El edil radical Nicolás Maiorano, elevó un proyecto de decreto por el cual solicita al Cuerpo que cite al Presidente del Ente Municipal de Turismo, Pablo Fernández Abdala, para informar sobre la situación de las concesiones de las diferentes unidades turísticas fiscales. Así como acerca de la utilización de la Ordenanza nº 12.299 y modificatoria, a través de la cual, para mantener a los ex concesionarios hasta el nuevo llamado a licitación, se los declara depositarios regulares una vez vencidos los plazos originales de las concesiones de uso y explotación de Unidades Turísticas Fiscales.
En los fundamentos de su iniciativa, Mariorano cuestiona que “la Ordenanza citada no ha sido utilizada en forma excepcional, sino que es práctica habitual de la administración Pulti dejar vencer los plazos de los contratos de las concesiones, y prorrogar de hecho (transformando a los concesionarios en depositarios regulares) la explotación comercial de las unidades turísticas fiscales”.
Por consiguiente, sostiene que “el uso habitual, extensivo y prolongado en el tiempo de la misma, rompe claramente la paridad licitatoria original, dado que otorga a los ex concesionarios plazos mayores de amortización del capital invertido, alterando de este modo las ecuaciones económicas financieras originales, en desmedro no solo de los intereses públicos, sino también de aquellos oferentes que originalmente se presentaron al proceso de licitación. Esos beneficios extraordinarios usufructuados por ex concesionarios privados sin inversiones adicionales a cambio, es una transferencia de recursos públicos a agentes privados inadmisible, y que solo debe realizarse, en el mejor de los casos, como un método de excepción, y por un período acotado”.
Asimismo, el curul radical trae a colación los contratos vencidos de las Unidades Turísticas Fiscal de Playa Bristol; Popular; La Perla 1, 2, 3, 4, y 5; Camping Municipal; Torreón del Monje; Playa Cardiel; Playa Escondida; Cantera 1, entre otras. Y fustiga que “en algunos casos tienen actos administrativos que efectivizan las prórrogas de hecho respectivas, y en otros, ni siquiera se ha formalizado la voluntad del Estado Municipal para extender las concesiones. A su vez, estas prorrogas de hecho, no tienen plazos definidos de finalización, por lo que pueden transformar en violaciones flagrantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que pone límites, no solo a los plazos de concesión, sino también a la posibilidad de años de prórroga”.
Resalta que “se han modificado, en algunos casos, las obras propuestas y que fueron motivo determinante de la aprobación de la propuesta y parte sustantiva de los contratos de concesión y, a su vez, en otros casos se alteró o modificó el cronograma de obras, de manera absolutamente discrecional, dando lugar a situaciones de inequidad por cuánto a algunos concesionarios se los intima, a otros no, a algunos se los sanciona (véase el caso de la caducidad de la U.T.F Bahía Playa Chica), mientras a otros se les admite mantener situaciones irregulares en el tiempo”.
El concejal Maiorano concluye la fundamentación de su iniciativa, advirtiendo que “cada irregularidad planteada nos pone frente a la posible comisión del delito abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público”.
Roberto Latino Rodríguez
