.
Las cámaras esperan que a partir del compromiso asumido para analizar la compleja situación económica, financiera y social por la que atraviesa el sector, en esa nueva oportunidad, las autoridades se avengan a considerar la problemática central que queja a la pesca.
En definitiva, la industria pesquera requiere de la adopción de medidas de fondo para dejar de trabajar a pérdida, ya que la actual reducción de la producción no responde a ninguna decisión empresaria, sino que es la consecuencia inevitable del agotamiento de los medios económicos para llevar adelante la actividad.
