El nuevo llamado a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri para el próximo 20 de octubre por parte del Juez subrogante de Dolores, Martín Bava (foto portada), en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino Ara San Juan generada a partir de una denuncia de la AFI, no puede desvincularse de sensibles y recientes resoluciones de la Justicia Federal. Tales son los casos del sobreseimiento sin juicio previo de la vicepresidenta Cristina Kirchner de la causa por posible encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA, o la decisión del juez Sebastián Casanello de darle intervención a organismos como la AFIP y UIF, notoriamente cooptados por el poder político, en el caso conocido como “La Ruta del dinero K”, que dejaría a la ex presidenta fuera de la investigación. Pero es en el pasado del propio Bava donde se debe hurgar para intentar predecir lo que viene.
Aunque no fue la única, la instrucción a su cargo que más se recuerda, y que quizá mejor lo describa, acaso haya sido la del Juez provincial de Mar del Plata Pedro Hooft, perseguido maliciosamente por el kirchnerismo entre 2006 y 2018. Martín Bava fue una pieza fundamental de aquel engranaje. Algunas decisiones y actitudes del juez en aquella causa podrían funcionar como imágenes de un futuro inmediato, que serían de posible utilidad para los abogados defensores de Mauricio Macri, quien se acaba de presentar en el expediente de Dolores.
El 5 de marzo de 2013, el Dr. Pedro Hooft fue suspendido provisoriamente de su cargo y privado del 40% de su sueldo. Recién un año después, el 17 de marzo de 2014, comenzó el Jury de Enjuiciamiento presidido por el entonces Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Hitters. Luego de un mes de deliberaciones, a fines de abril el Tribunal absolvió al magistrado con un contundente 8 a 2 y argumentos demoledores, y lo repuso en su puesto restituyéndole el salario. Sin embargo, el Dr. Bava, ya designado instructor de la causa que corría en paralelo por subrogar el Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, continuó hostigándolo. Vale aclarar que el Jury fue promovido por los mismos querellantes que impulsaron la vía penal.
Uno de los datos más significativos es la persistencia de Bava. Pese al aspecto claramente amañado del proceso, que se había iniciado 6 años antes por una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos contra el Dr. Hooft por haber “cajoneado” hábeas corpus, el hoy magistrado subrogante en Dolores llamó a su colega provincial seis veces a indagatoria. La primera vez fue el 12 de julio de 2012. Al año siguiente, fueron cuatro veces más, el 1 de febrero, 22 de marzo, 7 de mayo, y 4 de octubre.
Pero la más grave fue el sexto llamado a indagatoria, ocurrido el 17 de septiembre de 2015, es decir, casi 1 año y medio después que el Jury se expidiera en el sentido de absolver de culpa y cargo por todos los hechos a Pedro Hooft. Previo a la realización de dicho enjuiciamiento, la propia Cámara de Mar del Plata le dijo expresamente a Bava que espere a la resolución del mismo para volver a citarlo. Y pese a que el Jury lo había absuelto, el Juez lo volvió a llamar a indagatoria.
Peor aún. El 7 de octubre de 2015, el entonces juez subrogante de Mar del Plata decide declarar en rebeldía a su colega, vulnerando de esa manera la garantía constitucional de inmunidad de jurisdicción, al disponer la declaración de rebeldía de un Juez en funciones, repuesto en su cargo por el Jury el 28 de abril de 2014. En la causa penal que instruía Martín Bava, se ofrecían las mismas pruebas que en el Tribunal de enjuiciamiento.
Aunque en su momento el magistrado aclaró que la rebeldía declarada por él no implicaba la detención, lo cierto es que ambas figuras están conectadas entre sí en el Código Procesal Penal, contempladas en el mismo artículo. Pero más allá de la declamada “formalidad” de la rebeldía, la misma se tornó operativa, mediante comunicaciones a la Policía Federal Argentina y Registro de Reincidencia. Y a su vez, se hizo extensiva a Interpol, ante la división de Policía Federal de defraudaciones y Estafas, y a los Ministerios de Seguridad de la Nación y bonaerense. Es decir, se trató de una declaración rebeldía con tufillo a inminente detención.
