Ayer, en medio de la polémica en torno de las cifras reales de indigencia y pobreza de la Argentina, el Observatorio Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) dio a conocer sus propios números. El Informe señala que a diciembre de 2013 la pobreza ascendió al 27,5% de la población (más de 11 millones de pobres), de los cuales el 5,5% del total (más de 2,2 millones de personas) serían indigentes.
Así, para el Observatorio de la UCA los niveles de pobreza son más de cinco veces superiores a los del INDEC y contrastan con lo que ayer dijo el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para quien “la reducción de la pobreza y la indigencia ha sido drástica” y “todos los indicadores han mejorado de modo sustancial”. Capitanich también se encargó de acusar a la oposición de pretender “desnaturalizar los efectos claros y contundentes de las políticas adoptadas” por el Gobierno nacional.
Con estos datos del Observatorio de la UCA, todas las mediciones alternativas se ubican muy por encima de las cifras oficiales ya que van del 27,5% para la UCA, al 30,9% para la CGT y al 36,5% para IPyPP, el Instituto que dirige Claudio Lozano (ver página 6), como consignó Clarín en la edición del domingo pasado.
Las diferencias tienen que ver con los valores que cada una de esas mediciones les asignan a las denominadas canastas básicas.
Por su parte, para la primera mitad de 2013, el INDEC había registrado una pobreza del 4,9% de la población, mientras, aduciendo fallas metodológicas y problemas de “empalme”, no dio a conocer las cifras de la segunda mitad del año pasado.
Ahora se estima que tras la devaluación y la mayor inflación, tanto el número de indigentes como de pobres serían mayores porque no hubo aumentos en las prestaciones sociales, como en el caso de la Asignación Universal por Hijo, y todavía muchas paritarias no renovaron los salarios acordados el año pasado.
Según Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, entre 2010 y 2013 hubo dos procesos socio-económicos relevantes en materia de indigencia y pobreza.
A pesar del contexto crecientemente inflacionario, las tasas de indigencia –tanto a nivel de hogares como de población– se redujeron en 2011, para estancarse entre 2012 y 2013. Mientras los porcentajes de pobreza tuvieron un primera importante reducción entre 2010 y 2011, para crecer tanto en 2012 como en 2013.
Este dispar comportamiento se debió, según Salvia, a que en los últimos años “se estancó la generación de empleos de calidad y el ritmo inflacionario creció a niveles más elevados, afectando sobre todo a los asalariados y no asalariados del sector informal, los cuales no pudieron aumentar su actividad laboral ni los ingresos reales por vía del mercado de trabajo”. Esto explicaría el incremento de la pobreza.
En tanto, como la mayor parte del presupuesto de los hogares de más bajos ingresos está conformado por la asistencia que brindan los programas sociales de transferencia de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo, o las jubilaciones y pensiones, “los efectos recesivos e inflacionarios de 2012-2013 habrían sido compensados por los aumentos gubernamentales otorgados en estas ayudas económicas. Esta situación, más un aumento del subempleo de subsistencia, explican que las tasas de indigencia hayan tendido a no aumentar”. Para Salvia, sin estas transferencias se estima que las tasas de indigencia serían al menos un 50% superiores, trepando al 8-9% de la población.
La conclusión de Salvia es que a pesar de la importancia del gasto social –ya que el 22% de los hogares son beneficiarios de algún programa social–, “la marginalidad económica parece continuar siendo un rasgo estructural de nuestro sistema social, lo cual se refleja tanto en la existencia de un núcleo duro que permanece por debajo de la línea de indigencia, como a través del incremento evidenciado en las tasas de hogares y de población en situación de pobreza”.
Clarín
