Primero pasó con la educación. Los economistas creíamos que era una cuestión de dinero y nos equivocamos. Aunque pueda argumentarse que el Gobierno no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Educativo, en tanto y en cuanto el presupuesto consolidado que se asigna a educación no alcanza al 6% del PBI que estipula la norma, lo real es que la cantidad de dinero que se dedica a las aulas ha subido considerablemente en los últimos años y el rendimiento, por el contrario, no acompaña, tal y como lo demuestran no solo las pruebas internacionales PISA, sino también la persistencia de los bochazos masivos en los ingresos a las universidades.
Ahora estamos repitiendo el error en materia de seguridad. Una mirada comparativa al presupuesto de la Provincia del año en curso, en relación al que fue aprobado para 2008, muestra que no faltaron recursos y que la prioridad del Gobernador Scioli fue claramente la seguridad. DOS REALIDADES En términos reales (descontando por el IPC provincias) el presupuesto del principal distrito del país creció un 18,1% en los últimos seis años. Pero mientras que las asignaciones para Salud cayeron, siempre en términos reales, un 16,3% y el gasto en Educación se mantuvo prácticamente sin cambios, los fondos destinados a Seguridad experimentaron un notable aumento del 27,9% y si se descuentan los gastos en penitenciarías el alza alcanza al 31,3%.
Sin embargo la gente no se siente más segura. Según la encuesta de victimización que hace todos los meses la gente del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Di Tella, el 37,6% de los hogares en 40 centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses, y concretamente en el caso del Gran Buenos Aires, ese indicador alcanza al 37,2% de las familias. Seis años atrás, la misma institución registraba un índice de victimización del 34,5%, casi tres puntos más bajo que el actual. Se está gastando más plata y la evidencia está demostrando que no es una cuestión de dinero, o que en todo caso, el presupuesto está siendo mal asignado. En el año 2004, los economistas Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky publicaron una investigación en el prestigioso American Economic Review titulada: “¿La Policía reduce el delito? Estimaciones utilizando la asignación de las fuerzas policiales luego de un ataque terrorista” Los investigadores aprovecharon que por culpa del atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, “el gobierno federal decidió proporcionar protección policial las 24 horas a más de 270 instituciones judías y musulmanas (incluyendo sinagogas, mezquitas, clubes, cementerios y escuelas) en Argentina.”
El resultado del cruce de datos con las denuncias de delitos fue notable; mientras que en la cuadra de los establecimientos religiosos la protección policial adicional generó una baja del robo de automóviles de aproximadamente 75 por ciento, el efecto fue geográficamente muy acotado, no teniendo absolutamente ningún impacto a una o dos cuadras del lugar.
En completa disonancia con lo que dicen las investigaciones científicas el Gobierno provincial anuncia 15.000 efectivos más, cuando está claro que la policía tiene un impacto, pero para que baje el delito sería necesario poner un efectivo por cuadra, algo obviamente imposible.
La otra medida que pone de manifiesto la completa desorientación del Gobierno en la materia, es el lanzamiento de las policías comunales. Con Pablo Schiaffino, de la Universidad de Palermo, acabamos de terminar una investigación en la que descubrimos (a partir de una encuesta de TNS Gallup) que la percepción de que el barrio donde uno habita es más inseguro que otros barrios, genera una caída en la satisfacción de los vecinos con el barrio; un empeoramiento en la calidad de vida. Hasta acá ninguna novedad, pero lo interesante es que el impacto de la seguridad es asimétrico; si un vecino cree que su barrio es más seguro que el promedio efectivamente reporta mayor felicidad por vivir en ese lugar, pero la magnitud de la mejora es menor que lo que pierden los de los barrios más inseguros.
DE UN BARRIO A OTRO
Resulta que el profesor de la Universidad de Harvard Edward Glaeser demostró empíricamente que cuando aumenta la seguridad en un barrio, pero no en los vecinos, el delito no se reduce, sino que migra de vecindario. Por esta razón la policía tiene que estar centralizada (de hecho debería haber una sola policía para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires).
Desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos, poner más policías, es como llenar de semáforos todas las esquinas simplemente porque los vecinos los piden, incluso cuando la decisión esté en contra de las recomendaciones de un plan de tránsito sistemático.
El dispendio de recursos públicos se agrava con las policías comunales, porque la configuración regional de fuerzas quedará desbalanceada derramando el delito hacia las localidades que menos presupuesto (o más corrupción) para la policía tengan, lo que hará que en promedio caiga la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Buenos Aires.
Fuente: El Día
Por Martín Tetaz
Twitter @martintetaz
