En estos días el país fue conmovido por la trágica muerte de la niña Abril Bogado. El hecho ha desatado cantidad de comentarios y acciones; desde propuestas de enjuiciamiento a jueces, a varios proyectos para reformar leyes.
Nuestro sistema democrático -y mucho menos la seguridad- nunca podrá mejorar con reacciones irreflexivas ante coyunturas dolorosas. Ni los jueces pretenden promover delitos, ni el simple dictado de leyes los evitan. El juez no es otra cosa que un ciudadano de a pié, instruido en derecho y puesto en la responsabilidad de resolver conflictos que la sociedad le presenta. Sus familias viven, trabajan, estudian y caminan por los barrios donde la inseguridad también los afecta.
La ley no soluciona problemas; no es más que papel escrito si no cuenta con recursos humanos y materiales, suficientes e idóneos para su cumplimiento.
En la ardua tarea de juzgar casos dolorosos y complejos, muchas veces sin los medios necesarios, los jueces deciden encerrar a personas en cárceles cuya superpoblación y calamitosa situación sanitaria, presagia más deterioro que resocialización.
Con todo, el juez dicta condena porque así lo dispone la ley. Esa misma ley también prescribe formas de cumplimiento controladas fuera del perímetro carcelario. Cualquier pena en un momento se agota, y es misión del Estado insertar progresivamente al condenado en la sociedad.
De allí que, cumplidos un cierto tiempo y mantenida la buena conducta, la ley prescribe para el condenado un retorno vigilado a su familia y a la sociedad, como en todos los países occidentales.
¿Querrá nuestra comunidad que pese a cumplirse los requisitos legales, el juez realice interpretaciones que eviten la concesión de derechos preestablecidos por la ley y la Constitución?
¿Pretenden nuestros ciudadanos ser juzgados por jueces temerosos de ser perseguidos? ¿Estarán dispuestos los argentinos a exponer sus litigios a decisiones adoptadas al calor de disputas periodísticas, carentes de la información necesaria para dictar sentencia?
El ser humano siempre puede errar; equivocar el camino, y hasta ser arbitrario en sus decisiones. Es por esta razón que la República distribuye el Poder entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, imponiendo su control recíproco.
Las decisiones del juez, además, y a diferencia de los otros poderes, son explícitamente fundadas, en leyes que no propone ni dicta, y revisadas por numerosas instancias para mayor control.
Hasta aquí ofrece la democracia. Es un sistema humano, perfectible pero falible. No dota a los jueces de predicciones certeras sobre el futuro; ellos sólo aplican las leyes de acuerdo a su conocimiento del Derecho. Las personas en libertad, hacen cosas que ni la ley ni los jueces están capacitados para adivinar.
Pero esta realidad todos la conocemos. Es nuestra decisión dejarnos llevar por la irracionalidad y pedir lo que no existe; o encaminarnos a ser una “República en serio”.
Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires
Gustavo A. Herbel – Presidente
Adriana L. Nanni – Vicepresidente
Pedro Rodríguez – Secretario
Exusas sin srntido comun, no exist en los jueces commpromiso con el pueblo al q sirven