De los prácticamente generales y permanentes reclamos de los trabajadores policiales y penitenciarios argentinos, muchos de ellos a través de las distintas entidades que los agrupan, tanto pidiendo justas retribuciones salariales como con el agregado en la mayoría de los casos no solamente de mejores condiciones laborales sino también, aunque esto pudiera parecer increíble al común de los ciudadanos, la provisión de los elementos necesarios acordes para el cumplimiento de la misión que deben desempeñar en nombre del estado pertinente se han dado y se siguen dando en distintas jurisdicciones situaciones por demás lamentables que nuevamente ponen en el tapete un tema hasta ahora deliberadamente ignorado por los gobiernos pese a que más de un cuarto de siglo de vigencia del sistema democrático hace mucho que debería tenerse por superado.
El derecho constitucional de agremiación, fuera de discusión para cualquier otro trabajador del país, sigue estando lejos del alcance de los policías y penitenciarios, pese a que la propia Constitución Nacional que lo garantiza no pone ninguna limitación a su ejercicio, como tampoco la ley que lo reglamenta.
Hasta el cansancio las organizaciones de base de esta FASIPP, han venido repitiendo que mas allá de esa clara circunstancia legal no debería escapar a la inteligencia común que esta posibilidad de canalizar los constantes reclamos del sector además de constituir una metodología legítima y probada en otras áreas del trabajo evitaría, sin duda alguna, que se presentaran situaciones de protestas públicas, autoacuartelamientos, y otras más graves todavía que tan mala imagen institucional brindan a la ciudadanía quienes deben ser en esencia, garantía de orden y seguridad, pero que lamentablemente no tienen otro medio para hacer oír sus reclamos que recurrir a tan antipáticas medidas.
En estos momentos nuestros camaradas de la Policía de la Provincia de Tucumán enfrentan una de esas situaciones que ha derivado en estos últimos días incluso en una gravísima situación entre los propios compañeros, por un lado el grupo de efectivos que llevaba adelante la protesta y por el otro de efectivos de servicio, derivando en un verdadero enfrentamiento.
Trabajadores contra trabajadores, pobres contra pobres, los que reclaman por sus derechos al no contar con un canal de diálogo que les permita plantearlos, y los que deben reprimirlos, que tienen las mismas necesidades y los mismos reclamos pero que se ven atados a leyes arcaicas y dictatoriales que les impiden negarse a intervenir. Todos pierden, también la institución policial que desmerece su imagen frente a la sociedad a la que tiene que garantizarle seguridad.
Todos pierden, los policías de un lado y los del otro y más aún la ciudadanía, o por lo menos eso es lo que pareciera, ya que sectores políticos a los que de ninguna manera les interesa ni la seguridad pública, ni los derechos de los policías, ni nada que signifique el bien común, sino la captación de algún voto para la próxima contienda electoral o aunque mas no sea el perjuicio de su contrincante en esas lides, en vistas al logro de las apetencias que le demandan sus egoísmos personales explotarán como siempre esta lamentable situación.
A la vista está, no es difícil de advertir, desde AGREPO, la Asociación Gremial Policial de esa provincia, entidad de base de esta Federación por intermedio de su Secretario General ENRIQUE DIAZ, se ha ofrecido a las partes mediar en el conflicto para la búsqueda de un arreglo consensuado, sin embargo ni de una ni de otra se ha aceptado esta intervención.
No queda al respecto duda alguna: Hay a quienes les resulta conveniente la falta de diálogo y la posibilidad de mejorar la situación de los policías tucumanos, de una y otra parte, desde la oficial como de la oposición no existe la voluntad real de solución, y mejora, total los que se enfrentan en la calle, son solo policías, ciudadanos de segunda categoría para el gobierno nacional y provincial, pobres de la peor de la pobreza que pueda azotar a un ser humano, y que hoy día, avanzado el siglo XXI, aún sigue castigando a los trabajadores policiales y penitenciarios argentinos: LA NEGACION DE LOS ELEMENTALES DERECHOS CIUDADANOS.
Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios, 8 de mayo de 2011.
MIGUEL ANGEL REYNOSO
Secretario Adjunto a/c de la Secretaría General
