Hace pocos días, nuestro intendente, acuciado por una ola de delitos, anuncia mesiánicamente la creación de una policía comunal como si esto significara la llegada a la tierra prometida.
El anuncio, que al día de hoy no está acompañado por un proyecto, despierta más interrogantes que respuestas. Más aún si se tiene en cuenta que distintos funcionarios del gobierno municipal agregan información contradictoria: Que será “una guardia urbana no armada”, que será “una policía comunal armada”. Las diferencias entre una y otra son sustanciales -y esto deberían saberlo los funcionarios municipales- mientras que por un lado la guardia urbana es un cuerpo civil, no armado, cuyo presupuesto sale del sobre exigido presupuesto municipal, por el otro la policía comunal (tal como lo define la Ley 13482) no es más que la transferencia del personal y bienes de la policía bonaerense a la órbita municipal, cuyos gastos de funcionamientos son transferidos de la provincia al municipio conjuntamente con los fondos necesarios para afrontarlos.
Es decir, que mientras en el caso de la policía comunal no se incorporan nuevos miembros a las fuerzas de seguridad sino que se transfiere su dirección en el caso de la guardia urbana se refuerza la presencia del estado municipal (con miembros civiles desarmados) pero a costa absoluta del presupuesto municipal.
Estas diferencias entre una y otra fuerza hace absolutamente necesaria la presentación de un proyecto por parte del Ejecutivo municipal para conocer cuál es el paradigma de manejo de seguridad que pretende manejar el municipio.
Además de la falta de información y precisión de esta medida, nos quieren hacer creer que esta es la única solución, aquella que nos sacará del pozo de la inseguridad. Pero sabemos que no es así. Dos cuestiones son fundamentales para el debate: que la seguridad es un problema que abarca más que la represión del delito y que la misma empieza en la prevención del delito. Ése es el gran olvido de las dos gestiones del intendente Pulti.
En 6 años, no ha incorporado a su plan de gobierno medidas o acciones que eviten que más jóvenes sean víctimas del delito o cooptados por organizaciones del crimen. En 6 años, no se han ensayado programas de articulación entre el municipio y el patronato de liberados para disminuir las tasas de reincidencia en el delito, no se han presentado propuestas en la lucha contra las adicciones ni se han desarrollado tareas conjuntas con instituciones públicas o privadas dedicadas a la contención de los adictos. En 6 años, nada se ha hecho en contra de las zonas liberadas ni se han clausurado (salvo honrosas excepciones) negocios dedicados a la comercialización de bienes provenientes del delito. En 6 años, no se ha mejorado la iluminación de los barrios más alejados del centro -causalmente los más golpeados por la delincuencia- tampoco se ha mejorado la frecuencia del transporte público ni se han limpiado los terrenos baldíos, todos estos elementos claves para evitar la comisión de delitos.
No podemos adentrarnos al debate de un tema tan importante -y que ha costado tantas vidas de vecinos- tan livianamente como lo hace el Intendente, sin presentar una sola letra de su proyecto. No queremos repetir el uso meramente electoralista que hace el intendente de la consulta popular, una consulta convocada para decidir apoyar o no un proyecto que nadie conoce. Por otro lado es absolutamente irresponsable hablar de una posible sobretasa de seguridad cuando el servicio de seguridad es una función indelegable del estado provincial.
No pretendemos discutir mucho tiempo solo el necesario, debemos accionar, dar el debate y encarar la planificación necesaria para lograr nuestro fin que es el de una ciudad segura, estamos convencidos que no va a aparecer mágicamente después de un anuncio. Nos alegra que el Sr. Intendente se haya acordado del tema pero esperamos que lo haga con seriedad, convocando a todos los actores y brindando a la sociedad toda la información necesaria.
