El diputado provincial Alfredo Lazzeretti (PS-FAP) se sumó a las voces críticas que objetaron las decisiones del gobierno provincial con respecto al aumento de los peajes de las rutas, los sobreprecios y negociados que existen entre las empresas beneficiarias de la concesión y el gobierno de Scioli. Ratificando lo expresado por la agrupación Libres del Sur, integrantes del Frente Amplio Progresista, opinó: “Una lectura más profunda del problema del transporte sería poder analizar por qué mientras Ferrobaires está intervenida sin ningún resultado, con denuncias de falta total de mantenimiento de vías, máquinas, vagones y por los múltiples y gravísimos accidentes que salieron a la luz recientemente, el transporte automotor y de cargas por camiones es la principal preocupación del gobierno provincial vinculado a dos grupos inversores denunciados por sobreprecios”.
La concesionaria, conformada por las empresas Benito Roggio e Hijos, Esuco y Helport, del grupo Eurnekian, tiene a cargo los peajes del corredor atlántico desde julio de 2011 por un plazo de 30 años. La empresa Covisur, anterior concesionaria de la Autovía 2, quedó a cargo del tramo Dolores-Mar del Plata y con el peaje de Maipú hasta 2016, el 25% de Covisur es de Benito Roggio y otro 25% de Esuco. Cuando esta empresa no había cumplido con el contrato, y no correspondía indemnización alguna, no sólo no sufrió sanciones sino que fue premiada con una nueva concesión aún más amplia. El diputado socialista expresó su descontento y afirmó: “Estamos malacostumbrándonos a que Scioli otorgue licencias y concesiones eternas – como ya denunciamos en el tema del juego – con total libertad para las empresas concesionarias para aumentar el costo del servicio con discrecionalidad, sin un control riguroso del cumplimiento de los contratos y las obras correspondientes”.
Los casos de corrupción e incumplimiento de contratos en los que están involucradas las empresas concesionarias, en particular el grupo Roggio, son de dominio público. A pesar de ello el gobierno provincial ha autorizado un nuevo aumento del peaje sin contemplar los incumplimientos contractuales por parte de estas empresas. En ese sentido, Lazzeretti anticipó que: “Se está trabajando en un pedido de informe acerca de las inversiones y mejoras previstas en la concesión del servicio de peajes” – y agregó – “debemos controlar que se cumpla con los plazos de ejecución establecidos para las obras proyectadas, no podemos permitir más aumentos discrecionales que no reflejen mejoras concretas para la ciudadanía”
Finalmente señaló: “Son siempre los usuarios las víctimas de los negociados, los que quedan atrapados en la discrecionalidad de estas medidas que encarecen el costo del transporte. Nos preocupa que este aumento desmedido afecte el desarrollo económico de los pequeños pueblos, que se ven afectados por el aumento del costo del transporte de cargas”. Y concluyó manifestando su inquietud por el futuro del turismo atlántico, “ya que el aumento puede vulnerar el acceso de los sectores medios a esta actividad; una vez más comprobamos que la falta de transparencia tiene costos concretos para la ciudadanía, y son los sectores populares los que sufren las peores consecuencias”.
