“Si esto no se soluciona en tres o cuatro meses renuncio”, dijo el doctor César Ventimiglia a poco de llegar a su cargo de director del Plan de Protección Ciudadana. Han pasado ocho meses y las cosas están mucho peor.
Se evaporó el expediente de la licitación de las cámaras de seguridad, prácticamente hay un asesinato por día o heridos en ocasión de asaltos en zonas residenciales y barrios periféricos. Se dieron de baja compra de patrulleros y la cesión de comodatos para la incorporación de patrulleros, se ha demorado de manera incomprensible, cuando se pide a gritos aumentar el parque automotor de la policía. Se pierden partidas asignadas y por inacción a consecuencia de los índices inflacionarios se reduce la cantidad de equipamiento porque el dinero no alcanza.
En un momento de alto voltaje político a dos meses de las elecciones, de apuro, a través de una gacetilla municipal, se intenta morigerar la grave situación, se anuncia la firma de un convenio para adquirir 18 motos con una inversión de $ 130.000.- ($ 7.500 cada una). Qué moto puede servir a ese precio, con la calidad de uso que deben tener, no son para pasear.
Muy turbia la adquisición de GPS para taxis, amenaza con convertirse en un escándalo mayor, que una vez más involucra a la Secretaría de Gobierno. La Prefectura ya no está en la ciudad y ha trascendido que Resaka, la intermediaria que facturaba sus gastos de viáticos, por el alojamiento en Chapadmalal, era una acreedora que no podía cobrar desde el último mes de octubre, precisamente cuando creció el espiral de la investigación judicial federal, por el destino de $ 13.800.000.- del Fondo de Protección Ciudadana.
Todo esto tiene un agravante, la municipalidad fue advertida reiteradamente, sobre la inconveniencia de pagar el servicio de la Prefectura, dado que finalmente iba a contribuir a vaciar a la ciudad de efectivos se seguridad, como finalmente ocurrió.
