La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) salió a cuestionar la vuelta a la presencialidad en el sector informada el lunes por la Suprema Corte provincial al considerar que se trata de una de “una decisión apresurada y sin el debido debate” con el sindicato.
El gremio de los judiciales se mostró ayer en contra del regreso a la presencialidad determinado ayer por la Corte bonaerense. “Es desacertada la decisión de avanzar hacia un restablecimiento de la presencialidad, ya que se instala una idea equivocada de retorno generalizado cuando es de público conocimiento que gran parte de las dependencias no cumplen los requisitos mínimos para una presencialidad plena. La pandemia no se termina por decreto”, sostuvo el titular de la AJB, Pablo Abramovich.
Tal como señaló DIB, este martes la corte emitió la resolución interna Nº 1651/21 a través de la cual determinó que los empleados judiciales vacunados contra el coronavirus con al menos la primera dosis o aquellos que no se hayan vacunado por decisión propia (a pesar de haber tenido la oportunidad) deberán acudir a sus lugares de trabajo.
La normativa exime de la presencialidad a personas con inmunodeficiencias, pacientes oncológicos, trasplantados o a aquellas que en el lugar de trabajo no puedan garantizarles la distancia mínima de dos metros.
A través de un comunicado, la AJB consideró que se trató de “decisión apresurada y sin el debido debate previo con nuestro sindicato y otras instituciones” y que la Corte aprovechó “el contexto de reaperturas indiscriminadas producido en diferentes jurisdicciones en el marco del mejoramiento de la situación sanitaria”.
“Entendemos que el esquema de organización del trabajo fijado por la nueva resolución requiere ciertas modificaciones y también precisar algunos aspectos centrales de las medidas de cuidado que resulta necesario sostener con firmeza”, indicaron desde el gremio.
La AJB señaló que la decisión de la Corte “contraría la estrategia de vacunación fijada en la Argentina, que en esta última etapa priorizó completar las dos dosis de vacunación”, y consideró “necesario atender la situación especial de las personas que cursan embarazos”.
El gremio consideró que “el límite fundamental para un retorno a la presencialidad plena está dado por los requerimientos de ventilación constante y el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas, conforme lo establece el Protocolo de Actuación y Seguimiento por el Covid-19 aprobado por Resolución de Presidencia SPL Nº5/20”.
“En ese sentido, el esquema de grupos de trabajo o ‘burbujas’ permitía un control del cumplimiento de esos requisitos que difícilmente pueda garantizarse con el nuevo régimen, lo que podría haberse resuelto con incremento gradual del aforo dispuesto por la propia Corte y controlado adecuadamente”, advirtió.
Y agregó: “Finalmente, la disposición de la Suprema Corte modifica de forma abrupta un esquema de trabajo que en el trascurso de largos meses de pandemia permitió a las y los empleados y funcionarios ir adecuando su organización familiar y las tareas de cuidado a la nueva realidad laboral, combinando tareas presenciales y de forma remota”.
EL gremio pidió una reunión con la Corte para “trasmitir las críticas desarrolladas anteriormente, requerir que se garantice un proceso de transición que contemple las diferentes situaciones particulares que se susciten en cada una de las dependencias, así como profundizar los mecanismos de control del cumplimiento de las medidas de cuidado, en particular el distanciamiento y la ventilación de los espacios de trabajo”. (DIB) MT
