Juez Alejo Ramos Padilla
Por Pablo Portaluppi
En línea con el artículo publicado por Nicolás Wiñazki en “Clarín”, sobre los sospechosos descuidos de Alejo Ramos Padilla en el manejo de la causa de la denuncia por extorsión contra el falso abogado Marcelo D´Alessio que también involucra al Fiscal Carlos Stornelli, las coincidencias con algunas decisiones y actitudes que el Juez de Dolores tomó durante su polémico paso por la ciudad de Bahía Blanca son sorprendentes.
En la ciudad del sur bonaerense tramita la causa de las facturas apócrifas emitidas por un grupo de empresas bahienses de reconocidas familias locales para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Lázaro Báez. Ramos Padilla instruyó como subrogante la causa entre junio y diciembre de 2015, siendo designado para el cargo por el Consejo de la Magistratura con mayoría kirchnerista. El juez fue acusado de “pisar” la investigación contra el presunto testaferro de Néstor Kirchner. Apenas Ramos Padilla tomó posesión del cargo, inició un sumario interno llamado “Irregularidades Reorganización del Juzgado Federal 1”, donde se dedicó a interrogar y controlar a los funcionarios del Juzgado. En los más de 6 meses en los que tuvo a cargo la causa de las facturas apócrifas, dicho expediente apenas se incrementó en 73 fojas, mientras que el sumario mencionado acumuló más de cinco cuerpos con 1113 fojas.
En el caso de la denuncia contra Stornelli que actualmente instruye, Wiñazki detalló que Ramos Padilla entregó “por error” un disco rígido lleno de pruebas al abogado del denunciante, Pedro Etchebest, a pesar de que el propio Juez había escrito en sus resoluciones sobre el caso que parte del material hallado era altamente sensible. Así mismo, la ex Presidenta Cristina Kirchner dio a conocer hace unos días en el Senado detalles de la investigación cuando la misma se hallaba bajo secreto de sumario. Como ya se explicitó en este medio, Ramos Padilla fue designado miembro del Comité Científico de la filial de Mar del Plata de la agrupación judicial K Justicia Legítima el 18 de junio de 2015.
Durante la instrucción en Bahía, el 16 de julio de 2015 autorizó a uno de los imputados, Denis Ariel Ferreyra, de la firma Constructora Patagónica Argentina, a extraer copias de la documentación secuestrada. Dos meses más tarde, el 14 de septiembre, también autorizó a otra de las firmas investigadas, Terrarafi SA, a hacer lo propio.
El periodista de Clarín denuncia que la abogada de Pedro Etchebest, Natalia Salvo, habló públicamente de la documentación y del material audiovisual aportado por su defendido durante el mes de febrero, cuando Ramos Padilla aseguró en el expediente que recién el 1 de marzo se le autorizó a la letrada a acceder a esa información.
En su paso por Bahía Blanca, el 29 de junio el magistrado mantuvo al menos una reunión con el abogado José Luis Alonso, defensor de los imputados José Antonio y Denis Ferreyra. Pocos días antes de su renuncia, el 22 de diciembre de 2015, concedió la exención de prisión a ambos imputados, bajo la figura de caución juratoria. A su vez, el mismo día que autorizó a la empresa Terrarafi a extraer documentación, Ramos Padilla resolvió acumular la causa de las facturas truchas con otra causa, la 9195/2015, donde se investigaba a la firma Constructora Patagónica Argentina por simple evasión tributaria.
El 4 de agosto de 2015, el Juez decidió no remitir la causa a la Perito Contadora de la Corte Suprema de la Nación, pese a que dicha funcionaria era la encargada de evaluar la voluminosa documentación secuestrada. También fue muy cuestionada su acción en las causas que tramitaban ante el Juzgado 1 que involucran a Juan Ignacio Suris, quien estuvo detenido por asociación ilícita fiscal y lavado de dinero, y cuya causa fue elevada a juicio oral hace dos años. Un grupo de empresas vinculadas a Suris también habrían sido utilizadas como “usina” de facturas apócrifas para beneficiar a Báez. En la causa 11613/2014 iniciada para investigar la existencia de operaciones que debieron haber sido reportadas como sospechosas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires donde Suris realizaba sus maniobras comerciales, Ramos Padilla delegó las actuaciones en el Fiscal Alejandro Cantaro, también perteneciente a Justicia Legítima. Finalmente la investigación fue archivada a instancias de este último.
Cabe recordar que una de las funcionarias del Juzgado 1 de Bahía que Ramos Padilla subrogó, Nair Elizabeth Ruppel, Secretaria Federal a cargo de la secretaría civil, comercial, laboral y previsional, declaró en sede judicial que “la causa Ficcadenti (N. de la R.: se refiere a la causa de las facturas apócrifas, llamada así por el apellido de una de las familias dueñas de diversas empresas involucradas) fue lo primero que pidieron”, asegurando haber visto “en el piso de despacho de habilitación, no recuerdo cuántos días, pero varios desde que asumieron”, aclarando que “me consta que la causa permaneció en el quinto piso durante algún tiempo”. Los diversos funcionarios judiciales que declararon ante el Juez Pedro Plou acusaron a Ramos Padilla y a la veintena de personas ajenas a la jurisdicción que llevó a trabajar con él, de modificar drásticamente y sin ninguna razón las condiciones laborales, de controlar las actividades de los empleados, de haber desplegado tareas de vigilancia y de haber ejercido persecución ideológica.
Uno de los agentes que Ramos Padilla llevó a Bahía Blanca, Leandro Massari, es empleado del Daniel Adler, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Dicho Tribunal seguramente tendrá que resolver en los próximos días si la denuncia contra D´Alessio y Stornelli se queda en Dolores o se muda a Comodoro Py.
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LINDO EL JUEZ ESTE LINDO EL PERONISMO ENCUBRIDOR …………