El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner la lupa este miércoles sobre las universidades nacionales y llamó la atención sobre la cantidad de trabajadores que tienen las casas de estudio. “Hoy tienen más empleados que la administración pública nacional” sin contar las fuerzas armadas y de seguridad, advirtió el funcionario.
“Dato interesante. Las universidades nacionales tienen hoy más empleados que la administración pública nacional (ex FFAA y seguridad)“, señaló Sturzenegger a través de un posteo en X. La publicación fue luego replicada por el presidente Javier Milei, que recordó los pedidos de auditorías a las instituciones educativas y sentenció: “Hay cosas raras”.
Las manifestaciones del Ejecutivo vuelven a poner sobre la mesa el conflicto universitario, uno de los temas calientes del primer año de Gobierno libertario. Frente al reclamo presupuestario impulsado desde las casas de estudio durante todo el ciclo lectivo, el oficialismo aseguró que las universidades gastaban innecesariamente y no estaban siendo auditadas, por lo que instó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a evaluar a las instituciones.
Este tipo de seguimientos le corresponden a la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo cuyos miembros provienen del Congreso, tal como lo sostiene el artículo 59 de la Ley de Educación Superior. Sin embargo, el Gobierno le encargó la tarea a la SIgen, una entidad que depende directamente del Ejecutivo. Por ese motivo, la UBA aseguró que “el proceso está violando la autonomía universitaria” y rechazó la auditoría, mientras que solicitó una cautelar para impedirlo.
“El campo de la auditoría no es la intervención. Es simplemente verificar la gestión económica y financiera, con el objetivo de agregar valor y mejorar las operaciones, además de rendir cuentas de los recursos públicos utilizados”, argumentó la Sigen en la presentación que hizo para rechazar la cautelar de la Universidad de Buenos Aires.
A su vez, el ente gubernamental impulsó una demanda contra la UBA donde solicitó que se le permitiera auditar los recursos transferidos por el Estado nacional e interpuso un pedido de medida cautelar para obtener información detallada sobre los circuitos administrativos y contables de la universidad, incluyendo normativa de compras y contrataciones, adquisiciones realizadas con los fondos estatales y acceso a registros contables.
El reclamo fue denegado el pasado 10 de diciembre por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 a cargo del magistrado Santiago Carrillo, que también postergó el planteo de inconstitucionalidad que hizo la UBA para declarar la incompetencia de la Sigen en este tipo de auditorías. De esa forma, la situación quedó a la espera de que se resuelva el planteo de fondo. (DIB)