Pero la novela continúa. El 6 de noviembre de 2015, un mes después de la resolución de Bava, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata hace saber al Juez que debía otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación concedido contra la declaración de rebeldía. Es decir, le ordena dejarla en suspenso. Pero pese a ello, en un hecho gravísimo, el magistrado omitió comunicar la orden de sus superiores a las fuerzas de seguridad, lo que le generó al Dr. Hooft diversos hechos de privación ilegal de la libertad ambulatoria. Para ser más precisos, el juez provincial fue demorado en 9 oportunidades. En otras palabras, Bava nunca les avisó a las fuerzas policiales que la rebeldía quedaba suspendida por orden de la Alzada.
Seis de las nueve demoras tuvieron lugar durante las vacaciones del magistrado, en ocasión de un viaje a la provincia de Misiones. Tanto la primera como la segunda restricción de la libertad ambulatoria ocurrieron el 4 de enero de 2016, en la frontera entre Argentina y Brasil, en la ciudad de Foz de Iguazú, aproximadamente a las 11:00 hs de aquel día. La tercera y cuarta demora acaecieron el 13 de enero del mismo año, y la quinta y sexta restricción de la libertad ambulatoria,se consumaron el 20 de enero de 2016. Otros dos hechos simulares ocurrieron en el Aeropuerto de Ezeiza, los días 17 y 27 de julio de aquel año.
No conforme con ello, Bava expandió el proceso imputando a más personas que revestían funciones judiciales en 1977, en una decisión que en su momento fue calificada de “desesperada y alocada”. Se trataba de figuras prestigiosas del derecho como Gastón L´Homme, Rodolfo Morales Ridecos, Edgardo Bernuzzi, Alicia Morrell, Carlos Haller, Jorge García Collins, y Alicia Ramos de Fondeville. Recién el 1 de marzo de 2018, el juez que citó a indagatoria a Macri resolvió dictar el sobreseimiento definitivo del Dr. Hooft, alegando que “los hechos que son objetos de investigación en la causa penal eran los mismos que investigaron en el Jury de enjuiciamiento”. Demoró 4 años en confirmar lo que ya todos sabían. Pero lo hizo apenas 24 horas después que la propia Corte Suprema de la Nación ratificara la resolución del Jury.
El antecedente de Bahía
Martín Bava ya había estado envuelto en un extraño hecho ocurrido en Bahía Blanca, en el cual intervino, casualmente, Alejo Ramos Padilla, actual titular del Juzgado Federal con competencia electoral en La Plata y predecesor de Bava en Dolores. En carácter de integrante del Tribunal Oral Federal bahiense, junto a los Dres. José Mario Triputti y Jorge Ferro, ex camarista de Mar del Plata procesado por tráfico de influencias y designado juez federal por el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ordenaron la detención de Hugo Mario Sierra, ex Secretario del Juzgado 1 de Bahía durante la época de la dictadura, a cargo de Guillermo Madueño, el 13 de septiembre de 2011.
Por dicha detención, Ferro, Triputti y Bava fueron denunciados por haber practicado una supuesta detención ilegal, debido a la falta de competencia del TOF para disponer una detención. Además, el Ministerio Público Fiscal ni siquiera había formulado requerimiento de instrucción contra el ex funcionario. Por tal motivo, se les abrió la causa 150000126/2011, por privación ilegal de la libertad.
El 4 de noviembre de 2011, la Cámara de Bahía ordenó la libertad de Sierra por carecer su detención de “sustento normativo”. El 10 de octubre de 2014, a instancias del Juez Ad Hoc Álvaro Coleffi, quien estuvo involucrado en un escándalo por la difusión de escuchas en el caso Juan Ignacio Suris, por lo que fue procesado y luego sobreseído, se resolvió el archivo de la causa. El mismo día que el Consejo de la Magistratura designó a Ramos Padilla como subrogante en Bahía Blanca, el 18 de junio de 2015, desestima al mismo tiempo sendas denuncias contra Ferro, Triputti y Bava por la detención ilegal de Hugo Sierra. Finalmente, el 28 de agosto de aquel año, Ramos Padilla dicta el sobreseimiento definitivo de los tres jueces.
Además de apuntar al ex presidente Macri, distintas fuentes señalan que otro posible “blanco” de Bava podría ser Patricia Bullrich. En línea con esta hipótesis, cabe recordar que en junio pasado, el juez subrogante en Dolores solicitó mediante un escrito al Ministerio de Seguridad de la Nación que “informe y acompañe todos los listados que obran en dicha dependencia, en los que figuren los ingresos a las sedes del Ministerio de 2016 a 2019 inclusive”.
Es decir, cuando la cartera era presidida justamente por la actual Presidenta del PRO.
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