La oposición en la Legislatura bonaerense no aceptó aprobar ayer el proyecto de ley de adhesión al Consenso Fiscal firmado por Axel Kicillof con el gobierno nacional en diciembre pasado.
Si bien, el Frente de Todos buscó encauzar una negociación con la oposición para aprobar el texto, la negativa del bloque Juntos hizo naufragar esa iniciativa. Fuentes de la bancada opositora explicaron a LPO que de ningún modo accederían a aprobar ese texto sin que antes sea aprobado en el Congreso nacional.
El pasado 27 de diciembre la mayoría de los gobernadores firmaron junto Alberto Fernández el proyecto del Consenso Fiscal, en el que se comprometen a establecer criterios uniformes en relación al impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos de sellos, automotor e inmobiliario y consensuar medidas en materia de endeudamiento y responsabilidad fiscal.
“El Consenso Fiscal no sale”, decían desde temprano legisladores de la oposición. La decisión de Juntos obligó a un cuarto intermedio que retrasó la sesión algunas horas.
Es que el hecho de que el Consenso Fiscal no haya sido aprobado en el Congreso no es motivo para no tratarlo en las Legislaturas provinciales. Por caso, el 30 de diciembre, la Legislatura de Entre Ríos se convirtió en el primer distrito en aprobar la adhesión de esa provincia al acuerdo con la Rosada.
“Luego de escuchar tres horas de mentiras y delirios del Gobernador a principio de este mes, esperamos un cuerpo legislativo que debate problemas reales y presente soluciones útiles. El miedo en las calles, la falta de empleo, la pobreza, el reclamo por menos impuestos, y la nefasta gestión en seguridad deben estar en la lista de prioridades de esta Legislatura”, dijo el diputado de Juntos, Fernando Rovello.
Según el proyecto de ley, el Consenso “permitirá definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica”.
En la primera sesión ordinaria del año, Diputados aprobó la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria para las empresas recuperadas. Se trata de una iniciativa que incluye facilidades financieras y tarifarias, suspende ejecución de sentencias de desalojo y remate de bienes y los cortes de servicios. Fue un proyecto que llegó al recinto desde el Ejecutivo.
En tanto, quedaron sin tratar el proyecto que convierte al Instituto Tomás Perón en una sociedad del Estado. Se trata de una iniciativa del ministro de Producción, Augusto Costa, que busca impulsar la producción a gran escala de medicamentos.
Tampoco hubo acuerdo para bajar al recinto el proyecto de ley que modifica el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia y restituye el 82% móvil para sus beneficiarios. Se trata volver hacia atrás con parte de los cambios que se impulsaron durante la gestión de María Eugenia Vidal.
