“No nos sorprende porque ya habíamos tomado conocimiento de las declaraciones que hicieron dos de los imputados, en donde en más de una ocasión, y en distintos momentos de las declaraciones, mencionan a los funcionarios que hoy están siendo investigados”, manifestó, a mdphoy.com, la presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, tras conocerse la resolución del Fiscal General Marcos Pagella, quien dispuso el inicio de una investigación penal preparatoria (IPP) “por la posible comisión de delitos de acción pública, sin perjuicio de la calificación legal que corresponda asignarle” en relación a las responsabilidades del intendente Gustavo Pulti y los funcionarios Adrián Alveolite, Guillermo Iglesias y Gustavo Vidal así como las del Presidente del Bloque de Concejales de Acción Marplatense, Ariel Ciano, y de los agentes municipales María Laura Betti, Federico Moser y María Alí.
La edil radical consideró que “esto es lamentable y debe esclarecerse rápidamente. Creo que la Fiscalía ha encontrado elementos suficientes como para comenzar esta nueva línea de investigación que, hasta hace pocas semanas, llegaba solamente hasta el Jefe de División o sea hasta Belmonte, y que ahora está involucrando a otros actores más arriba y mucho más importantes”.
Asimismo, la concejal Coria puntualizó que “veníamos planteando, desde antes, la interpelación de Alveolite. En principio no por este tema, recordemos que tiene muchísimas causas. Tiene causas por abuso de autoridad, por falseamiento de instrumento público. También hay una instrucción que está investigando el tema del llamado a licitación por las cámaras de seguridad. Además, por el incumplimiento de los convenios firmados con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Y luego, a esto se le agrega la causa de las licencias. Entendemos que un funcionario tan importante, que es precisamente quien tiene a su cargo la seguridad, el control y la justicia en lo que hace a la Municipalidad, no puede tener todos estas causas, estos procesamientos , estas investigaciones penales preparatorias sin que nosotros, por lo menos, lo llamemos al Concejo por para que dé explicaciones. Es más, esperábamos un poco de coherencia por parte del Intendente porque, según sus palabras, no toleraría tener un funcionario no ya imputado sino acusado o sospechado. La verdad que pensamos que ya ha pasado el momento de que le pidiera el alejamiento del cargo, no lo ha hecho. Por eso estamos pidiendo que venga al Concejo Deliberante a dar las explicaciones pertinentes, si es que las tiene”.
Ante el requerimiento de este portal, el edil oficialista Héctor Rosso aseveró que “está bien que se busquen todos los temas investigativos pero, también es cierto que en este caso, como escuché en el bloque radical, que habla permanentemente de dos arrepentidos, son dos procesados, dos personas que tienen semiplena prueba que han cometido delito y los admiten con todas las letras. Además la figura del arrepentido no existe en la normativa penal nacional. En el caso de uno de ellos, Rubilar hace toda una explicación de cómo era el delito que comete. También es evidente que no tienen por qué decir la verdad ya que, de acuerdo al artículo 14 de la Constitución Nacional, uno no tiene por qué declarar en contra de sí mismo. Es un hecho que ellos tratan de mejorar su chance de acuerdo al juicio que se viene y buscar algún tipo de juicio abreviado”.
Rosso aseguró que “está absolutamente demostrado el circuito de lo que se dice el dinero, que Belmonte era el recaudador y todo el sistema cómo funcionaba. Me parece que puede haber más de una posibilidad en búsqueda de las defensas y que, obviamente el fiscal debe investigar todos los dichos. Aunque, en el fondo, carecen de fundamento y de sustento”.
En opinión del edil massista Lucas Fiorini, la resolución de la Fiscalía, “hay que encuadrarla en lo que jurídicamente corresponde y en lo que es natural en un proceso penal y en las obligaciones que tiene la Fiscalía cuando se hacen públicas determinadas denuncias. Es decir que hay una declaración de dos imputados, que no son arrepentidos. Los cuales nombran a una serie de personas, y la obligación que le corresponde a la fiscalía por esto – obviamente no da ni por cierto ni por falsos los datos que dan los imputados – es la de ver la veracidad de lo que se dijo sobre los funcionarios mencionados”.
Fiorini hizo hincapié en que “no hay que perder de vista que la declaración de los imputados puede estar, quizá inserta en una estrategia jurídica mayor. O sea lo que en la jerga de Tribunales se conoce como “embarrar la cancha”, vinculada a que, posiblemente, quien hasta ahora aparece como el principal imputado claro, con respecto a una asociación ilícita y a la jefatura de la misma, es Belmonte. Posiblemente su defensa este buscando tratar que haya alguien por encima para que él no tenga esa responsabilidad. Entonces, no digo que esto sea así, sino que seamos prudentes de no estar aventando simplemente una postura de la defensa. Por lo demás, me parece que lo que está haciendo Fiscalía está muy bien, que ante los dichos de dos imputados abra una investigación penal preparatoria y vamos a esperar que sea resuelta. Yo la postura que tengo, y en esto coincido con otras fuerzas, es en tratar de no hacer un show mediático de cruces porque, muchas veces, esto atenta contra lo que queremos de la justicia, para que pueda avanzar bien y, lo que es más nos importa, que a quienes tienen que ser condenados efectivamente se los condene”.
Por último, recabamos las apreciaciones del presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Pablo Retamoza, quien mostrándose cauteloso, se circunscribió a expresar, lacónicamente: “dejemos trabajar a la justicia, que la justicia se expida”.
Roberto Latino Rodríguez
